La OCDE insta al Gobierno a retrasar la edad de jubilación y recortar las prestaciones para corregir el déficit de las pensiones

Los analistas de la OCDE advierten de que la reforma de las pensiones alumbrada por el Gobierno, con su flamante revalorización de las prestaciones en función del IPC, va a provocar un «incremento considerable» del gasto en pensiones que se va a prolongar además en el tiempo durante al menos los próximos 20 años. El organismo entiende que el gasto en pensiones no empezará a suavizarse hasta el año 2040.

Como la norma aprobada por el Gobierno establece un mecanismo en función del cual si el gasto en pensiones se desvía, como parece previsible a la luz de la totalidad de informes de proyección que se han realizado sobre el particular, se tendrán que adoptar medidas para compensar ese aumento del gasto o incrementar los recursos del sistema. La OCDE ha aprovechado su informe de este año para reiterar su ya conocida postura de que sería preferible «vincular la edad de jubilación a la esperanza de vida», es decir, elevar la edad legal de jubilación, «o reducir la tasa de sustitución de las pensiones».

La OCDE advierte de que el envejecimiento de la población va a desencadenar una demanda creciente y muy relevante de recursos presupuestarios en los próximos años principalmente en materia de salud y de pensiones y que los gobiernos tienen la obligación de generar colchones fiscales para dar respuesta a esa demanda creciente.

En otras palabras, hay que conseguir más recursos, con subidas de impuestos y también con recortes de gasto. Lo que no comparte la OCDE es la vía que ha elegido el gobierno de coalición para conseguir esos ingresos. Mientras en España el Ejecutivo ha decidido subir los impuestos a las empresas, elevar la imposición sobre el capital, gravar más el patrimonio y elevar las cotizaciones sociales, el organismo entiende que donde España tiene margen para obtener esos nuevos ingresos es en otro lado, en el IVA, donde España tiene el tipo efectivo más bajo de la UE; la fiscalidad verde y los impuestos especiales sobre el alcohol y el tabaco.

La OCDE recalca que haciendo esto el Gobierno tendría incluso margen para reducir la imposición sobre el trabajo y sobre las rentas de capital, que tienen mayor impacto sobre el tejido productivo. El acuerdo entre PSOE y Sumar conocido este martes incide en subir los impuestos a las empresas y a las grandes rentas, y en gravar más el capital.

El informe sobre España de la OCDE desconfía de la senda de ajuste fiscal planteada por el Gobierno. Descree de que el país sea capaz de reducir su déficit fiscal por debajo del 3% del PIB al cierre de 2024, y cree que el déficit acabará en el 3,5%, lo que haría entrar a España en el nuevo marco fiscal europeo como un incumplidor; y que el nivel de deuda pública, la nueva referencia para medir la prudencia fiscal de los países, no solo no continuará bajando en 2024 sino que empezará a subir desde el 109,4% en que prevé que se cerrará este año hasta el 110% del PIB.

El organismo también ha recortado a la baja en cuatro décimas su previsión de crecimiento para 2024, desde el 1,9% que previó en junio al 1,5%. La tasa de paro se situaría según sus previsiones en el 11,9% al cierre de este año y en el 11,5% al cierre del siguiente, muy por encima de la media europea.