Junts se desentiende en el último momento de la prórroga de la vida útil de Almaraz y avala el calendario de cierre del Gobierno

El renuncio de Junts ha cogido a todo el arco parlamentario con el pie cambiado. el Ministerio de Sara Aagesen mostraba a los pocos minutos del suceso su satisfacción "porque no haya salido una enmienda que solo generaba ruido político".

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La enmienda en cuestión aspiraba a suspender la hoja de ruta actual que plantea el apagado del primer reactor de Almaraz en 2027 y el del segundo reactor en 2028. Una situación que ha generado una tremenda refriega política y empresarial sobre todo a raíz del apagón del pasado 28 de abril, ya que se ha vinculado por parte del PP y de algunos sectores del sector energética la seguridad del suministro con el mantenimiento de la actual potencial de generación de la energía nuclear. Por otra parte, estaba el problema político y social que planteaba el potencial cierre de una central que actúa de sostén económico de una comarca entera ante la convocatoria de elecciones en Extremadura

La decisión de Junts ha resultado sorprendente también porque la enmienda de los populares no solo abría la puerta a la extensión de la vida útil de Almaraz sino también a la de las centrales de Cofrentes y Ascó, que en el caso de esta última los nacionalistas también están a favor de mantener. La portavoz de Junts ha explicado a la salido del hemiciclo en los pasillos del Congreso que la enmienda de los populares estaba mal planteada y que si la hubieran negociado con ellos el resultado habría sido distinto. "Hemos votado abstención y no en contra porque si votas que no estás negando el problema, y sí hay un problema. En cualquier caso el PP no va a solucionar el problema de Cataluña. Lo tenemos que solucionar los catalanes, empezando por el PSC que es el primer partido de Cataluña", ha dicho.

El portavoz económico del Grupo Popular en el Congreso, Juan Bravo, ha sido el encargado de encajar el inesperado golpe propinado por la formación que lidera Miriam Nogueras en la Cámara Baja. "Hoy había una decisión importante que tomar sobre las centrales nucleares. Es sorprendente ver a los partidos independentistas abstenerse o votar en contra de las nucleares, estando ahí Ascó su decisión tendrán que explicarla", ha señalado. "Sobre todo sorprende mucho ver a diputados socialistas de Extremadura votar a favor del cierre de las nucleares. Entiendo que tendrán dificultades para explicárselo al conjunto de los extremeños, que tienen que saber que sus diputados socialistas han votado a favor del cierre de Almaraz", ha remachado.

Entre los grandes cambios que los populares habían imprimido a la Ley de Movilidad Sostenible en el Senado, que además de la potencial prórroga de la vida útil de las centrales nucleares incluían también la congelación de la subida de tasas aeroportuarias del 6,5% a partir del próximo 1 de marzo y la recuperación del compromiso de puntualidad de Renfe en trayectos de alta velocidad modificado hace ahora un año y pico, solo este último ha resistido la votación definitiva en el Congreso.

El Congreso ha votado en contra de la congelación de tasas de Aena y la aprobación de un plan de incentivos a aeropuertos regionales, en un contexto en que Ryanair está reduciendo de forma drástica el número de plazas que opera en estas infraestructuras periféricas. Sin embargo, sí ha respaldado la recuperación del compromiso de puntualidad revocado en junio de 2024, de modo que a partir de la entrada en vigor de esta ley Renfe tendrá que volcar a indemnizar a sus usuarios de alta velocidad y trayectos de larga distancia cuando sus servicios lleguen con 15 o 30 minutos de retraso y no solo a partir de que el servicio se demore más de una hora como el Ministerio de Óscar Puente impuso en su día.

Según el nuevo marco aprobado este jueves, Renfe deberá devolver el 50% del precio del billete si el servicio se demora más de 15 minutos y su totalidad si se retrasa más de media hora porque, según el PP, "la puntualidad también es un derecho de los viajeros". El marzo establecido por Puente hace poco más de un año establecía que solo se devolvería el importe íntegro del billete si el servicio se retrasaba más de una hora y media.