Díaz se abre a eliminar el tope de la indemnización por despido improcedente para que no salga barato

Cabe recordar que este punto salió de la mesa de diálogo en la que se trataba la reforma laboral con patronal y sindicatos al ser una línea roja de la CEOE que no se encareciese el despido improcedente. Ahora, Díaz anuncia una segunda vuelta tuerca sobre el punto de las indemnizaciones por causa de despido injustificado.

La vicepresidenta Díaz señala que España es de los pocos países con las indemnizaciones topadas y recuerda que los sindicatos más representativos del país han interpuesto ya reclamaciones colectivas para «adverar» si España cumple con el artículo 24 de la Carta Social Europa o si no lo hace. Aunque la ministra de Trabajo asegura que existen diferentes sentencias en la justicia española que demuestran que el país no cumple con este artículo.

«Pronto será turno de España», anunció la vicepresidenta en la respuesta a la interpelación de ERC garantizando que el Ejecutivo «va a cumplir con lo que resuelve el Comité de Derechos Sociales y Económicos» en lo relativo al artículo 24 de la Carta Social Europea.

A grandes rasgos, el Gobierno plantea importar a España el concepto del despido restaurativo. Es decir, partiendo de que las indemnizaciones no estarían topadas, en caso de un cese injustificado, estas se calcularían en función de la situación personal de cada trabajador. Por ejemplo, apuntaba Díaz durante el debate parlamentario, no es lo mismo prescindir de un empleado joven con toda la vida laboral por delante que de un trabajador de 52 años, cuyas expectativas de reinserción se reducen al extremo.

«Es necesario tocar todos los palos para que el precio del despido sin causa no baje. El despido en nuestro país no es caro, es demasiado barato. Es tan barato que sale a cuenta despedir utilizando la indemnización por despido improcedente», sentencia la vicepresidenta llegando a señalar que en la actualidad hay empresas a las que, aunque puedan recurrir al despido objetivo e indemnizar con 20 días por año trabajado, «les sale a cuenta despedir» usando una indemnización de 33 días por año trabajado.

«Debemos combatir los despidos injustificados como lo hacen los países que creen en el estado de derecho y en la soberanía de la ley. Los despidos injustificados son una ilegalidad muy grave», apuntaba Díaz.

Asegura en ese sentido que estos despidos produce daños irreparables tanto a las personas trabajadoras que son víctimas de despidos sin causa y que sufren la precariedad como para todas las personas trabajadoras «porque el miedo a perder el empleo si el coste es bajo para la empresa provocará que los derechos no se reclamen». Pero también asegura que causa daños a las empresas que cumplen con la legalidad por la competencia desleal y a la propia economía española.

«Llevamos tiempo hablando del despido improcedente. Tenemos que seguir tratándolo y encararlo de frente y encauzarlo hacia la dirección correcta. Sin trampas. No debemos consentir argumentos falaces ni debates interesados sobre el precio del despido porque es de futuro y de ley. El derecho a no ser despedido sin causa está en la Constitución, en el artículo 35», aseguraba Díaz apuntalando sus intenciones legislativas.

«No es admisible un mercado de trabajo basado en despidos a precio de saldo. El despido barato no fomenta la contratación sino que fomenta relaciones laborales tóxicas. Lo que hace es favorecer la rotación y la precariedad. No podemos permitir que las indemnizaciones por despido improcedente se incluyan en la planificación empresarial junto al listado de inversiones del año siguiente», concluía Díaz.