El Parlamento argentino aprueba la expropiación de YPF

La aprobación de la iniciativa gubernamental dio paso a una auténtica fiesta entre el oficialismo en el recinto del Congreso, abarrotado con invitados de organizaciones afines, mientras en las puertas del Parlamento cientos de militantes celebraron la decisión con cánticos peronistas y fuegos artificiales. La ley expropia el 51% de las acciones de Repsol en YPF, las acciones del grupo español en YPF Gas y declara de interés público nacional y como "objetivo prioritario" el logro del auto-abastecimiento de hidrocarburos.

La votación pone fin al proceso iniciado el 16 de abril, cuando la presidenta Cristina Fernández ordenó la intervención de YPF y anunció el envío del proyecto de ley de expropiación al Congreso para su transformación en ley. En poco más de dos semanas, el Gobierno logró acelerar la tramitación en el Senado, donde la pasada semana obtuvo una holgada victoria que confirmó que la propuesta sería ratificada en la Cámara Baja.

Para asegurarse el clima de triunfalismo, el gubernamental Frente para la Victoria abarrotó el recinto y congregó a cientos de personas en los alrededores con pancartas con las siglas de YPF, banderas argentinas e imágenes de Cristina Fernández y su esposo, el fallecido expresidente Néstor Kirchner, para seguir el final de la sesión a través de pantallas gigantes. En el interior, miembros de organizaciones de derechos humanos, como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, piqueteros, sindicatos y agrupaciones oficialistas, como La Cámpora, que aglutina a las juventudes kirchneristas, arroparon a los legisladores oficialistas, que sembraron sus escaños con banderitas con las siglas de YPF y portaron distintivos con el antiguo logo de la petrolera.

Mientras la sesión transcurría en el Congreso, la presidenta aprovechaba un acto en la provincia de Buenos Aires para apuntar que Argentina se enfrenta a "un gran desafío" y "tiene que estar alineada a los intereses del país". "Me hubiera gustado que quienes tendrían que haber cumplido con el país lo hubieran hecho", agregó en alusión a Repsol.

Pese al abrumador respaldo a la propuesta gubernamental, el debate parlamentario ha permitido a la oposición advertir a Fernández que no tiene un cheque en blanco para el manejo de la principal empresa del país. "A partir de hoy, en la Argentina, el petróleo deja de ser un commodity para Repsol y pasa a ser un insumo básico para el desarrollo económico del país", afirmó el portavoz del gubernamental Frente para el Victoria, Agustín Rossi. "Todas las empresas petroleras que funcionen en Argentina, YPF y el resto, tendrán que cumplir con el objetivo de interés publico", agregó, en medio de cánticos y aplausos de los militantes oficialistas que abarrotaron el Congreso.

Ricardo Gil Lavedra, de la Unión Cívica Radical, aclaró que "la gravedad de la situación exige que optemos por la coincidencia para tener una petrolera de mayoría estatal (...) pero no convalidamos la ilegalidad, la negligencia ni la corrupción".

El diputado de la conservadora Propuesta Republicana (PRO) Jorge Triaca justificó su rechazo por considerar que "se ha asaltado una caja, se ha tomado el control para hacerse con los fondos que tenía Repsol". Mientras el izquierdista Fernando Pino Solanas, que sufrió un atentado por oponerse a la privatización de la petrolera en los años 90, advertía de que se presenta para Argentina una gran oportunidad: "Hagámoslo bien, coloquemos a los mejores hombres al frente".

Solanas ha sido uno de los legisladores más críticos con el ministro de Planificación, Julio De Vido, que encabeza la intervención gubernamental en la petrolera. De Vido y el viceministro de Economía, Axel Kicillof, a quien fuentes del sector petrolero atribuyen la autoría del proyecto de expropiación de YPF, fueron denunciados hoy en la Oficina Anticorrupción por diputados opositores que entienden que sus cargos son incompatibles con sus nuevas actividades en la empresa.

Desde su fundación, en 1922, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) ha sido estratégica para Argentina. En 1999, bajo el gobierno de Carlos Ménem (1989-1999), fue privatizada y vendida a Repsol que, en 2007, dio entrada con un paquete minoritario al grupo argentino Petersen, de la familia Eskenazi, afín al entonces presidente Kirchner.

En el momento de su intervención, estaba participada por Repsol (57,43%), Petersen (25,46), el Estado argentino (0,02) y el restante 17,09% cotizaba en Buenos Aires y Nueva York. Ahora, el 51% de las acciones expropiadas a Repsol se repartirán entre el Estado (51%), y las provincias petroleras, que asumirán el 49%.