CON PERMISO
Ribera prepara el asalto del sector eléctrico desde la 'gatera' de la Comisión de Energía
El Ministerio de Transición Ecológica es la cabeza de puente del Gobierno para intervenir las energéticas, llegando incluso a condicionar sus futuras operaciones corporativas. Todo ello desde la apariencia de legalidad y normalidad de una revivida Comisión de la Energía desde donde enchufar a lo más granado del PSOE S.A.
El Gobierno restituye la Comisión Nacional de Energía para atar en corto al sector
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Iniciar sesiónEl Consejo de Ministros, como el que no quiere la cosa, aprobó el martes el anteproyecto de ley por el que se restablece la Comisión Nacional de la Energía (CNE) con el fin de retirar a la CNMC(Comisión Nacional de los Mercados ... y la Competencia) la responsabilidad sobre la regulación del sector energético, de forma que esta quede completamente controlada por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. La además 'vice-tercera', también como si tal cosa, acabará teniendo derecho de veto sobre las decisiones estratégicas de las empresas del sector. ¿Cómo le llaman a eso?
De ella dependerán, además de la Presidencia de la institución, la Secretaría General y la Secretaría del Consejo, más tres direcciones generales: la de Electricidad, la de Hidrocarburos y Nuevos Combustibles, y un departamento de Inspección de nuevo cuño con el objetivo de reforzar la labor supervisora. Ya ven, nada más viejuno que hablar de hidrocarburos ahora que todo iba por la senda del 'happyverdi' sostenible.
La flamante CNE tendrá funciones de supervisión y control de los mercados eléctrico, de hidrocarburos líquidos, de gas natural, y de hidrógeno verde y otros gases renovables. También ejercerá las funciones de inspección y sanción, así como de arbitraje, información, atención y tramitación de las reclamaciones planteadas por agentes y consumidores. Igualmente, liquidará los peajes, cargos, precios, cánones y retribuciones reguladas de los sectores a su cargo. Rimbombantes competencias todas ellas para llegar a la madre del cordero, que es la capacidad para condicionar operaciones corporativas de las compañías privadas, se supone que invocando razones de soberanía nacional, autonomía estratégica o, por las bravas, fuerza mayor verde que te quiero verde.
Esta capacidad, en la práctica, limita el ámbito de actuación de los legítimos gestores de las empresas privadas y los intereses de sus accionistas, que podrían ver cómo una operación de compraventa es vetada o las previsiones de ingresos por previsiones tarifarias saltan por los aires atendiendo a estrictos criterios políticos. Convenientemente disfrazados de interés general, concordia y entendimiento, faltaría más.
El consejo de la CNE estará integrado por siete miembros, que tendrán consideración de altos cargos: el presidente, con rango de secretario de Estado nada menos, el vicepresidente y cinco consejeros. «En su composición se procurará atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres», señala el anteproyecto de ley. Para esto de los enchufes tanto da el género como el número.
El nombramiento de los miembros del consejo corresponderá al Gobierno mediante Real Decreto y a propuesta de la persona titular de Transición Ecológica, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional en el ámbito de actuación de la comisión. Ribera y la alargada sombra de su marido, Mariano Bacigalupo -como los hidrocarburos este apellido también viene bien de atrás en el PSOE- se aseguran el control férreo del sector con un regulador 'ad hoc', incluso en el caso de que la ministra viera prosperar su sueño de marchar a la vicepresidencia de la Comisión Europea siguiendo la estela de Nadia Calviño. Ya ven, Fráncfort nos acaba de quitar la sede de la Oficina Antiblanqueo de Europa, pero España sigue siendo una potencia exportadora de burócratas al otro lado del muro.
Los puestos de consejeros son una perita en dulce para separatistas y nacionalistas como moneda de canje
Parece claro pues, que el Gobierno quiere el control de la CNE y si, además, esta se convierte en aparcadero de personas con determinados perfiles políticos, el intervencionismo está asegurado. Los candidatos que suenan para presidirla son de todo menos independientes. Además de Bacigalupo -si me apuran, amigo del presidente Sánchez antes que esposo de la ministra-, está la segunda preferida de la ministra, María Jesús Martín (prácticamente toda su carrera en el Ministerio de Medioambiente, hoy consejera de la CNMC); también, Maite Costa, que sería el mejor ejemplo de la vuelta al pasado del organismo ya que fue presidenta de la antigua CNE; la propuesta catalana vendría de la mano de Pep Salas Prat, candidato por ERC y poco conocimiento del sector; y, por último, la que contaba con todas las papeletas pero... ya no: Natalia Fabra, defensora a ultranza de los hidrocarburos e ideóloga de la reforma eléctrica de Ribera -que al final tumbó Europa-, y que paradójicamente fuera asesora en paralelo de la reforma en Francia que, junto con Alemania, rechazó la española. La 'vice-eco' considera hoy a Fabra (de familia convenientemente ligada años ha al PSOE, es hija de Jorge Fabra, expresidente de Red Eléctrica, y hermana del también Jorge Fabra, el recién huido de la oficina de reparto de los fondos UE) un 'electrón libre', por irse postulando por su cuenta a riesgo para el puesto que pudiera dejar Ribera, que la vetaría igualmente para presidir la CNE si no se marcha a Bruselas.
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El Ejecutivo parece haber aprendido la lección de lo ocurrido con el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, y el CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, y ahora prefiere meter en vereda a los 'rebeldes' desde una muy independiente CNE; una mordaza y un látigo legal al unísono con el que repartir palo y zanahoria en una legislatura que echa chispas. Sobra decir que los puestos de consejeros son otra perita en dulce para separatistas y nacionalistas; una moneda de canje perfecta para ganar adhesiones a un programa de Gobierno que está escrito en la arena y que, está claro, solo tiene un objetivo compartido: dejar a oscuras al PP. Igual se les enciende la bombilla en Génova y prestan atención a una reforma que amenaza con electrocutar al sector privado.
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