Crisis de Repsol

Bruselas advierte de que la expropiación tendrá consecuencias

Una misión de la CE desplazada a Buenos Aires el jueves y el viernes abordará la crisis

EUROPA PRESS

16/04/2012
Actualizado a las 20:20h.

La Comisión Europea ha expresado este lunes su "apoyo" a España y su "preocupación" por la decisión de Argentina de nacionalizar la petrolera YPF, filial de la española Repsol, porque genera inseguridad jurídica para las inversiones. "Nuestra posición no ha cambiado. Es de apoyo a ... España. Además, en general, las expropiaciones forzosas nos plantean preocupación a nivel europeo porque queremos un clima de seguridad jurídica y esto es lo contrario", ha dicho el portavoz de Comercio, John Clancy.

Una misión de la UE desplazada a Buenos Aires el próximo jueves y viernes avisará a las autoridades argentinas de que la nacionalización de YPF envía una "señal muy negativa" a los inversores internacionales y "podría dañar gravemente el clima para los negocios en Argentina". La misión está encabezada por el responsable para América Latina del Servicio de Acción Exterior de la UE, Christian Leffler. Este viaja a Buenos Aires para copresidir una reunión del comité de cooperación entre la UE y Argentina, un foro creado en el Acuerdo Económico de 1990 y en el que se discuten las relaciones bilaterales.

El encuentro estaba convocado antes de que estallara la crisis por los planes del Gobierno argentino de nacionalizar YPF pero este asunto "se abordará indudablemente como una de las cuestiones bilaterales concretas" entre la UE y Argentina, según ha explicado el portavoz. "Subrayaremos la necesidad de lograr soluciones de mutuo acuerdo que no dañen el clima de negocios y las relaciones entre la UE y Argentina", ha afirmado Clancy. "Una expropiación forzosa por parte del Gobierno daría una señal muy negativa a los inversores nacionales y extranjeros y podría dañar gravemente el clima de negocios en Argentina", ha resaltado el portavoz.

Sin instrumentos jurídicos para responder

En todo caso, el Ejecutivo comunitario sostiene que es España la que debe responder en primer lugar a Argentina, ya que "la UE carece actualmente de instrumentos jurídicos para invocar frente a Argentina". Al caso YPF se aplica, según Bruselas, el tratado bilateral de protección de inversiones que España tiene con Argentina. "Legalmente es un problema bilateral y no existe ningún papel para la UE con base jurídica en relación con Argentina o algún tipo de mecanismo de arbitraje internacional", aseguran fuentes comunitarias.

El acuerdo comercial y de cooperación económica entre la UE y Argentina de 1990 "no da a la UE ninguna posibilidad de emprender acciones contra Argentina en materias comerciales o relacionadas con la inversión". Finalmente, Bruselas destaca que la Organización Mundial del Comercio no cubre cuestiones relacionadas con la protección de inversiones y que Argentina no ha asumido ningún compromiso ante la OMC en esta materia, por lo que la UE tampoco puede reaccionar en este organismo internacional.