Nadia Calviño, una tecnócrata reconvertida en política que dirigirá el brazo inversor de Bruselas

Siempre ha justificado que su candidatura era la única capaz de lograr los apoyos, incluso en el enfrentamiento directo con la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager. «La elección del presidente del Banco Europeo de Inversiones requiere de unas mayorías supercualificadas de representación de los distintos Estados miembros. Dado el calibre del resto de los competidores, el presidente Sánchez y yo vimos claramente en nuestros contactos informales tras las elecciones que solamente una candidatura con mi nombre tenía las máximas opciones para prosperar», dijo Calviño en agosto.

Con su elección, la hasta ahora vicepresidenta primera del Gobierno se convierte en la primera española que alcanza el máximo puesto en el BEI, con sede en Luxemburgo.

Con este nombramiento, la eurofuncionaria Calviño, con un reconocido perfil tecnócrata y con gran peso en Bruselas, dejará atrás estos cinco años en los que ha sido uno de los pesos pesados del Gobierno, adquiriendo un cariz político relevante. En este tiempo, la crisis del coronavirus, la inflación y las medidas de respuesta por parte del Ejecutivo han copado gran parte de sus tareas.

De hecho, es probable que su etapa en algunos organismos clave de la economía comunitaria haya terminado de dar relumbre a la candidatura de Calviño, más que los exiguos éxitos cosechados en la política nacional, donde además ha sido unos de los perfiles más expuestos por su gobernanza de la política económica y objeto de varios enfrentamientos con el ala entonces morada del Gobierno de coalición.

Entre los más sonados, están los desencuentros con la actual vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, a cuenta de la profundidad y los desembolsos destinados a algunas de las medidas propuestas desde el Ministerio de Trabajo, como los choques acontecidos a cierre de 2022 por el nivel de subida del salario mínimo, o el último hace escasos días por la mejora del subsidio por desempleo. Habiéndose impuesto con cierta frecuencia en estos casos donde la fricción interna ha saltado a la palestra la ahora líder Sumar.

Además de las batallas que han perfilado a Calviño como la guardiana del tarro de las esencias del rigor presupuestario dentro de un Ejecutivo con facilidad para abrir el grifo del gasto público, el Ministerio de Economía ha sido exiguo en su producción normativa. En el haber quedan la Ley de Creación y Crecimiento Empresas (Crea y Crece) dirigida a facilitar la creación de empresas, reducir obstáculos regulatorios, luchar contra la morosidad e impulsar su crecimiento y expansión; la reforma de la Ley Concursal con la transposición de la directiva europea de reestructuración e insolvencia, e introduce otras reformas en el ámbito concursal para disponer de instrumentos ágiles y eficaces que mejoren los procedimientos de insolvencia y faciliten el mantenimiento de empresas viables.

También el programa del 'Kit Digital' ha concedido cerca de 300.000 ayudas hasta octubre, lo que supone que alrededor de 1.350 millones de euros procedentes de los fondos NextGenerationEU han llegado a pymes y autónomos españoles con el objetivo de impulsar soluciones básicas de digitalización.

Sin embargo, estas rúbricas positivas relativas a los fondos europeos no se pueden extender con carácter general. La información de ejecución presupuestaria al cierre del mes de octubre publicada por la Intervención General del Ministerio de Hacienda revela que hay nada menos que 340 programas de gasto cuyos recursos aún no se han asignado de los algo más de 750 incluidos en el proyecto presupuestario. En conjunto, el volumen de recursos estancados en esos programas suma más de 12.000 millones de euros, sobre los casi 36.000 incluidos en las cuentas para este año.

El pero queda en el inconcluso proceso de aprobación parlamentaria de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. Aunque el Gobierno incluyó la medida en un real decreto de noviembre de 2022, hace justo un año, la medida se articuló como proyecto de ley parlamentaria y fue una de las normas que cayó en el saco roto tras la convocatoria de las elecciones generales del pasado 23J.

Nadia Calviño, nacida en La Coruña el 3 de octubre de 1963, es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales (1991) por la Universidad Complutense de Madrid y licenciada en Derecho (2001) por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, desde 1994 Calviño es funcionaria de la Administración del Estado como miembro del cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado.

Antes de desembarcar en el Ministerio de Economía, en junio de 2018, Calviño ocupó varios puestos en la Comisión Europea, donde ha sido directora general de Presupuestos (mayo 2014 - junio 2018), directora general adjunta de Servicios Financieros (noviembre 2010 – abril 2014) y directora general adjunta en la Dirección General de Competencia (septiembre 2006 - octubre 2010).