El juez apela a la importancia estratégica de Duro Felguera para ampliar la negociación para su salvamento
Habilita una excepción legal para estirar por segunda vez el diálogo previo a la declaración de quiebra hasta el próximo 31 de julio
Los accionistas minoritarios advierten: «Van a ser necesarias medidas dolorosas como un ERE serio y la obtención de financiación y avales»
Duro Felguera, la centenaria empresa industrial asturiana que acumula un puñado de años coqueteando con el desastre, parece tener siete vidas. Si el 9 de marzo de 2021 el Gobierno de Pedro Sánchez autorizaba la inyección en la compañía de 120 millones de euros ... del fondo de rescate de la Sepi, regateando la prohibición expresa de la Comisión Europea de emplear esos recursos en empresas que arrastraran una situación financiera delicada ya antes de la pandemia, argumentando su condición de empresa estratégica; ahora ha sido el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón el que ha apelado al mismo principio para conceder una segunda prórroga, no contemplada en la legislación concursal doméstica, para dar más tiempo a que la negociación de la empresa con sus acreedores permita alcanzar un acuerdo antes de que se le inste la declaración de quiebra.
El plazo para esa negociación vencía el pasado 11 de junio, pero la empresa con el acuerdo de más de un 60% de sus acreedores presentó una solicitud al juzgado para estirar un poco más el plazo para esta negociación hasta el próximo 30 de julio. El principal problema de la solicitud es que no tenía base legal en la legislación española, ya que esta no prevé la posibilidad de una segunda prórroga del periodo previsto para esa negociación.
«Las normas no deben interpretarse de espaldas a la situación social y económica que se vive al tiempo de ser aplicadas«, explica el juez en su auto de este jueves, en el que da trámite a la prórroga hasta el próximo 31 de julio de la negociación de las empresas y sus acreedores. »Debe tenerse en cuenta la realidad económica y social para optar por aquella (interpretación de la ley) que mejor responda a las necesidades concretas que demanda la sociedad en cada momento. Pues bien, este juzgador es permeable a la realidad social que rodea la aplicación de la norma en cuestión y consciente de la importancia estratégica de la sociedad deudora en el tejido industrial español, tratándose de una mercantil que ha pasado por varios procesos de reconversión, evolucionando hacia la ingeniería y ejecución de proyectos industriales y energéticos, actuando en el mercado en la actualidad en cinco líneas de negocio: Energía Convencional, Plantas Industriales, Servicios, Energías Renovables y Sistemas Inteligentes. No debe olvidarse que esta empresa da empleo a casi 1500 personas, con una importante implantación a nivel internacional, nacional y, sobre todo, local, con una antigüedad de casi 200 años y cotizando en Bolsa desde hace más de 100 años. Su innegable importancia estratégica viene avalada, además, por la extraordinaria ayuda económica proporcionada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE)«, explica.
Así justifica su decisión de rodear la actual Ley Concursal, «que deja bien a las claras que en la redacción actual no se contempla una segunda y tercera prórrogas», según reconoce en el propio auto, y optar por el principio del Código Civil que reza que la interpretación de una norma tiene que atender a la realidad social en la que se enmarca y por el margen de flexibilidad que se defendía en la directiva europea que impulsó la reforma de la ley concursal para ensanchar ese plazo para el preconcurso de acreedores.
El preconcurso de acreedores es una nueva fase procesal que permite a las empresas en situación de dificultad económica abrir una negociación previa con sus acreedores para tratar de alcanzar un acuerdo de refinanciación o convenio antes de la declaración formal de concurso de acreedores, lo que históricamente se ha conocido como declaración de quiebra.
El auto judicial se produce apenas unos días después de que trascendiera un acuerdo entre la la actual propiedad de la empresa asturiana, los mexicanos de Grupo Prodi y Mota Engil, y la SEPI para reestructurar la deuda de 120 millones de euros que mantiene con el hólding público.
El sindicato de accionistas minoritarios (SAM) de Duro Felguera ha celebrado este jueves el auto judicial, que a su juicio "es una magnífica noticia". "Entendemos que es el momento de exigir un plan que garantice la viabilidad a futuro de la empresa, que no sea un mero parche sino que mire a largo plazo", ha trasladado Eduardo Breña, presidente de la plataforma. "Van a ser necesarias medidas dolorosas como un ERE serio, la obtención de financiación y avales para ejecutar los proyectos que, ahora sí, estamos convencidos que van a aportar los socios".
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