La postura del PP, que iba a esperar hasta el último momento para decidir su voto, tenía en vilo al PSOE

La reforma de la ley del Suelo propulsada desde el ala mayoritaria del Gobierno se iba a debatir hoy en el Congreso con la oposición en firme de sus socios de Sumar y de otras formaciones que son apoyos habituales del Ejecutivo como ERC, Junts y Podemos. Todos ellos habían adelantado que votarán hoy a favor de enmendar la totalidad de la reforma, poniendo en un duro aprieto a los socialistas, que ya han visto esta misma semana como el Congreso ha tumbado su propuesta de ley contra el proxenetismo.

El PP tenía ante sí la posibilidad de poner contra las cuerdas al Gobierno de Pedro Sánchez por segunda vez en pocos días. La formación que preside Alberto Núñez-Feijóo aseguraba estar hasta hace poco tiempo dispuesta a negociar con el PSOE su apoyo a la reforma de ley, que contaba con el respaldo del sector inmobiliario y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), pero también eran conscientes que se encontraban ante una ocasión para desgastar al Ejecutivo.

Anoche, fuentes del Partido Popular aseguraban a este periódico que todavía no había una decisión en firme y que estaban a la espera de ver cómo se daba el debate y a la decisión del resto de partidos.

El Gobierno defendía a capa y espada que esta modificación es crucial para que salgan adelante los planes generales de ordenación urbana de los ayuntamientos, que son los que permiten distinguir los distintos tipos de suelo existentes en un municipio, muchos de ellos desactualizados por los obstáculos que sufren para sacarlos adelante con la regulación actual.

El proyecto de ley buscaba otorgar seguridad jurídica a los planeamientos locales impidiendo que si los recursos parciales presentados contra ellos prosperan, pudieran caer en su totalidad y tuvieran que volver a la casilla de salida. «Hemos tratado de establecer la distinción entre lo que es sustancial y lo que no. Si hay un defecto formal el plan general no caerá, solo lo hará si hay una deficiencia estructural. Se trata de diferenciar nulidad por motivos sustanciales de nulidad en determinados aspectos que pueden ser subsanables», explican fuentes del Ministerio de Vivienda. Bajo ese paraguas, las apelaciones podrán ser presentadas por cualquier persona física o jurídica, detallan.

Es una tesis que defendieron las promotoras tras la aprobación del proyecto de ley en Consejo de Ministros. Según los cálculos de la patronal APCE, en la actualidad hay cerca de un centenar de municipios afectados por sentencias judiciales que han declarado la nulidad de los planteamientos urbanísticos, localidades que concentran una población de casi cuatro millones de habitantes. El aval también llegó desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), por dar respuesta a una «petición unánime» de la organización en busca de que los proyectos no caigan en saco roto por «meras formalidades».

Desde Vivienda, achacan parte de esos recursos a despachos que se han especializado en la materia para «extorsionar» a los entes locales. «Identifican debilidades de los planes y piden en ocasiones una contraprestación económica para quitar esos recursos», detallan. Las mismas fuentes lamentan que debido a este y los motivos anteriormente mencionados, no solo se han paralizado los proyectos urbanísticos de decenas de municipios, sino que también ha provocado que numerosos ayuntamientos no apuesten por desarrollar un nuevo planeamiento.

Ayer, el ala socialista del Gobierno ya empezaba a encajar el golpe y decía estar abierto al diálogo con todos los grupos políticos para «mejorar» el texto dentro de los plazos establecidos. Desde el departamento de Isabel Rodríguez se encomendaban al manifiesto que doce comunidades autónomas firmaron en 2022 para exigir seguridad jurídica en la tramitación de los planeamientos con los mismos términos formulados por el Gobierno, una proclama que fue impulsada por la Xunta de Galicia, comunidad entonces y ahora gobernada por el PP. Esa propuesta también fue avalada por otros Ejecutivos populares como la Comunidad de Madrid y la Junta de Andalucía.

Muy contrario se ha mostraba Sumar, su socio de coalición en el Gobierno. La formación de Yolanda Díaz, advería que la ley hace lo contrario de lo que se necesita, «que los constructores se salten a la torera los controles, además de dificultar a los vecinos denunciar». Iba a ser la primera vez que la formación rechace en el Congreso la tramitación de un proyecto de ley del Gobierno de coalición.

La modificación de la ley del Suelo se encaminaba así a un final incierto, tras casi dos años deambulando por el Congreso de los Diputados. Fue en los últimos compases de 2022 cuando entró por primera vez la Cámara Baja, pero la convocatoria de elecciones generales del 23 de julio devolvió la norma a la casilla de salida. A finales de marzo, el proyecto de ley, con idéntico contenido, fue aprobado en Consejo de Ministros, a pesar de que el Gobierno ya era sabedor de que no contaba con los apoyos necesarios para sacarla adelante.