Ribera intentó apropiarse de la nueva CNE por ley antes de irse a Bruselas

Además, el Ministerio de Hacienda denunció que faltaban controles externos porque el anteproyecto limitaba la Intervención General de la Administración del Estado sobre la gestión del nuevo organismo, y porque parecía darse carta blanca a la nueva entidad para aprobar, al margen del Estado, su relación de puestos de trabajo cada año.

A ello se añadió que, pese a pedirlo reiteradamente Economía, no se permitía participar a este Ministerio en la futura Comisión de Cooperación en la que participarán el regulador y el Gobierno para solucionar conflictos. Todo ello, sin que estuviera clara la necesidad de crear esta nueva autoridad, ni se detallaran suficientemente sus funciones. Fuentes ministeriales muy críticas con la gestión de Ribera concluyen así: «parecía que pretendía crearse un chiringuito».

La dependencia de la nueva autoridad del Gobierno pretendía establecerse en el artículo dedicado a su naturaleza y régimen jurídico, estableciendo la «adscripción de la CNE al Ministerio para la Transición Ecológica». Esta redacción hizo saltar las alarmas del Ministerio de Economía y su secretaría general técnica, Lucía Zabia Mata, avisó que no podía seguirse ese camino. «Se advierte que este tipo de entidades del sector público estatal, calificadas como autoridades administrativas independientes, no pueden quedar adscritas a ningún Departamento Ministerial», reza el aviso de Economía en un demoledor informe de 78 folios fechado el pasado 9 de julio.

Zabia marcó en negrita las palabras «no pueden quedar adscritas» para que no pudieran pasar desapercibidas, y añadió la justificación legal para que no pudiera haber debate. «La Ley 40/2015 de 1 de octubre no establece ningún régimen de adscripción y su parte expositiva determina que estas entidades tienen independencia funcional o una especial autonomía respecto de la Administración General del Estado)», explicaba, haciendo referencia a la Ley del sector público.

«Por tanto», concluía Zabia Mata, «este apartado debe suprimirse o en su caso especificar que esta vinculación al ministerio es a efectos puramente organizativos y presupuestarios».

Economía tenía el papel de coproponente de la ley y, pese a que su advertencia fue así de clara, Transición Ecológica hizo una segunda intentona. En la versión posterior del anteproyecto que envió al Consejo de Estado modificó la palabra «adscripción» por «vinculación» como proponía el ministerio de Carlos Cuerpo, pero sin establecer la coletilla de límites que añadía éste.

Esta modificación no pasó desapercibida para el órgano consultivo que preside Carmen Calvo y abroncó por ello al departamento de Ribera. «El resultado, al no acoger el segundo inciso propuesto, es a juicio del Consejo de Estado peor que la solución anterior, puesto que se habla de 'vinculación' en lugar de 'adscripción' sin determinar en qué consiste dicha vinculación», advirtió en un informe fechado el 23 de julio. «Por ello, debiera añadirse al artículo el inciso propuesto de que la vinculación lo es 'a efectos puramente organizativos y presupuestarios'», pidió respaldando a Economía.

Tras recibir este segundo aviso, Ribera desistió de su idea y la redacción del proyecto de ley aprobada por el Consejo de Ministros y actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados incluye el enunciado que reclamó Economía y respaldó el Consejo de Estado. «La CNE se vincula a efectos puramente organizativos y presupuestarios con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico», establece el articulado.

El intento de adscripción no fue la única cuestión sobre la que Economía llamó la atención a Ribera. Y es que Transición Ecológica fue muy opaca al dar redacción a las funciones que desarrollaría la nueva Comisión Nacional de Energía. «Se expresa que la CNE tiene atribuidas 'funciones de carácter externo' sin especificarse el tipo de actividades que ejerce, aspecto clave que define a las Autoridades Administrativas Independientes tal y como se recoge expresamente en el artículo 109 de la Ley 40/2015», volvió a enmendar el ministerio de Carlos Cuerpo, en el mismo sentido de asegurar la autonomía de la nueva institución.

«Debe constar expresamente que la CNE como Autoridad Administrativa Independiente que es, ejerce funciones de regulación y supervisión de carácter externo sobre sectores económicos o actividades determinadas, con autonomía orgánica y funcional», consideró necesario reclamar Economía.

El anteproyecto también adolecía de transparencia sobre cómo debían adoptarse las decisiones en la nueva Comisión de Cooperación entre el Gobierno y la CNE, prevista para alcanzar «una solución consensuada» cuando una propuesta normativa del regulador no se ajuste a las orientaciones de política energética del Ejecutivo. «Es esencial regular la forma de adopción de acuerdos de esta comisión, esto es, las reglas de mayoría aplicables», advirtió Economía en su informe.

Economía pidió reiteradamente formar parte de esta comisión por la implicación de la política energética en la política económica, pero Ribera no quería que participara y le vetó. Así esa petición fue incluida por el Departamento de Carlos Cuerpo en su primer informe y desechada lo que llevó a este ministerio a solicitar a Transición Ecológica que reconsiderara su postura y le permitiera estar presente en esa comisión «al menos como oyente» en los asuntos que tuvieran «implicaciones económicas amplias». «Resulta de especial interés poder participar en esa comisión», insistía el departamento de Carlos Cuerpo sin éxito, porque el proyecto de ley en tramitación establece que esa comisión es bilateral entre la CNE y Transición Ecológica, sin dar entrada ni como oyente a Economía. Y eso pese a que el Consejo de Estado apoyó esta petición.

La falta de controles en cuanto a la gestión de la nueva institución fue detectada y alertada por escrito por el Ministerio de Hacienda en un contundente informe fechado el 12 de julio. En este documento, firmado por el secretario general técnico Alberto Serrano Álvarez, la Vicepresidencia Primera del Gobierno advertía sobre la laxitud con la que Ribera planteó la supervisión de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). «Debería hacerse referencia expresa a que la CNE está sujeta al sistema de supervisión continua del Ministerio de Hacienda, que se ejercerá a través de la IGAE de acuerdo con lo establecido en el artículo 85 de la Ley del sector público», subrayó el Ministerio de María Jesús Montero, ya que Ribera solo pretendía establecer un control económico financiero para la nueva entidad atado a la Ley General Presupuestaria.

«El control ejercido por la Intervención General del Estado no solo se circunscribe al ámbito económico-financiero sino que además ejerce la supervisión continúa», siguió advirtiendo Hacienda. Para que esta supervisión y control quedaran claros, este Ministerio consideró necesario que se añadieran las siguientes frases. «El control financiero permanente se realizará por la Intervención Delegada de la CNE bajo la dependencia funcional de la Intervención General de la Administración del Estado, con rango de subdirector general. Asimismo, la CNE estará sometida al sistema de supervisión continúa de conformidad con lo previsto en la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público».

Ribera pareció pretender que la nueva institución tuviera plena libertad para decidir sus nóminas, y también tuvo que ser reprendida por Hacienda por ello, ya que el anteproyecto atribuía al presidente de la CNE la función de «presentar al consejo para su aprobación las propuestas de relaciones de puestos de trabajo» cada año. «Aunque la redacción no es clara, parece que se atribuye su aprobación al consejo del organismo», llamaba la atención Hacienda. «Se recuerda que la aprobación de relaciones de puestos de trabajo no puede ser competencia de la propia entidad sino que ha de seguirse en la materia el procedimiento ordinario. La autonomía funcional que se reconoce a la entidad no puede traducirse en su exención de los controles sobre los gastos de personal establecidos con carácter general», remachaba la Vicepresidencia primera del Gobierno, que también se vio obligada a denunciar que el anteproyecto no concretaba la previsión del impacto presupuestario que tendría la creación de la nueva autoridad reguladora, ni adjuntaba los estatutos y el plan de actuación.

A consecuencia de ello, no se contemplaban «aspectos tan esenciales como el análisis que justifique que las formas orgánicas elegidas resultan más eficientes frente a otras alternativas o los respectivos anteproyectos de presupuestos correspondientes al primer ejercicio. En consecuencia, debería acompañarse el anteproyecto de los documentos requeridos por la Ley», reclamaba Hacienda.

Y todo esto con el mar de fondo de que no acababa de verse justificada la creación en sí misma de la CNE como ente separado y desgajado de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) que asume actualmente esas funciones. Ribera se limitó a justificarlo con la afirmación hueca de que el actual marco jurídico de la CNMC es insuficiente para acometer las funciones de regulación y supervisión del sector eléctrico y gasista, pero sin concretar por qué.

El Ministerio de Hacienda fue muy crítico por ello y el Consejo de Estado apoyó esta postura. «Se contraviene el enfoque utilizado en 2013 para eliminar duplicidades y favorecer la austeridad y la eficiencia», advirtió la Vicepresidencia primera. «Debería justificarse adecuadamente y en detalle la necesidad de creación de una nueva entidad para realizar funciones que ya desarrolla actualmente otro ente del sector público institucional, y el carácter imprescindible que se argumenta para conseguir la especialización de las mismas funciones», apercibió.

El Consejo de Estado incidió reprochando la afirmación «abstracta» en que Ribera basaba la creación de la CNE. «Sería necesario un análisis más detallado, incluso con referencia a los estudios y evaluaciones que hayan podido hacerse, que concrete más allá de dicha declaración abstracta cuáles son tales insuficiencias», añadió el órgano consultivo.

Este fue el último anteproyecto elaborado por Teresa Ribera antes de partir a Bruselas como nueva vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria. Quizás por eso intentó llegar aún más lejos de lo que la ley le permitía.