Las autonomías del PP buscan quitarle poder de voto a Montero en el Consejo de Política Fiscal

El PP ha incluido en el orden del día del CPFF una propuesta para modificar el reglamento del mismo y restarle poder a la propia Montero en la toma de decisiones. Hasta la fecha, el Gobierno puede valerse del apoyo de una sola comunidad autónoma para imponer su criterio en las decisiones.

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En este sentido, las comunidades y ciudades autónomas dirigidas por los populares, un total de 14, han remitido una carta a Montero para explicar su propuesta, según el documento al que ha tenido acceso ABC. «De acuerdo con el apartado 1 del artículo 3 de la Lofca, actualmente el consejo se compone de 21 miembros con derecho a voto: la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y los consejeros competentes en materia de Hacienda de cada comunidad o ciudad autónoma», recoge la misiva, firmada por los consejeros de Hacienda de Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Canarias, Extremadura, Baleares, Castilla y León, Ceuta y Melilla.

Los populares señalan que «este sistema de adopción de acuerdos, quizá debido a que el Consejo de Política Fiscal y Financiera fue uno de los primeros órganos colegiados de coordinación entre el Estado y las CC.AA., difiere en gran medida del sistema habitual de adopción de acuerdos de las conferencias sectoriales actualmente existentes«. Así, plantean modificar el artículo 10 del reglamento.

La propuesta contempla que la redacción del artículo 10 quede de la siguiente manera: «Para la adopción de recomendaciones los acuerdos se tomarán por el asentimiento de los miembros del consejo y, en su defecto, por el voto favorable de la Administración General del Estado y la mayoría simple de las comunidades autónomas«.

Esto es un cambio notable ya que supondría restarle mucho poder a Montero en la toma de decisiones en el órgano ya que, de aprobarse, las decisiones habrían de adoptarse también con la mayoría simple de las comunidades. Es decir, que al Ejecutivo no le bastaría el apoyo de una sola comunidad, como Cataluña o Asturias, tal como ocurre ahora.

Sin embargo, la medida que plantean las autonomías del PP tiene pocos visos de salir adelante precisamente por cómo se toman ahora las decisiones en el Consejo de Política Fiscal. En este sentido, cabría la posibilidad de vetar la modificación si el Gobierno se alía con Cataluña o alguna comunidad socialista.

Para lo que sí serviría la votación de esta modificación del reglamento es para poner en evidencia las costuras del sistema actual, en el que el PP, pese a tener una gran mayoría en las comunidades autónomas, no tiene prácticamente ninguna capacidad de decisión por la posibilidad del Gobierno para hacer pinza con una sola región de su cuerda.