El rentable y desconocido acicate sostenible de la certificación energética

La idea es consumir menos energía. Y cuando se consuma, hacerlo mejor. Por tanto, se trata de ser más eficientes energéticamente, y en consecuencia más competitivos. Es un objetivo en el que se trabaja desde hace más de una década. Fue en 2012 cuando la primera directiva de eficiencia energética creó un marco común para fomentar el ahorro de energía dentro de la Unión Europea entre 2014 y 2020. Entonces se fijó que España tenía que reducir su consumo de energía en 15.979 ktep durante todo ese periodo. Para conseguirlo, la directiva implicaba a grandes compañías del sector. Y señalaba a «los distribuidores de energía y/o las empresas minoristas de venta de energía» para alcanzar obligatoriamente el objetivo de ahorro indicado.

Así que se diseñó un mecanismo para lograrlo. En 2014 entró en vigor el Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética (SNOEE) por el que una serie de empresas energéticas están obligadas a contribuir en el ahorro energético del país. Cada año el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) publica una lista de las que tienen que hacerlo y establece lo que tienen que ahorrar y su importe correspondiente en euros, que pagan al denominado Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE). Estas empresas se conocen como «sujetos obligados» y son las comercializadoras de energía eléctrica y de gas natural y los operadores de productos petrolíferos y de gases licuados al por mayor. Este año son 455, según la subdirección general de Eficiencia Energética del Miteco. Entre ellas están: Repsol, Endesa, Cepsa, Naturgy, Iberdrola, BP, Galp, EDP, Disa...

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Belén Rodrigo

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Con ese fondo se ponen en marcha programas financieros y de asistencia técnica, de formación e investigación para aumentar la eficiencia energética en diferentes sectores (industria, transporte, edificación...). Con cargo al fondo, «y a través del Idae (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) se convocan subvenciones para incentivar actuaciones de ahorro de energía sobre todo en industria y edificios. El 30% de los objetivos de ahorro del país tenían que provenir de estas obligaciones y del fondo», recuerda Carlos Ballesteros, director general de ANESE, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos.

Pues bien, antes de llegar 2020, se fijaron nuevos retos para el siguiente periodo (2021-2030). A España le tocó reducir 36.809 ktep. Y el año pasado hubo otra revisión, de tal forma que ahora tenemos que economizar 53.593 ktep (o 623.286 GWh) de aquí a 2030, es decir un 44% más de lo previsto. Si tomamos como referencia lo que consumimos el año pasado (244.686 GWh), eso quiere decir que debemos ahorrar lo que gasta el país de energía durante dos años y seis meses. Este año nos corresponde 12.800 GW. El 34% de ese ahorro (unos 4.300 GWh) tiene que llegar a través del sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética, es decir a través de las empresas que están obligadas. «En 2022 pagaron al fondo 192 millones de euros. En 2023, 393. Este año van a tener que pagar casi 784. Y esto va creciendo porque el objetivo de ahorro energético se ha triplicado. Si las empresas no hacen actuaciones van a pagar 22.000 millones de euros», destaca Ballesteros.

Para alcanzar esas ambiciosas metas de ahorro, no son suficientes las herramientas que despliega el sistema actual ni las subvenciones a través del fondo. Así que el Gobierno ha seguido la estela francesa con los Certificados de Ahorro Energético (CAE), una herramienta que funciona en el país galo desde hace quince años, y también en Bélgica, Dinamarca, Italia y Reino Unido.

Un Certificado de Ahorro Energético acredita que se ha llevado a cabo una actuación que reduce el consumo de energía. Puede ser desde sustituir una caldera de gas por aerotermia para proporcionar calor, o un equipo de climatización obsoleto por otro más inteligente, a mejorar el aislamiento de un edificio, o cambiar la iluminación del parking de un supermercado por focos LED... La variedad de acciones es inmensa. Y las pueden acometer fábricas, empresas grandes, pymes, administraciones, comunidades de vecinos, de agricultores, regantes...

Cada kWh ahorrado genera un CAE. Y esto es lo que se puede vender. «Lo que dejas de consumir al cambiar de tecnología, es decir ese ahorro que se consigue se puede transformar en un documento electrónico (el CAE) que tiene un valor en el mercado», explica Antonio López, gerente de A3E (la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética).

Los CAE interesan mucho a las empresas obligadas a contribuir al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, porque estas corporaciones pueden realizar aportaciones económicas directamente al fondo (como antes) y ahora también (voluntariamente) a través de los CAE que compren a empresas y particulares que ahorren con las actuaciones de eficiencia energética que acometan. Este año pueden realizar hasta el 65% de la contribución que les corresponda con CAE.

Entre el ahorrador, quien lleva a cabo la actuación de eficiencia energética, y el comprador, la empresa obligada, está la figura del «sujeto delgado», es decir empresas (como consultoras, ingenierías, o de servicios energéticos) que actuan como intermediarios y han sido autorizadas por el Miteco. «El sujeto delegado actúa como notario del ahorro. Es el responsable de certificar los ahorros que se producen en una actuación, en un cambio de equipo o de tecnología. Buscamos a las empresas que han realizado una actuación de eficiencia energética, lo que ahora tiene un valor. Les compramos ese activo que luego transmitimos a las empresas obligadas que no tienen capacidad para ir al mercado a buscar proyectos de ahorradores pequeños», afirma Javier Avendaño, socio fundador y director comercial de Delcae, una de las 30 empresas delegadas autorizadas por Transición Ecológica, que ha sido fundada recientemente por ex directivos de Acciona y por el ex CEO de Unión Fenosa, Honorato López Isla.

«El sujeto delegado -añade Antonio López- compra los ahorros de muchos clientes y los transforma en CAE, que vende a las empresas obligadas. Así promueve las inversiones en eficiencia energética, que ahora tienen una rentabilidad extra, además de lo que supone el ahorro de energía en sí».

El proceso es el siguiente, según cuenta Avendaño: una empresa delegada entra en contacto con el ahorrador que ha realizado la actuación de eficiencia energética. Firman un convenio privado donde se indica la contraprestación económica que se va a percibir por ese ahorro. Después la empresa delegada abre un expediente donde reúne documentación (por ejemplo, la factura de compra del nuevo equipo o tecnología) e indica los ahorros que se han conseguido.

Hay un catálogo oficial con unas 50 actuaciones estandarizadas y en breve saldrán más. Por ejemplo, sustituir el refrigerante de una instalación frigorífica, mejorar el aislamiento de tuberías, cambiar iluminación por bombillas LED, o una caldera de combustión por una bomba de calor... Cada una de estas actuaciones tiene su ficha y su fórmula para calcular el ahorro. Las que quedan fuera de ese catálogo, se consideran actuaciones singulares que llevan otro proceso. «Cualquier medida de ahorro energético, aunque no esté recogida en este catálogo, es susceptible de generar CAE: cambio de neumáticos en flotas de vehículos, recuperación de calor en invernaderos, renovación de equipos de bombeo en comunidades de regantes, sustituir gas natural o gasoil por bomba de calor eléctrica que consume menos...», enumera Alejandro Huerta, responsable del departamento de gestión energética de Konery, una consultora que también es sujeto delegado.

Una vez completo el expediente, una empresa verificadora (autorizada por la Entidad Nacional de Acreditación, ENAC) comprueba que toda la documentación está correcta. «A partir de ahí podemos solicitar el Certificado de Ahorro Energético a la comunidad autónoma que suele tardar un mes. Y una vez que lo tenemos, liquidamos con el ahorrador el precio que fijamos en el convenio», detalla Avendaño.

El Miteco da un valor de referencia para el precio de los CAE. Ese precio tiene que estar por debajo de lo que deben pagar las empresas obligadas al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Lo que hace el Miteco es establecer esa equivalencia financiera. Este año es 182 euros/MWh. Y a partir de ahí se negocia con el ahorrador. «Habrá proyectos que pueden llegar a amortizar el 50% de la inversión que se ha realizado en la actuación de eficiencia energética», cree Ballesteros.

Uno de los sectores que puede salir más beneficiado por este nuevo sistema es la industria. «Está invirtiendo continuamente en eficiencia energética. Y esas actuaciones no recibían hasta ahora incentivo económico porque es tedioso solicitar una subvención o son actuaciones menores que no existe una subvención para ellas. Ahora pueden recibir los CAE y se puede reducir el tiempo de amortización de los equipos. Si además se paga menos en la factura energética, la unidad de producción sale más barata, consiguiendo más competitividad», dice Avendaño.

Así ha echado a rodar el rentable negocio de la certificación energética que contribuirá a un futuro sostenible.