Casi 3.000 millones para familias y empresas, una 'Airef energética' e impuestos más simplificados

El objetivo de los populares es que los ciudadanos y las empresas lo noten en sus facturas. Lo realmente tangible es el bolsillo y es ahí donde quieren poner el foco, frente al incremento de recaudación que el Gobierno «tiene en caja» derivado de la inflación que sufre el país.

La medida estrella planteada por la formación de Alberto Núñez Feijóo pasa por fomentar una reducción del consumo energético de consumidores y empresas con descuentos y bonificaciones en la factura energética. En suma, que si se reduce el consumo, se podrá disfrutar de descuentos en el recibo. Se trata de una fórmula para incentivar el ahorro y que escapa de las casi imposiciones que plantea el Gobierno de Pedro Sánchez. Como señala el documento de propuestas, esta medida generaría, tomando un ahorro de consumo de entre el 7 y el 15%, 2.900 millones de euros de menor coste para familias y tejido productivo.

Yendo al detalle, esta última propuesta contempla descuentos de entre el 5% y el 40% en la factura a quienes reduzcan su consumo energético de luz y gas. Sería del 5% en el recibo de la luz y del 10% en el del gas si la reducción de consumo es de entre el 3 y el 7%; descuento del 10 y el 20% en luz y gas respectivamente si la minoración de consumo es del 7 al 15%; y descuento del 20 y 40% respectivamente si se baja el consumo por encima del 15% en ambos casos.

Asimismo, en materia impositiva, el Partido Popular plantea simplificar los impuestos del ramo. «Proponemos sustituir los ocho impuestos que gravan la producción de electricidad por uno solo», afirma el documento. El objetivo es que sea más sencillo actuar sobre los impuestos eléctricos para que, si se detecta que el Estado está recibiendo una sobrerrecaudación, se pueda bajar un único impuesto y no ocho. También se plantea una rebaja de impuestos a los combustibles, con especial foco en la agricultura y el transporte; que las reducciones al 5% del IVA de la luz y el gas se alarguen y, por otra parte, que se retire la proposición de ley de un nuevo impuesto a las energéticas, cuyo objetivo entienden que solo es hacer caja.

Asimismo, en el campo impositivo europeo, los populares apuestan por una reducción de los derechos de emisión de CO2, o en un caso más extremo, una suspensión temporal de los mismos. Estos derechos se configuran como un pago que hay que afrontar para poder emitir CO2 en el Viejo Continente y que actualmente suponen para España 3.000 millones en ingresos. Y también relacionado con postulados europeos, «un tope de precio a las renovables, nucleares y parte de la hidráulica que reduzca el precio final del consumidor» y alargar la vida útil de las centrales nucleares más allá de 2027 como han hecho otros países.

En este sentido, el PP aboga por diseñar nuevas fórmulas de fijación de precios, ajenas a la llamada ‘excepción ibérica’. En suma, buscar «una posición común» con Europa para un nuevo sistema de fijación de precios que tenga efecto sobre los españoles en lo que pagan en el recibo.

«Apostamos por el impulso de la energía renovable y planteamos agilizar los trámites de todas las Administraciones para su instalación, reforzar la cooperación entre CC.AA. y desarrollar nuevos modelos de autoconsumo». Este es otro de los planteamientos del PP, dada la burocracia y lentitud que hay para la implantación por ejemplo de placas fotovoltaicas.

Y entre las propuestas más exóticas está el alumbrar una ‘Airef energética’, al estilo de lo que ya hace en otros campos públicos la Autoridad Fiscal de Cristina Herror. «Creación de una ‘Airef energética’ que evalúe de forma objetiva el conjunto de medidas y propuestas, y saque la energía del debate político, aportando un informe de viabilidad económica a cada proyecto», reza el documento.

Por último, los populares se muestran a favor también, igual que el Gobierno de Sánchez, de acabar la construcción del MidCat, el gasoducto que nos uniría con Francia. Pero no a cualquier precio, sino que se requeriría de un análisis sobre la idoneidad de su puesta en marcha, ya que el PP considera que puede ser una infraestructura útil también para el mercado del hidrógeno verde.