Montero garantiza que Cataluña no tendrá una financiación a la carta tras la presión del resto de las comunidades autónomas

El asunto ya se había perfilado en los días previos como el gran tema de la reunión del Consejo de Política Fiscal, por mucho que no apareciera en el orden del día y por mucho que la consejera de Hacienda de la Generalitat, Natalia Mas, anunciara su ausencia de la reunión, con el argumento de que Cataluña negociara su financiación de forma bilateral con el Gobierno Central.

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Las intervenciones de los consejeros de Hacienda hicieron que una reunión aparentemente de trámite se fuera por encima de las cuatro horas de duración y que la comparecencia de la ministra se produjera cerca de las cuatro y media cuando estaba prevista inicialmente para las dos y media.

Una referencia literal a un pasaje del acuerdo entre PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez, en concreto al que dice que «el PSOE apostará por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Cataluña, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación», desencadenó este lunes un posicionamiento inusualmente firme de la ministra de Hacienda. Dijo María Jesús Montero, y pidió que constara en el acta de la reunión que este lunes celebró el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que el Gobierno no está negociando de manera bilateral la reforma del modelo de financiación autonómica con la Generalitat de Cataluña y que aunque pueda haber contactos cara a cara no se negociará un modelo específico para Cataluña.

El compromiso de la ministra de Hacienda alivió a los consejeros de Hacienda (la mayoría consejeras) que acudieron a la primera convocatoria del foro que los reúne con el Gobierno Central en año y medio, entre los que no estaba la consejera catalana, Natalia Mas, que por la mañana volvió a reiterar su argumentación de que lo que tenga que negociar Cataluña sobre la financiación autonómica lo negociará en una mesa bilateral con el Gobierno, si bien sí envió a dos altos funcionarios de la Consejería para estar en la reunión, en la que eso sí no votaron.

Pero no consiguió atemperar el clima de una reunión, que ya nacía torcida por la demora del Gobierno en reunirse con los responsables de Hacienda de las comunidades autónomas (año y medio sin llamarles), por la nueva configuración del Consejo, en el que ha aflorado el fenomenal poder autonómico del PP; y por el tono de los acuerdos de investidura, que han garantizado al menos sobre el papel a Cataluña una papel preponderante sobre el resto de comunidades autónomas de régimen común a la hora de modelar sus prioridades: foros de negociación bilaterales, como se recogen en los acuerdos con Junts y ERC, o compromiso de condonación de 15.000 millones de euros de su deuda, del que todavía no disfrutan, al menos con esa concreción, el resto de comunidades autónomas.

Los responsables de Hacienda de los gobiernos autonómicos del PP ya se encargaron de dejar bien claro antes incluso de acceder a la reunión de que «cuando se habla del dinero de todos, tenemos que hablar todos y llegar a un acuerdo de todos», en palabras de la consejera extremeña Elena Manzano. Pero es que incluso el consejero de Hacienda manchego rechazó la posibilidad de un «modelo singular» para Cataluña, usando las palabras que figuran en el acuerdo de investidura entre PSOE y Junts, y se felicitó a la salida de que ese no fuera el plan.

La reunión sirvió para dejar claro que al menos de momento el Gobierno no va a negociar un sistema de financiación propio para Cataluña con la Generalitat, pero no resolvió las inquietudes respecto a las intenciones del Gobierno respecto a una eventual futura reforma del sistema de financiación autonómica.

Es más, algunos consejeros salieron entre molestos y preocupados por el relato que la ministra de Hacienda mantuvo dentro de la reunión y que luego reiteró en la rueda de prensa posterior. Sostuvo ayer Montero que el modelo de financiación autonómica se regula mediante una ley orgánica y que, por tanto, son los grupos políticos representados en el Congreso de los Diputados los que deben decidir sobre su futura reforma. En este sentido, Montero subrayó ayer que el Gobierno de España considera la financiación autonómica como una herramienta imprescindible para continuar avanzando y deslizó que esto no será posible si por parte del Ejecutivo acaba considerándose que el PP está utilizando la cuestión como arma arrojadiza o campo de confrontación.

Esto lo dijo en público y también dentro de la reunión, cuando se le recordó por parte de la consejera valenciana de Hacienda, Ruth Merino, entre otros, que la norma debería ser objeto de negociación y acuerdo no en la arena parlamentaria sino en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con la participación de todas las comunidades autónomas de régimen común. Montero rechazó ese argumento, recordó que su aprobación es responsabilidad exclusiva de los partidos y emplazó al PP a forma parte del grupo de trabajo parlamentario que analizará la cuestión, lo que le obligará -ya lo deslizó Montero- a acuñar una posición común de todas las comunidades autónomas en que gobierna, un sudoku imposible que antes sufría el PSOE y que ahora puede sortear al gobernar únicamente en Asturias y Castilla-La Mancha.

Otro flanco de decepción fue la tibia acogida de la ministra de Hacienda a la reivindicación un año más por parte de Andalucía, Región de Murcia y la Comunidad Valenciana de un fondo con recursos estatales con la infrafinanciación galopante a las que el actual sistema de financiación les condena y que ha sido señalada en la práctica totalidad de informes técnicos que se han realizado sobre el modelo de financiación vigente. Montero dijo en la reunión que lo estudiaría y después en la rueda de prensa desveló que esa posición no era compartida entre las diferentes comunidades autónomas del PP.

La reunión de este lunes era para salvar el trámite del reparto del déficit entre niveles de la Administración, en el que el Gobierno Central tiene todas las atribuciones para realizarlo a su antojo pero que la ley le obliga a someterlo formalmente de manera previa a su aprobación definitiva a gobierno regionales y ayuntamientos. El reparto final para alcanzar el objetivo de cerrar 2024 con un déficit del 3% del PIB queda así: Gobierno Central, 2,7%; Seguridad Social, 0,2%; comunidades autónomas, 0,1%; y ayuntamientos, equilibrio presupuestario. Montero vendió este reparto como que el Estado será el que soporta la mayor parte del ajuste, pero respecto a la situación prevista para este año el Estado solo tendrá que ajustar dos décimas, mientras a las autonomías se les exige un ajuste de cinco décimas y a la Seguridad Social, de tres.

Cumplido este trámite, Montero anunció que este martes el Consejo de Ministros aprobará el techo de gasto, la primera gran cifra de los Presupuestos de 2024, y con él el plan de reequilibrio del Estado.