Montero se niega a perder poder y tumba la propuesta del PP sobre las votaciones en el Consejo de Política Fiscal

Las comunidades del PP introdujeron la modificación en el punto 4 del orden del día y remitieron una carta explicando su propuesta. Los populares señalaban en esa misiva que «este sistema de adopción de acuerdos, quizá debido a que el Consejo de Política Fiscal y Financiera fue uno de los primeros órganos colegiados de coordinación entre el Estado y las CC.AA., difiere en gran medida del sistema habitual de adopción de acuerdos de las conferencias sectoriales actualmente existentes». Lo que plantean es modificar el artículo 10 del reglamento.

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La propuesta contempla que la redacción del artículo 10 quede de la siguiente manera: «Para la adopción de recomendaciones los acuerdos se tomarán por el asentimiento de los miembros del consejo y, en su defecto, por el voto favorable de la Administración General del Estado y la mayoría simple de las comunidades autónomas». Esto es un cambio notable ya que supondría restarle mucho poder a Montero en el órgano ya que, de aprobarse, las decisiones habrían de adoptarse también con la mayoría simple de las comunidades. Es decir, que al Ejecutivo no le bastaría el apoyo de una sola comunidad, como Cataluña o Asturias, tal como ocurre ahora.

El Ministerio de Hacienda ha defendido en la reunión el sistema de votación que existe actualmente, ya que la política fiscal y financiera reserva competencias básicas al Estado y el sistema de votación, por tanto, también debe reflejarlo. En este sentido, el departamento dirigido por María Jesús Montero se ha posicionado en la no aprobación de esta modificación y ha logrado tirarla abajo junto a los votos en contra de Asturias, Castilla-La Mancha y Navarra; Cataluña, que es la primera vez en años que acude su consejera a la reunión, se ha abstenido. A favor han votado los 14 representantes de las regiones del PP.

Pese a todo, para lo que sí sirve la votación de esta modificación del reglamento es para poner en evidencia las costuras del sistema actual, en el que el PP, pese a tener una gran mayoría en las comunidades autónomas, no tiene prácticamente ninguna capacidad de decisión por la posibilidad del Gobierno para hacer pinza con una sola región de su cuerda. Así, el Ejecutivo tiene capacidad de oponerse a planteamientos conjuntos que hagan las comunidades y ciudades autónomas del PP, que son Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Canarias, Extremadura, Baleares, Castilla y León, Ceuta y Melilla; en total, 14.

En el Consejo de Política Fiscal, Montero también ha comunicado a las autonomías que recibirán en 2025 un total de 147.412 millones de euros en conceptos de entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica, a la vez que ha informado que las comunidades contarán con mayor margen fiscal para el período 2025-2027, tal como informa Ep por fuentes del Ministerio de Hacienda.

Ese volumen de entregas a cuenta se trata de un 9,5% más en recursos provenientes del Estado que los que recibieron en 2024, lo que supone un «nuevo récord» en financiación para las autonomías. Además, la vicepresidenta ha comunicado a las CC.AA. el objetivo de estabilidad para el período 2025-2027, que refleja un mayor margen fiscal para las comunidades autónomas.

Hasta ahora, las autonomías tenían que registrar, según la senda vigente, un superávit de una décima en 2025 y 2026. Eso ha cambiado tras este Consejo de Política Fiscal y la nueva senda de estabilidad comunicada contempla un objetivo de déficit del -0,1% en 2025, 2026 y 2027. Ello implica que las comunidades autónomas contarán con dos décimas más de margen fiscal.

El otro punto espinoso de este Consejo de Política Fiscal está en el modelo de financiación autonómica para el conjunto de las regiones y al que aspira en solitario Cataluña. Concretamente, Cataluña exige una financiación singular y el Gobierno de Pedro Sánchez ha llegado a calificar esa posibilidad como factible.

En el punto 7 del orden del día se establece lo siguiente: «Información de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda sobre la postura del Gobierno de España en cuanto a la financiación autonómica». Esto significa que María Jesús Montero tendrá que responder a las regiones sobre cuál es el modelo de financiación que defiende.

Y lo hará ante la mirada de Natalia Mas, la consejera de Hacienda de Cataluña, que acude a esta reunión en busca de defender, precisamente, una financiación especial para la región. Las autonomías del PP, por su parte, ya han avanzado de antemano su radical oposición a un tratamiento diferencial a nivel de financiación para Cataluña.

A su llegada al Consejo de Política Fiscal, Natalia Mas ha defendido una financiación singular para su región y ha señalado que esto «no causa ningún perjuicio» para ninguna otra comunidad autónoma y no va «en contra de nadie», dado que «el Estado ha incrementado de forma sustancial sus ingresos» en los últimos diez años y puede «reequilibrar la proporción de ingresos» de las regiones.

«Es un modelo que no va en contra de nadie, es un modelo que no genera perjuicio para ningún otro territorio, y que requiere que el Estado reequilibre su proporción de ingresos», ha asegurado la consejera ante los medios, tal como recoge Ep. Asimismo, ha puesto de ejemplo el modelo alemán.

Ha mencionado el modelo de financiación en Alemania con los estados federales, donde, según ha explicado Mas, estos últimos «recaudan la totalidad de los impuestos que generan en su territorios», de manera que «asegura transparencia y rigurosidad» y mantiene «la equidad territorial» aportando al Estado una cuota de «equidad territorial». El modelo actual, según ha indicado y tal como recoge Ep, ha resultado siempre «muy negativo para Cataluña y otros territorios también» y ha demostrado ser «arbitrario», mientras que la propuesta de la Generalitat inspirada en Alemania «tiene una valoración objetiva y académica». «Las finanzas públicas de un Estado, de un país, no pueden gestionarse de una forma tan arbitraria», ha reclamado.