La pyme avisa a Yolanda Díaz: el rodillo en las negociaciones ataca la productividad empresarial

La idea deslizada por un amplio número de expertos y representantes empresariales presentes en la reciente jornada sobre productividad en la pequeña y mediana empresa celebrada por Cepyme es el impacto negativo que tiene la imposición de medidas de ámbito laboral por parte del Gobierno en la mesa de negociación con patronal y sindicatos cuando se están tratando materias de ámbito laboral.

Desde la patronal advierten de que la postura que ha adoptado el Ministerio de Trabajo capitaneado por la vicepresidenta Yolanda Díaz en las últimas negociaciones limita la posibilidad de alcanzar consenso amplios en las distintas materias que después deben ser implantadas en muchas ocasiones vía negociación de patronal y sindicatos en los convenios colectivos después de ser legisladas y publicadas en el BOE. Ya que para muchas de estas normas se establece un marco de actuación y se deja a los implicados en las más de 4.000 mesas de negociación colectiva la implantación final en los centros de trabajo, previo acuerdo entre representantes de empresarios y trabajadores en estos foros bipartitos.

Algunos ejemplos sobre esta circunstancia que ha barnizado sobre todo las negociaciones en la mesa de diálogo en la presente legislatura son, sin ir más lejos, la imposición por decreto de la prevalencia de los convenios autonómicos y provinciales sobre los sectoriales, o la aprobación sin acuerdo de la reforma del nivel asistencial del desempleo. Para entender la dimensión del impacto de la normativa sobre el funcionamiento y productividad empresarial, desde la aprobación de la reforma laboral el Ministerio de Trabajo ha dado luz verde a casi una treintena de medidas que han tenido -y aún se están incorporando- que deglutir las empresas para adaptarse a la legislación.

Y ahora se podría reproducir una situación similar en la negociación de la reducción de jornada que se está dilucidando. Aquí, el Gobierno ha dado un ultimátum de siete días para que CEOE y Cepyme eleven una propuesta empresarial para la reducción de 40 a 37,5 horas el tiempo máximo de trabajo semanal o legislará la reforma sólo con los sindicatos. La patronal acusa a Trabajo de «imponer» la reducción de la jornada laboral y ha afirmado que muchos miembros del Gobierno de España están «lejos» de entender la palabra productividad, ya que el desarrollo de ciertas medidas están siendo «devoradoras» de la misma.

«La productividad se ve amenazada por no estar en la agenda política», asegura Cuerva defendiendo el diálogo social como «antídoto» a posiciones «cortoplacistas y populistas», que «nada tienen que ver» con la mejora de la productividad. «Creo en el diálogo social sincero, honesto, en el que trabajan las más de 4.000 mesas de negociación colectiva del país, que son los verdaderos expertos», apunta recalcando que en España la productividad de las pymes lleva cinco meses de caídas y se sitúa, en la actualidad, un 2% por debajo de 2015, un 9,7% menor que en 2011 y un 15% más baja que en 2010.

«El Gobierno de España deberá tomar la decisión de que se hace. Pero usurpar del diálogo y las más de 4.000 mesas de diálogo el tema de la jornada es una temeridad», zanja Cuerva asegurando que la postura en esta mesa de reducción de jornada «es un teatro» y que la pyme española no está en capacidad de poder reducir la jornada de forma generalizada. Fuentes de la patronal consultadas por ABC advierten de que el mayor peligro, no solo en términos de complejidad para reorganizar la mano de obra sino para la propia viabilidad de cientos de miles de negocios, está en las empresas de menos de diez trabajadoras. «Las empresas grandes apenas notarán el impacto de la reducción de jornada», apuntan desde las organizaciones empresariales.

Cabe recordar que Cepyme ha cifrado en 40.000 millones de euros el coste de reducir la jornada laboral a 37,5 horas, entre costes directos e indirectos, y en poco menos de 9 millones los asalariados los que se verían afectados por esta medida que el Gobierno quiere impulsar. «El Impuesto de Sociedades anualmente recaba unos 35.000 millones. Entonces, esto significaría duplicar el Impuesto de Sociedades de un año para el otro», ha apuntado el responsable de Estudios de Cepyme, Diego Barceló.

En esta línea, Raymond Torres, director de coyuntura económica de Funcas, explica que en la experiencia internacional de reducción de jornada, si no se produce por convenio y es legislada de forma directa por los poderes públicos supondría un incremento automático de los costes laborales al mantenerse los salarios intactos. Plan similar al que está poniendo sobre la mesa el Gobierno, pero que no entra a valorar el servicio de estudios por encontrarse aún en una fase de posibles oscilaciones sobre las propuestas.

En este contexto, una regulación 'a las bravas' del límite máximo de tiempo de trabajo además, haría que en algunos sectores se pueden producir dificultades para contratar personal que sustituya a las personas que van a trabajar menos horas. «Generará problemas para encontrar trabajadores que añadir para compensar el recorte de horas», señalan desde la Fundación de las Cajas de Ahorros. Aquí, señalaba Torres que en la experiencia portuguesa aquellas empresas en las que la reducción de jornada se redujo de forma negociada entre representantes de la empresa y los trabajadores se observaron ganancias de productividad.

«En términos de empleo, la reducción de jornada legislada no destruye ni crea empleo, en los países observados», añade el experto sobre el impacto en las contrataciones. Pero sí que advierte de que el principal problema de captación de mano de obra para cubrir las horas de menos se daría especialmente entre las empresas más pequeñas. Desde la patronal añaden al respecto que estas compañías de menos de diez trabajadores sí que sufriría en su margen financiero al verse en muchos sectores de imposibilidad de ganancia de producción la necesidad de abordar nuevas contrataciones, con el coste económico que ello conlleva.

«El diálogo social es una palanca de productividad. Y el consenso es una palanca para avanzar», señala el presidente del CES, Antón Costas, sobre esta cuestión poniendo en valor el diálogo social y asegurando que la evolución positiva de la economía española ha sido resultado del mismo, ya que ha generado seguridad tanto en los actores económicos como en la sociedad.

No obstante, advierte de que España está acumulando un capital importante que no se está viendo reflejado en la productividad, que sigue siendo baja en el país. Al respecto, Costas aboga por la formación dual como «palanca» para que las empresas incrementen su productividad, especialmente, las pymes.