Las pymes advierten de que el encarecimiento del despido complicará la creación de empleo ante la desaceleración económica

Aunque en este viaje parece que el Gobierno y los sindicatos CC.OO. y UGT irán de la mano, desde la empresa ya miran con preocupación cómo se está comenzando a labrar el terreno para andar el camino del encarecimiento del despido. Tal y como ha publicado este medio, la hoja de ruta del Gobierno si revalida la actual coalición es clara: se aguardará a la decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales sobre las denuncias de los dos principales sindicatos alegando que la normativa española no cumple el planteamiento de la Carta Social Europea -los sindicatos esperan un resultado a finales de 2023, pero fuentes judiciales apuntan a que se podría extender hasta finales del próximo año-; y con ese dictamen -no vinculante- que se prevé desfavorable para la regulación de nuestro país el Gobierno iniciará los trámites para virar a un modelo de lo que se ha denominado como despido reparativo, en el que no sólo se saldará la resolución del contrato con el pago del equivalente a 33 días por año trabajado sino que se atenderá a las circunstancias individuales del afectado -situación familiar, edad, expectativa de reinserción en el mercado-.

Desde la patronal, el mensaje es claro: la medida restaría flexibilidad a las empresas, y en un contexto en el que se prevé un menor dinamismo laboral causado por la desaceleración económica, este marco restrictivo podría ser contraproducente para el objetivo del mantenimiento de puestos de trabajo. Ya que bajo un paraguas de mayores costes para la empresa a la hora de prescindir de parte de la plantilla por un empeoramiento de la situación financiera de las compañías, podría implicar un peor comportamiento del flujo de contrataciones.

«El coste del despido en España es el tercero mas caro de la OCDE. Confundir políticas sociales con económicas es un error», señala sobre esta eventual medida el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva. «El estado deber ayudar con política social, pero ligar el concepto a todos los términos es una intervención de los sistemas económicos. No ayuda a la libre competencia, y al aumento de competitividad», señalaba este lunes el líder de la patronal de la pequeña y mediana empresa durante la presentación del indicador sobre la situación de la pyme española.

En este punto, el el director de Economía y Políticas Sectoriales de la Cepyme, Francisco Vidal, aseguró que «privar a la empresa de flexibilidad es un error», y subraya que hacerlo en momentos de dificultad económica puede provocar una pérdida de empleo mayor a la que se produciría con el marco actual. «Hay que tener cuidado con el efecto boomerang por no dotar de un marco flexible», señalaba el experto.

Con todo, parece que el plan está trazado, más aún vistas las reivindicaciones que los sindicatos han puesto sobre la mesa de cara la creación de un nuevo Gobierno. «Sabemos que este va a ser un debate complejo y no pacífico en ningún espacio», señalaba también en la mañana de este lunes el secretario general de CC.OO., Unai Sordo, durante la presentación de un estudio sobre negociación colectiva elaborado por la Fundación Primero de Mayo, confirmando que la medida se encuentra dentro de la hoja de ruta de las negociaciones con el Gobierno.

«Las fórmulas pueden ser complementarias», señalaba Sordo explicando que aún no se dan las condiciones de aventurar «hasta qué punto están maduras las conversaciones que puedan estar teniendo los partidos políticos, sobre todo sin saber si habrá un candidato designado en la ronda de consultas». No en vano, el líder sindical aseguró que «es el momento de introducir este debate» porque las medidas tomadas hasta ahora han demostrado que es posible mejorar los comportamientos de las empresas.

«No sé qué va a pasar si hay una crisis económica ordinaria dentro de un tiempo, pero se ha demostrado que se podían hacer las cosas de otra manera. Estamos en el paso siguiente, que es hacer que el despido pase de ser la primera medida a que se planteé otra medida», aseguran desde CC.OO.

No vano, está por ver la profundidad de la operación que pretenda llevar a cabo el Gobierno de turno, si bien parece ineludible algún tipo de actuación, que precipitaría el fallo desfavorable del Comité Europeo. En es punto, las fuentes empresariales consultadas por ABC dan poco margen a la negociación, y estiman que será el Gobierno de forma cuasi unilateral el que legisle sobre la materia una vez venga la sentencia europea. De hecho, niegan ninguna comunicación sobre este extremo por parte del Gobierno en estos últimos meses en los que la cuestión ha saltado a la palestra.

Por último, desde Cepyme, el presidente Cuerva volvió a hacer referencia a la necesidad de llevar a cabo subidas salariales con «moderación», sobre la intención del presidente Pedro Sánchez de llevar al Estatuto de los Trabajadores la vinculación 'automática' del incremento del salario mínimo interprofesional al 60% del sueldo medio que rija en cada momento. «Jugar con las políticas salariales no es bueno. No debe obedecer a la promesas electorales, debe obedecer al cálculo de costes», advierte el líder empresarial.