Díaz descarta su límite a la cesta de la compra y solo presionará para que las empresas oferten alimentos más baratos

Tal y como reconoció la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras su reunión con las principales asociaciones de consumidores y de distribuidoras, el tope al precio de estos productos básicos no se ha puesto encima de la mesa y de lo que se trata es de buscar un «acuerdo» entre empresas y usuarios para hacer más accesible un grupo de productos seleccionados.

Sin embargo, tal y como ha podido saber ABC por fuentes de la negociación la posición del Gobierno ha retrocedido sensiblemente desde el planteamiento inicial, que pasaba por ese tope a los alimentos. De hecho, fuentes de la negociación aseguran que tanto Díaz como el ministro de Consumo, Alberto Garzón, veían cierto recorrido legal al tope de precios siempre y cuando se abordara desde un prisma de excepcionalidad y en un marco temporal concreto.

Estas fuentes aseguran que el plan del Gobierno es que este paraguas de excepcionalidad sobre el que se podrían fomentar estás ofertas comerciales iría hasta el 31 de diciembre. Y también confirman que, efectivamente, el plan se queda ahí: animar a las empresas para que elaboren paquetes de ofertas de alimentos.

Ya avisaba este mismo lunes el presidente de la CEOE, Antonio Garmendi, en una entrevista con ABC que el planteamiento de la ministra Díaz rozaba el «racionamiento soviético» y recordaba que de hacerse un operación similar en el sexto privado de acuerdo de precios sería una ilegalidad y que Competencia les pondría «una multa millonaria».

De hecho, tal y como público en exclusiva este medio, la CNMC cuestiona la legalidad de la medida. Recuerdan que la ley española y europea prohíben explícitamente estos acuerdos de precios por suponer la conformación de un cártel. Y aseguran que vigilaran la propuesta y velarán por la libre competencia llegando a sancionar las prácticas ilegales.

Así, fuentes de la negociación aseguran que las grandes distribuidoras -Asociación de Supermercados Distribuidores (Anged), la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES) y de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas)- han rechazado ante la ministra Díaz y el ministro Garzón la fijación de precios.

Aunque confirman estas mismas fuentes que el Ejecutivo se sentó a la mesa consciente de la posibilidad de caer en un problema de competencia y no hubo una postura férrea para presionar en el sentido de la fijación de precios. A la reunión también asistieron representantes del Consejo de Consumidores y Usuarios y de las organizaciones que lo integran.

En síntesis, el plan se desinfla. Quedará en una campaña de presión mediática para presionar a las grandes distribuidoras a elaborar paquetes de ofertas de alimentos. Cada una hará un oferta acorde a sus posibilidades. Tal y como ya ha hecho Carrefour con su propuesta de 30 productos por 30 euros.

Quedan pendientes las tres partes, Gobierno, distribuidoras y consumidores, a una nueva reunión que se celebrará a la vuelta de la reunión del G20. Hasta entonces la consigna es que las empresas elaboren cestas en oferta y que lo hagan bajo unos parámetros de calidad de los alimentos. El Gobierno pide que contengan alimentos frescos y no procesados, y que se haga una oferta similar para celíacos.

Sobre las pequeñas distribuidoras, el Gobierno asegura que el plan «no es contra ellas» y Díaz pide que se proteja y se siga consumiendo en las pequeñas superficies.

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Sin embargo, el sector de la distribución duda del impacto sobre el pequeño comercio. Fuentes consultadas por ABC explican que es el punto que más discrepancia suscita en la negociación. Ya que las grandes empresas piensan que las más pequeñas no podrán afrontar ofertas similares y que podría ahuyentar a los clientes de estos comercios en busca de las cestas en oferta.