Hacienda pierde en diez años 22.000 millones de recaudación por impuestos declarados ilegales

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha aprovechado su informe de opinión sobre los riesgos fiscales que rodean a las cuentas públicas para difundir por primera vez este jueves con un elevado nivel de detalle los principales reveses judiciales en materia fiscal encajados por el Estado desde el año 2014 y sobre todo el importe potencial que se le ha obligado a reintegrar ya o que aún le queda por devolver a los contribuyentes.

El resultado es llamativo. En los últimos diez años la Justicia ha obligado al Gobierno a reintegrar a empresas y particulares nada menos que 22.552 millones de euros, una cuantía equivalente si no superior a los no pocos recursos obtenidos con las subidas impositivas decretadas en este periodo, algunas de las cuales han sido posteriormente revocadas por los tribunales.

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Europa Press

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La lista de grandes fiascos fiscales es extensa. El tramo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos más conocido como el céntimo sanitario, el IRPF de las prestaciones por maternidad y paternidad, la retención de dividendos a grandes fondos de inversión extranjeros, la reforma del Impuesto de Sociedades del año 2016 -recientemente reinstaurada por el Estado-, el canon hidráulico, la Plusvalía municipal, las sanciones desproporcionadas del modelo 720 que se impuso a los contribuyentes con bienes en el extranjero... Una sangría de recursos que no se ha limitado a las devoluciones sino que incluye intereses de demora -por la asentada práctica de Hacienda de dilatar los procesos y retrasar los pagos- y el coste jurídico de litigar con los afectados.

Hay muchas cuyo impacto continúa en la actualidad. Se prevé que la financiación ilegal del bono social eléctrico cueste 642 millones de euros, la sentencia del Supremo que declaró ilegal el IAE aplicado a los operadores de telefonía móvil para compensar a los ayuntamientos por la supresión del impuesto costará 1.479 millones de euros, la devolución del IRPF pagado de más por los mutualistas pasará una factura de al menos 1.700 millones de euros y la declaración como ilegal del segundo tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos aprobado por el Gobierno contra el criterio de la normativa comunitaria costará hasta 6.500 millones de euros.

La Autoridad Fiscal admite que puede haber variaciones en estas cifras, que se han sacado de la información oficial publicada por la Intervención General del Estado en la Cuenta General del Estado porque Hacienda no da información en sus documentos presupuestarios ni en la información que eleva a Bruselas. Por ejemplo, advierte que en el caso del impuesto de hidrocarburos la factura podría reducirse en la medida en que las empresas afectadas hubieran trasladado ese mayor coste fiscal a los usuarios finales, ya que no habría perjuicio y la posibilidad de que los usuarios afectados reclamen al erario público es muy remota. Por contra, la devolución de IRPF a los mutualistas podría incluso ser superior en cuantía ya que no se conoce con precisión el universo de potenciales afectados.

También considera que estas contingencias fiscales se han convertido en un riesgo constante y cuantioso para la estabilidad de las cuentas públicas y que el Ministerio de Hacienda y el resto de departamentos afectados tienen que hacer más para tenerlos en cuenta y evitar que se conviertan en una amenaza para el cumplimiento de los objetivos de consolidación fiscal. Especialmente porque la Airef ha detectado que se producen errores recurrentes que luego se traducen en un coste fiscal millonario, como por ejemplo la utilización inadecuada del real decreto ley para ejecutar modificaciones sustanciales de los impuestos -algo que los tribunales han rechazado de manera recurrente-, la extralimitación en la utilización de la ley, la omisión de advertencias explícitas por parte de la Unión Europea -como en el caso del régimen sancionador del modelo 720, que se mantuvo pese al expreso rechazo de diferentes instancias europeas, o del céntimo sanitario- o la persistencia en aprobar cosas que son rechazadas una vez tras otra por los tribunales, como ha acontecido con los regímenes de financiación con cargo a las eléctricas del bono social eléctrico.

Fuentes de la Autoridad Fiscal entienden que llegados a este punto sería necesario que el Gobierno evaluará de manera previa los posibles impactos financieros y legales de las medidas que adopta, algo que, por ejemplo, no hizo con los gravámenes transitorios a la banca y a las energéticas, cuya aprobación estuvo rodeada de advertencias de expertos sobre su posible inconstitucionalidad y que ahora encara el juicio del Constitucional que podría obligar a devolver los millonarios recursos obtenidos por esta vía.

El organismo que vela por la adecuada gestión de las cuentas públicas cuestiona también la práctica de Hacienda de aplicar estrategias dilatorias para retrasar el pago incluso cuando ya parece evidente que no hay posibilidad de ganar el caso, generando elevados costes en forma de intereses de demora. Propone que una vez se asuma que las posibilidades de perder son altas se acelere lo máximo posible el pago, ya no incluso para respetar los derechos de los contribuyentes afectados sino aunque solo sea para reducir el coste para el Estado.