El Gobierno desmiente a Red Eléctrica: no ordenó la operación reforzada tras el apagón

García Hernández fue contundente en sus explicaciones y tirando del expediente elaborado por el Ministerio, ese 28 de abril apuntaba que «ocurrió un fenómeno de sobretensiones», a lo que añadía que «en ningún momento se nos avisó de una situación de imposibilidad de control de tensión del sistema por parte del operador» y que «en ningún momento se ha dado ninguna instrucción de operación a Red Eléctrica de España».

El alto cargo del Ministerio de Aagesen quiso subrayar en más de una ocasión la autonomía del operador indicando que «la operación del sistema en modo normal, en modo seguro, en modo reforzado, como usted quiera llamarlo, es competencia exclusiva del operador del sistema, que es Red Eléctrica en España«, que en definitiva es el »garante y el responsable único y exclusivo en último término de asegurar el suministro«. E insistía: »en ningún momento, desde el Ministerio ni desde la Dirección General, se ha dado ninguna indicación sobre cómo hacerlo«.

García Hernández calificaba además la opción de adoptar un modo de operación reforzado, vigente desde el 30 de abril (una vez finalizada la crisis), como una «decisión de operación del sistema que ha tomado de manera autónoma, independiente del operador del sistema, sin que desde el Ministerio le hayamos dado ningún tipo de indicación o mandato».

Y es que Sánchez Pérez afirmaba en su comparecencia que la programación diferente en la gestión del sistema que se comenzó a hacer tras el 28 de abril se debía a que «hubo una delegación por parte de la Dirección General de Política Energética y Minas, en lo que es la actuación en una crisis de electricidad, para que el operador del sistema tomase todas las medidas necesarias, en primer lugar, para reponer el servicio y, en segundo lugar, para tratar de minimizar o evitar que se produjese una situación similar.«

Cuando la senadora del grupo parlamentario popular María Teresa Mallada de Castro interpretó entonces de las palabras de Sánchez Pérez que se trataba de «una indicación de la Dirección General de Minas, del Ministerio para la Transición Ecológica». Sánchez Pérez matizó que «esa indicación está reglamentada en las gestiones de crisis de electricidad, que son una normativa europea».

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Las versiones divergen pues, ya que Redeia sostiene que su actuación en modo reforzado se derivó de una «delegación» oficial amparada por la normativa de gestión de crisis, mientras que el Gobierno insistía hoy en que esa delegación solo cubrió la fase de reposición durante la crisis y no el modo de operación posterior.

Ahora bien, el director General sí quiso diferenciar la situación posterior a la crisis de la ocurrida en los días inmediatamente posteriores al apagón, tras matizar que igual pudo haber una confusión a la hora de interpretar su respuesta a la pregunta de la senadora del Partido Popular, Carmen Riolobos. Según explicó, la confusión podría derivar del momento en que se produjo la declaración de crisis de electricidad. La declaración de la misma corresponde al propio director general y en el ejercicio de sus competencias, delegó en el operador del sistema la adopción de medidas para asegurar la reposición del suministro.

Mientras, durante su intervención, el exconsejero y exdirector corporativo de Redeia Francisco Ruiz Jiménez, afirmaba que «no podemos conseguir una transición energética segura sin neutralidad tecnológica. Eso implica: revisar cierre nuclear y calendario de la electrificación. Por otra parte, necesitamos también unas redes bien planificadas y adecuadamente retribuidas».

Además, para Ruiz, la CNMC tiene un conflicto de interés en la investigación del apagón.: “Hace años se inició un conflicto con el Ministerio por el reparto de competencias y con apoyo de la Comisión Europea consiguió que le traspasaran las competencias regulatorias. Este esquema tiene consecuencias a la hora investigar el apagón porque la CNMC tendrá que valorar su propia actuación en materia regulatoria y retributiva, tanto en redes como en la operación del sistema”.

Añade el exdirectivo de Red Eléctrica que “por otro lado, tras el apagón, el autoconsumo se ha revelado como un problema de mayores dimensiones de lo esperado. No es autoconsumo, es generación distribuida y no hay control ni registros sobre el mismo. Estamos hablando de una potencia equivalente a entre 5 y 8 centrales nucleares repartidos en decenas de miles de puntos de conexión y todo ello es opaco para el operador del sistema. Lo ideal que es que se convirtieran en autoconsumo de verdad y que sirvieran su energía a su propietario, pero no a la red”.

Por su parte, la portavoz de consumo del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Carmen Riolobos, aseguraba que durante el gran apagón, Red Eléctrica «ignoró los semáforos: Querían un récord de renovables y tuvieron un apagón récord», al tiempo que acusaba al Gobierno de provocar el apagón pero «quienes lo pagan son los ciudadanos: más gas, más restricciones y ajustes», al tiempo que recalcaba que la «operación reforzada encarece la factura de los 49 millones de consumidores, serán 5.000 millones de euros»