Las pymes estallan contra el «intervencionismo» de Yolanda Díaz

En este punto y tras las demandas que las organizaciones representadas en Cepyme para que la empresa eleve la voz en un contexto de avalancha normativa que está generando incrementos de costes para las compañías a la hora de deglutir la frecuente normativa en el ámbito laboral, la organización que dirige Gerardo Cuerva aprovechará su Asamblea General que tiene lugar en el día de hoy para realizar la lectura pública del 'Manifiesto de la pyme española por la libertad de empresa' por parte de pequeños empresarios de toda España.

«Ante la aprobación continuada de medidas intervencionistas en contra de la empresa española, Cepyme, en representación de toda la pequeña y mediana empresa, realiza este Manifiesto, aprobado por los órganos ejecutivos de la Confederación, para pedir que cese la injerencia gubernamental en la empresa», avanza la organización.

Así, son las propias organizaciones integradas y pequeñas empresas integradas en la patronal las que han pedido a sus representantes que eleven la voz con este texto para tratar de parar los pies al Ministerio de Trabajo, decido a abordar una serie de cuestiones de materia laboral en la presente legislatura, cuente o no con el consenso de CEOE y Cepyme.

Entre los puntos que la patronal de la pequeña y mediana empresa viene denunciando a raíz de la producción legislativa del Gobierno en materia laboral están los salarios, donde el incremento del SMI en un 54% desde 2018 supone la intervención en la práctica de la negociación salarial.

A lo que suma la casi una treintena de cambios normativos que la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ha propiciado tras la aprobación de la reforma laboral de 2021, contraviniendo en ocasiones el acuerdo como denuncian con la inclusión por decreto y sin debate de la prevalencia del convenio provincial y autonómico sobre el sectorial. Aunque parecen elementos menores, en este universo de medidas laborales el Gobierno ha introducido numerosos preceptos que las empresas deben cumplir y a los que se deben adaptar, con el consecuente aumento de costes que reducen el margen de la actividad de los negocios y ejercen casi la misma presión sobre la viabilidad de los mismos que la propia marcha de la economía.

Cabe recordar en este punto que las pequeñas y medianas empresas serían las más perjudicadas de la reducción de jornada a 37,5 horas, que tendrá un coste anual para los empleadores de 1.000 euros por trabajador. Según el servicio de estudios de la organización empresarial este coste salarial encubierto por la reducción de horas ascendería a 12.000 millones de euros anuales, y el coste económico global teniendo en cuenta la pérdida de valor añadido que se produciría supondría un coste laboral de unos 42.000 millones de euros, equivalente a unos 2,8 puntos porcentuales del PIB.

Sobre este punto, recuerdan los pequeños empresarios que la pyme tiene un papel de cohesión territorial en España, al configurarse como un servicio de proximidad que evita, entre otras dinámicas, el apuntalamiento de la despoblación de las zonas rurales. «Quien promueve la medida no ha analizado el impacto económico. Si lo hubieran hecho habrían advertido este problema», explican fuentes de Cepyme sobre la gota que ha colmado el vaso de la reducción de jornada laboral que prevé legislar el Gobierno a partir del 1 de enero de 2025, implantando para entonces las 37,5 horas semanales.

«Tenemos la obligación de dar una respuesta ante la injerencia del Gobierno en la empresa», señalan las fuentes de la patronal consultadas por ABC apuntando que pese a las dificultades para lograr éxitos en las negociaciones con Gobierno y sindicatos, se pretende al menos dejar constancia del rechazo al «tutela gubernamental».

Sin ir más lejos, ya en la reacción que la patronal dirigida por Gerardo Cuerva emitió tras conocerse las cifras de paro y afiliación correspondientes al mes de junio, Cepyme denuncia el desgaste que sufren las pymes por los altos costes laborales, burocráticos y por la incertidumbre normativa. «La posible llegada de medidas que alteren el horario laboral pactado supondría una nueva subida de los costes salariales, aparte de reducir un 2,8% el número de horas trabajadas, de prosperar la reducción de jornada unilateral a 37,5 horas semanales. Ello, unido al creciente absentismo y a los costes de reemplazo de personal, engrosaría las cargas laborales de la empresa minando el empleo, justo cuando muestra síntomas de ralentización», advierte la nota publicada este martes.