Los 184.000 pisos de Sánchez: atrapados en el papeleo y sin interés para las comunidades

«Para converger a los niveles del parque público de alquiler del promedio de la UE sería necesario incorporar 1,5 millones de nuevas viviendas al alquiler social en España. Para llegar a dicho objetivo en 10 años, a través de vivienda nueva, sería necesario incrementar en más de un 150% la producción anual media de viviendas en España de los últimos años», señalaba el supervisor en su informe anual.

Por lo pronto, el reloj sigue parado en las 47.209 viviendas que el entonces Ministerio de Transportes (ahora la batuta la lleva el renacido Ministerio de Vivienda) decía tener movilizadas o en desarrollo a finales de julio de 2023. Pero ninguna de ellas es tangible. De un tiempo a esta parte los avances han sido mínimos y tan siquiera se ha desplegado un solo euro de los 4.000 millones de fondos europeos del Plan de Recuperación prometidos a los promotores para financiar con condiciones ventajosas los proyectos de alquiler asequible. El departamento de Isabel Rodríguez aseguraba hace algunas semanas que se estaba trabajando con el ICO -gestor de la línea-en el convenio que regula esta fuente de financiación. En total, de Vivienda depende la ejecución de 123.000 de las casas.

Gran parte del éxito también dependerá de Sepes, la entidad de suelo del Estado que gestionará la construcción de 35.000 viviendas del plan. Pero por el momento, sigue centrado en firmar protocolos y convenios con las administraciones locales involucradas en el desarrollo de las actuaciones. 20.000 de estas viviendas corresponden a las dos fases de la Operación Campamento.

La única pata palpable del plan -además de las 11.000 casas del Fondo Social de Viviendas en alquiler que Sánchez sumó a pesar de que ya existían- corresponde a la Sareb, de la que dependen 50.000 de los pisos baratos. De ellos, 14.000 ya estaban habitadas cuando el presidente Sánchez realizó el anuncio -aunque solo unas 6.200 están regularizadas con contratos de alquiler- y 21.000 supuestamente para entrar a habitar. Estas últimas están disponibles para comunidades autónomas y ayuntamientos, pero no han tenido mucho éxito. De hecho, el conocido como 'banco malo' reconoce en su informe de actividad de 2023, que tan solo fueron 350 las casas compradas por regiones y consistorios durante el año pasado.

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Faltarían otras 15.000 casas que deben construirse en suelos de la entidad dependiente del FROB, pero tampoco hay nada puesto en marcha. Son viviendas que forman parte del conocido como proyecto Viena, cuya primera fase de licitación de suelos va con un retraso aproximado de medio año. Aunque su publicación en el portal de contratación del Estado podría ser inminente, como aseguró el presidente de la entidad, Javier Torres, la semana pasada durante la presentación de resultados.

El Gobierno pretende solventar parte del problema con la reforma de la ley de suelo que volvió al Congreso hace pocas semanas tras su aprobación en Consejo de Ministros. Con ella, pretende dotar a la planificación urbanística de «estabilidad y seguridad jurídica» para así «evitar la paralización de los planes urbanísticos cuando los errores son subsanables». Pero por el momento, salvo el PSOE, ninguno de los grupos parlamentarios ha asegurado su voto favorable a la norma, y apunta a pasar por un proceso farragoso de enmiendas durante su tramitación. Por lo que su aprobación podría dilatarse hasta final de año.

Como última muestra de interés, el Ministerio de Vivienda también se ha acercado recientemente al sector inmobiliario y la banca con más promesas, como la de modificar la normativa para poder introducir la licencia básica de construcción, que permite iniciar los trabajos a la espera de obtener la licencia de obra y las modificaciones que permitan financiar nuevas técnicas constructivas como la industrializada, con el fin de agilizar los ritmos de construcción.

Pero harán falta más incentivos. El Banco de España propone una receta adicional para atraer al sector privado al plan y sumar más viviendas destinadas al alquiler asequible a corto plazo. En el mismo informe anual habla de actualizar los precios de los módulos del alquiler, para permitir absorber parte del incremento de los costes de construcción y de financiación.