entrevista
Marina Serrano (patronal de las eléctricas): «La factura de la luz es difícil de entender, pero está diseñada por el ministerio de Transición Ecológica»
Insiste en que las eléctricas no reciben beneficios 'caídos del cielo' y rechaza el nuevo impuesto
La factura de la luz se convierte en un acto de fe para los desconcertados consumidores
Marina Serrano, durante la entrevista con ABC
Licenciada en Derecho (premio extraordinario y número uno) y en Filosofía y Letras (rama de Historia), pertenece al Cuerpo de Abogados del Estado. Lleva treinta años en el sector energético, sobre todo en el CSEN y la CNE, organismos que dieron lugar a la Comisión ... Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). También fue directora general del Patrimonio del Estado.
—¿Cree que las facturas de la luz se entienden fácilmente?
—Es complicado para el consumidor. El incremento de los precios en el periodo que hemos vivido, intensificado con la guerra de Ucrania, ha puesto en las conversaciones y en la actitud del consumidor una preocupación hacia los precios energéticos y un mayor acercamiento. Realmente la factura es complicada, pero también quiero insistir en que el modelo que tenemos ha sido fijado por el propio Ministerio para la Transición Ecológica, que es quien determina qué conceptos deben incluir la factura. Y se añade cada vez más una mayor complejidad. La última reforma es para introducir la compensación derivada de la excepción ibérica. Esto no quita que las empresas eléctricas tenemos que hacer un acercamiento para explicar más y mejor la factura porque en el mundo al que vamos, sobre todo con el autoconsumo y la generación distribuida, el consumidor tiene un importantísimo papel. Todos, el doméstico, el industrial y las pymes, deberíamos conocer lo mejor posible la factura de la luz.
—La última ocurrencia del ministerio fue incluir en las facturas el consumo medio del mismo código postal del consumidor sin especificar ni potencias y el número de miembros de cada familia.
—Es una cuestión que se va introduciendo ya en algunos países como Estados Unidos y otras naciones. Una de las cuestiones que tenemos en energía es el ahorro y la eficiencia energética. Todos tenemos que consumir de la forma más eficiente y, por tanto, ahorrar porque la energía, cuanto menos consumamos, mejor. Esto puede ser uno de los elementos que incentiven al consumidor si ve que en su barrio o en su zona la media es muy inferior a la que él consume. Pero, efectivamente, falta completarlo porque no se sabe cuál es la estructura de consumo que tiene esa familia. Pero si es una familia tipo de cuatro miembros, se puede hacer una comparación para ver si realmente estás consumiendo por encima de la media. De todas formas, vamos a un modelo en el que todo se tiene que identificar porque los agregadores de demanda, el compartir la energía que se prevé en las comunidades energéticas.
—¿Qué les parece la reforma de la tarifa regulada o pvpc planteada por el Gobierno y que tenía que haber entrado en vigor a principios de año?
—La reforma es necesaria. Llevamos muchos años diciendo que España es el único país de la UE que mantenía esa relación directa del pvpc, que es donde están los pequeños consumidores, con el precio diario y que eso no tenía sentido y que había que fijarlo a un componente a medio y a más largo plazo. Además, España se comprometió a hacerlo con Bruselas. Por tanto, la reforma nos parece positiva y debería entrar cuanto antes en vigor. Hay que recordar que la Comisión Europea planteó en el paquete de Energía Limpia de 2019 que las tarifas reguladas tenían que desaparecer en 2025 y solo mantenerse para los vulnerables. Esta es la posición que mantenemos también nosotros. Los vulnerables tienen que ser los que realmente estén protegidos; para el resto debería existir una libre contratación.
—Las eléctricas rechazan que tengan que financiar los 880 millones de euros que cuesta el bono social.
—Es un tema que ha tenido muchas sentencias y diversos modelos, en los cuales tanto el Tribunal Supremo como la Justicia se han manifestado sobre su financiación. Tiene que haber un marco adecuado para que el consumidor vulnerable tenga derecho a una energía asequible y en eso también insiste toda la normativa de la UE. Nosotros consideramos que así como el bono térmico viene de los Presupuestos del Estado porque es una política social, el bono eléctrico también debería ser una política social y no debe ser financiada por las compañías eléctricas. Además de que creo que debería aliviarse alguna tramitación administrativa porque muchas veces hay consumidores que realmente lo necesitan y no tienen acceso.
—Aelec ha recurrido el nuevo impuesto a las energéticas.
—Desde un primer momento hemos dicho que no estaba fundamentado. Además, no sigue el reglamento europeo que habla de una contribución extraordinaria que no se aplicaba a las eléctricas, sino al sector de los hidrocarburos. A las eléctricas se aplica otro mecanismo, el del límite de los 180 euros. Aquí se incluye a todo el sector, con lo cual se crea un detrimento en la competencia y en la competitividad de las empresas españolas. Además, es un gravamen sobre las ventas, no sobre los beneficios. Chirría absolutamente.
—Muchos ciudadanos critican los elevados beneficios de las eléctricas.
—Una cuestión son los resultados de este último año, pero el año pasado, por su actividad en España, no han tenido mayores resultados. Las empresas eléctricas pagan importantísimas cantidades en impuestos, tienen accionistas minoritarios e invierten porque hace falta mucha inversión para cambiar el modelo hacia un otro sostenible. Esa es la contribución a la sociedad que realizan las eléctricas. Además, se ha focalizado en el sector eléctrico y, bueno, también miremos a otros sectores. No olvidemos que el sistema eléctrico español es robusto, no hay cortes de suministro, está automatizado, tiene contadores inteligentes antes que muchos países europeos y que ha hecho un cambio hacia las renovables muy rápido, mucho más que otros países europeos. También ha realizado cambios en su modelo de producción con una multiplicidad de agentes. Tampoco tenemos que reivindicar el papel de las compañías, que son punteras a nivel internacional y que están continuamente innovando y creando empleo. Contribuyen con la cadena de valor, ya que el 90% de los fabricantes son nacionales.
—¿Ha llegado el momento, como dijo esta semana la Comisión Europea, de retirar ayudas como la rebaja del IVA?
—Pensamos que, sobre todo las medidas de intervención, deberían ir terminando. Máxime si se da por finalizado en la Unión Europea el 30 de junio el límite de las inframarginales –180 euros el MWh–. No tiene sentido que aquí se mantengan. Creemos que cuantas menores intervenciones haya, mejor, y que deberían terminar en materia de crisis. El eléctrico es un sector con los impuestos muy altos y por tanto también hemos señalado que debería hacerse realmente un examen de la fiscalidad con criterios de sostenibilidad y de fiscalidad verde.
—En este sentido, ¿es partidaria de la prórroga de la excepción ibérica hasta finales de año?
—Como comentaba, las intervenciones deberían acotarse cuanto más, mejor. Si la situación de crisis ya ha bajado y de hecho está ahí la distorsión como una salvaguarda porque el precio no está entrando en juego porque el precio del gas ha bajado. Entonces, consideramos que no debería mantenerse, como tampoco la minoración de ingresos.
—¿Las eléctricas tienen beneficios 'caídos del cielo'?
—No. La energía estaba vendida y, además, todos los contratos se entregan al regulador, a la CNMC. En marzo del año pasado se puso de tope 67 euros el MWh. O sea, no hay esos beneficios 'caídos desde el cielo'. Consideramos que no es una buena línea de regulación esa consideración que el ciudadano entiende mal. En el fondo, hay una concepción en contra del mercado tal y como está diseñado.
—Cuando los precios se disparan, algunos partidos de izquierda piden una empresa eléctrica pública.
—Hay una norma muy clara en el Derecho europeo y en materia de competencia y de mercados y es que las empresas, sean de capital público o privado, tienen que actuar con las mismas reglas de juego. Por tanto, a mi juicio no es una solución porque las reglas se aplican en igualdad de condiciones.
—¿Qué le parece la propuesta de la Comisión Europea para reformar el mercado eléctrico.
—Salvo lo relacionado con los mercados de capacidad, que no los considera como parte integrante del mercado, y alguna otra cosa menor, realmente nos parecía que recogía la realidad. Fundamentalmente hay un tema que se ha visto en estos momentos de crisis, que es evitar la volatilidad y, por tanto, establecer aquellos instrumentos con carácter voluntario tanto PPA (contratos a largo plazo) como contratos por diferencias que permitan dar una señal de precios más duradera en el tiempo y que además permita llevar al consumidor el precio que supone las energías renovables. Nos parece una propuesta que no es una revolución, sino una evolución. También creemos que se está tramitando muy deprisa cuando es un tema que realmente el mercado es el nos va a indicar cómo van a hacerse las inversiones de futuro, cómo va a comprarse, cómo va a venderse, cómo va a invertirse en renovables y qué papel va a tener el consumidor porque la reforma también tiene una parte de protección del consumidor. Nos parece que es un tema suficientemente importante como para que se tramite con la reflexión necesaria.
—¿Y la realizada por la ministra Teresa Ribera?
—La propuesta española tenía algunos elementos que creíamos que se apartaban de lo que era el mercado interior de la electricidad que ha costado, desde la primera directiva de 1996, muchos años llegar a esa convergencia. Desde hace 30 años se utiliza el mismo algoritmo, la misma fórmula y, a la misma hora, 26 países europeos más Noruega fijan el precio todos los días. Creemos que es un largo camino que ha permitido dar resultados importantes en cuanto a inversiones a realizar y comercio transfronterizo. Eso es el mercado interior y creíamos que debería avanzarse en esa línea.
—¿Es partidaria de que se mantenga el actual mercado marginalista?
—Sí, sí, lo reconoce tanto la propuesta europea como la Agencia de Cooperación de Reguladores Europeos.
—¿Y si se produce otra crisis como la de la guerra de Ucrania?
—Puede haber mecanismos que sean adecuados y que permitan reaccionar ante una crisis para proteger al consumidor. Ahora bien, tienen que ser mecanismos que no fragmenten Europa; o sea, que sean iguales para todos los países europeos y que, por tanto, no produzcan distorsiones entre unos estados y otros. Es un elemento fundamental a preservar en esta reforma y eso es lo que debe mantenerse en el debate ahora en el Parlamento Europeo.
—¿La red eléctrica nacional está preparada para la anunciada invasión de coches eléctricos?
—Los estudios que tenemos y según el Peniec a 2030, la red puede satisfacer los objetivos que estaban previstos y para más también. Habrá que hacer ampliaciones de red y de potencia en algunos puntos del territorio, pero la red puede responder y respaldar perfectamente el vehículo eléctrico.