La Airef advierte de una factura extra de 3.000 millones este año por varios reveses a Hacienda en los tribunales

La parte más relevante de ese sobrecoste se asocia a una sentencia del Tribunal Constitucional del pasado mes de enero que declaró ilegales buena parte de las modificaciones en el Impuesto de Sociedades introducidas por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el año 2016 para impulsar el potencial recaudatorio del impuesto, y que el equipo de María Jesús Montero mantuvo inalteradas igualmente durante su mandato generando una bola de nieve, en forma de derechos para las empresas afectadas, que algunas fuentes del ámbito fiscal estiman en unos 4.500 millones de euros por cada ejercicio en que dicho esquema estuvo vigente.

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Bruno Pérez

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La presidenta de la Autoridad Fiscal, Cristina Herrero, advirtió en un acto organizado por Funcas hace unos días que la factura asociada a esa sentencia se repartirá entre los ejercicios de 2024 y 2025, lo que amortiguará su impacto en las cuentas públicas. Y el Gobierno también está maniobrando para amortiguarla aún más. Apenas unos días después de conocerse la sentencia del Constitucional aprovechó la apertura del trámite de enmiendas a los dos reales decretos leyes aprobados en la recta final del año pasado para tratar de reinstaurar el estado de cosas anterior a la sentencia del Constitucional lo antes posibles -para impedir que el perjuicio sobre la recaudación en Sociedades se prolongue más allá de este año- y por el camino minimizar en la medida de lo posible los potenciales efectos sobre el presupuesto del Estado de la devolución a empresas de los impuestos cobrados de más desde el año 2016.

Hacienda aspira a desactivar de hecho uno de los impactos más relevantes de la sentencia: el potencial reintegro a las empresas de las desgravaciones fiscales que se aplicaron por los deterioros patrimoniales de sus filiales, que la reforma de Montoro obligó a reintegrar a Hacienda en quintas partes. La sentencia abría la puerta a que las empresas reclamaran la devolución de las desgravaciones fiscales que se aplicaron en su día y que la reforma Montoro les obligó a devolver a Hacienda, pero la enmienda planteada por el grupo socialista pretende que la ley fuerce a las empresas a retornar esas desgravaciones a la Hacienda Pública en la campaña de Sociedades de 2024 (a formalizar en 2025) y no ya en quintas partes sino en el 100%. En otras palabras, a reintegrar a la Hacienda Públicas las cantidades que pudieran ingresar en este ejercicio.

La otra maniobra que pretende Hacienda es el mantenimiento para 2024 de la medida extraordinaria dispuesta en 2023 para limitar al 50% las pérdidas de filiales que los grupos empresariales puedan aplicarse al calcular su base imponible, una medida de naturaleza radicalmente recaudatoria que eleva artificialmente la base imponible de los grandes grupos en 2023 a cambio de acotarla en los diez años venideros y que se traduce en la captura transitoria por la Hacienda Pública de recursos millonarios que en condiciones normales debería quedarse en la caja de las empresas.

Menos margen de maniobra ha tenido Hacienda, y también menos interés, en atenuar el impacto de la otra sentencia judicial que le obligará a un esfuerzo extra y no esperada este año 2024. Una sentencia del Tribunal Supremo abrió el año pasado la puerta para que cientos de miles de jubilados que en su día estuvieron integrados en el sistema del mutualismo laboral puedan reclamar a la Agencia Tributaria una devolución fiscal por los impuestos pagados indebidamente por las aportaciones que realizaron de cara a su jubilación entre el 1 de enero de 1967 y el 31 de diciembre de 1978.

El sindicato de técnicos de Hacienda estimó en cerca de cinco millones el universo de potenciales beneficiarios de esta devolución, pero desde el Ministerio de Hacienda no se ha hecho ninguna estimación oficial ni de los potenciales beneficiarios ni del coste que puede suponer, aunque los despachos que están representando a antiguos mutualistas hablando de devoluciones media de una cuantía aproximada de unos 2.000 euros por mutualista. La Agencia Tributaria ha dispuesto un formulario para que las personas que en su día estuvieron adscritas a las antiguas mutualidades del trabajo puedan solicitar esas devoluciones, pero dada la escasa información disponible al respecto el coste que puede suponer es una incógnita y como señala la Autoridad Fiscal en un informe inicial sobre los presupuestos de las Administraciones Públicas «su importe final dependerá del número de solicitudes que finalmente se materialicen».

La Airef identifica otras sentencias que pueden engrosar esa cuenta, como una del Supremo de 2022 que declaró contrario al derecho europeo el IAE de los operadores móviles. El Estado ha identificado riesgos por procedimientos judiciales abiertos contra sus intereses por 13.500 millones de euros, entre los que se cuentan la factura potencial por los arbitrajes internacionales por el recorte unilateral de las primas a renovables en España, con laudos desfavorables por una cuantía de 1.164 millones de euros; las denuncias de concesionarias de autopistas por la liquidación y reversión al Estado de los peajes, por las que se reclaman al Estado hasta 4.500 millones de euros; o la posible resolución desfavorable de la denuncias formuladas ante los tribunales europeos por tipos autonómicos del gravamen sobre hidrocarburos, que le podría costar al Estado 6.500 millones de euros.