Sánchez quiebra la confianza de la banca con un impuestazo sorpresa

La intención es imponer un impuesto a la banca -y a las energéticas- con carácter excepcional y temporal y que gravaría los «beneficios extraordinarios» que el Ejecutivo considera que estos sectores están percibiendo en el entorno actual. En el caso de la banca, La Moncloa justifica la necesidad de este tributo con que las entidades ya se están lucrando de la subida de los tipos de interés de referencia. La realidad, sin embargo, es contraria a lo que sostiene el Gobierno ya que el Banco Central Europeo (BCE) aún no ha tocado los tipos.

La sensación en las entidades es que Sánchez ha truncado la confianza mutua que se inició con los créditos ICO en marzo de 2020 al haber ocultado totalmente sus planes al gremio. Nadie en el sector, ni a nivel individual ni patronal, conocían el anuncio y la sorpresa al escucharlo fue mayúscula.

De hecho, el anuncio de Sánchez se produjo casi en paralelo a la presentación de un informe en el que se habían puesto de acuerdo el Gobierno y las patronales bancarias, sobre exclusión financiera. Eso era una muestra de la buena colaboración de estos años, con sus idas y venidas, pero en el sector hay cierta sensación de que La Moncloa les ha traicionado con esta medida.

La única reacción oficial del sector financiero provino de la CECA, la patronal de Caixabank, entre otros. «Conviene recordar que la subida de tipos supone una normalización de la política monetaria, tras una década ultraexpansiva, y que no podemos anticipar su impacto neto en los balances de las entidades. Es una medida que no contribuye a armonizar los regímenes fiscales dentro de la Unión Bancaria», señaló la organización.

La cautela pública se impone entre la banca a la espera de conocer algo más de detalle del plan del Gobierno. Por ejemplo, cuál va a ser el hecho imponible que se gravará; si se haría con una nueva figura tributaria creada 'ad hoc' contra la banca o se trataría de un recargo en Sociedades; qué entidades estarían sujetas... Por lo pronto, en el sector ya están haciendo sus cábalas sobre todo esto para tratar de anticiparse a lo que viene ya que el Ejecutivo les mantiene, de momento, en el apagón informativo.

Así las cosas, la banca espera que a la mayor brevedad posible el Ministerio de Asuntos Económicos, que es su interlocutor habitual, les convoque a una reunión para saber a qué atenerse y tener algo más de detalle. Esa falta de detalle es lo que causa por ahora que los bancos no se atrevan a hablar demasiado en público ya que sería hablar sin conocimiento de causa.

Asimismo, el Gobierno tendrá que acelerar en el último tramo del año. La intención es que se presente una proposición de ley de los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos para armar legislativamente esta medida. Pero este movimiento llegaría ya en septiembre, con lo que el tiempo apremia para sacarlo adelante porque la intención es que afecte tanto a 2022 como a 2023; el objetivo de recaudación es de 1.500 millones de euros anuales, 3.000 millones entre ambos ejercicios, lo que sumado a los 4.000 millones del impuesto a las eléctricas supondría en total 7.000 millones extra de recaudación prevista.

La respuesta no se ha hecho esperar en los mercados, con caídas en Bolsa para la banca de hasta el 9%. Porque fuentes empresariales destacan que esto provoca una pérdida de seguridad jurídica y un daño a la imagen de España para la inversión internacional, que ve cómo cada vez más el Gobierno de Sánchez pone más palos en las ruedas a cierta parte del tejido productivo.