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Las cuentas del gran capitán Florentino y el informe pericial de Galán

Los fondos de inversión temen que el caso ACS provoque una gran reforma contable en la Bolsa española

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«Situación económica negativa». He ahí la clave de la reforma laboral. Sólo falta que alguien determine el significado preciso de tan genérica definición. Quizá sea necesario aguardar al trámite parlamentario del proyecto de ley que Zapatero ha enviado a Las Cortes. A lo mejor hay que esperar a que los juzgados mercantiles especifiquen con ratios empresariales las condiciones que garantizan el despido objetivo de 20 días en España. A lo peor es urgente crear jurisprudencia con casos concretos y llegados a este punto cabría preguntarse si una situación económica negativa es la que Iberdrola denuncia que se esconde detrás de la contabilidad presentada por Florentino Pérez a la junta general de ACS.

Los fondos de inversión que todavía confían en la recuperación de España están a la que salta y se han disparado al Ministerio de Economía para que Elena Salgado, José Manuel Campa o alguno de sus asesores les aclare si el cariz del duelo entre el constructor y la eléctrica puede provocar otra reforma de calado en los procedimientos contables de las sociedades cotizadas en Bolsa. Al otro lado del terreno de juego, los bufetes de abogados se frotan las manos ante la marimorena que se está montando en el mundo corporativo. Cada cual cuenta la feria como le va en ella pero, de momento, el juzgado mercantil número 1 de Madrid ha elevado a juicio lo que parecía una simple maniobra de Ignacio Galán para demostrar al gran capitán de ACS que también en el mundo de los negocios la mejor defensa suele ser un buen ataque.

La tormenta perfecta de la crisis arrecia con chuzos de punta en forma de conflictos empresariales surgidos en la era de la opulencia pero que ahora, en plena época de vacas flacas, son preludio de graves e imprevistas catástrofes. Algo de esto pudo ocurrir si Luis del Rivero hubiera vendido su 20% de Repsol a los rusos de Lukoil. De igual manera es mejor no pensar en el tinglado que se está liando con el fútbol televisado. Jaume Roures y Juan Luis Cebrián han enfrentado sus egos en una nueva declaración de guerra pero esta vez el primer hachazo ha sido la suspensión de pagos de Mediapro que puede suponer un callejón sin salida para Prisa y para muchos de los clubes que viven de las rentas y las deudas contraídas por la venta anticipada de sus derechos de retransmisión.

En la España del pan escaso y el circo abundante nadie debería jugar con las cosas de comer y por eso es muy peligrosa la reacción que los inversores internacionales puedan adoptar ante el desenlace del partido del siglo que enfrenta hace tiempo a Ignacio Galán y Florentino Pérez. La demanda de juicio ordinario ha supuesto un disparo a la línea de flotación de ACS que también ha impugnado la junta de Iberdrola en Bilbao, pero el equipo que dirige Julián Martínez Simancas al servicio de la primera eléctrica española cuenta con más cartuchos en la recámara.

El fuego cruzado se extiende ahora a los consejeros y accionistas del grupo que el presidente del Real Madrid controla junto a los March y los Albertos porque además de denunciar los procedimientos contables, Iberdrola ha lanzado una segunda andanada con un informe pericial firmado por el economista censor jurado de cuentas Jaime Cabanellas y el catedrático de Economía Financiera y Contabilidad, Ramón Adell. Ambos expertos revelan enormes lagunas en el gobierno corporativo de ACS, señalando que la compañía omite aspectos fundamentales de la ley de Sociedades Anónimas, como son la falta de información concreta sobre la participación de algunos de sus administradores en sociedades competidoras. Los peritos ponen igualmente el dedo en la llaga de las transacciones realizadas por la constructora con accionistas significativos. Según el informe de Iberdrola, ACS reconoce operaciones de financiación a socios por valor de 54 millones de euros, además de la aportación de garantías por importe de 67 millones. A estas partidas hay que sumar durante el pasado ejercicio 98 millones más del ala bajo el socorrido epígrafe de «otros».

La sombra de tantas dudas empezará a ser esclarecida el próximo 12 de julio en los tribunales. Lo que empezó como un toma y daca entre dos señeras empresas ha ido retorciéndose en el alambique de una confrontación insalvable hasta provocar un pleito que se veía venir, pero que ha cuajado justo ahora ante la mirada incrédula de unos mercados de capitales que necesitan muy pocos argumentos para terminar de rematar la confianza en España. La verdad es que no hacía falta llegar tan lejos para invocar una «situación económica negativa» que, sirva o no para propiciar despidos a 20 días, puede también provocar serios daños colaterales en todo el Ibex 35. Era lo que nos faltaba y esta vez ni siquiera es válida la maldición de pleitos tengas y los ganes. Aquí pierden todos.