Hacienda abre la puerta a cesar a los funcionarios que no cumplan objetivos y se echa encima a los sindicatos

En una comparecencia conjunta, los portavoces para la Administración General del Estado de CC.OO. y UGT han calificado de «gravísimo» que el Gobierno pretenda utilizar la norma para regular el cese de funcionarios de puestos que han ganado por concurso a partir de un simple informe de evaluación de desempeño sin criterios conocidos y de escasa transparencia, a su modo de ver.

Un comunicado emitido por ambas centrales sindicales cuestiona que se pueda relevar de su cargo a un funcionario a partir de una evaluación que «se plantea como algo irrefutable» y en la que, «la persona no tiene defensa en vía administrativa contra una evaluación negativa de la superioridad».

Los sindicatos han advertido al Gobierno de que plantarán cara a la norma si el asunto no se regula con mayor concreción y más transparencia.

La polémica apunta al artículo 57 del anteproyecto de ley gubernamental, que establece que «la continuidad del personal funcionario de carrera en los puestos de trabajo obtenidos por concurso quedará vinculada al resultado de la evaluación de su desempeño, pudiendo ser removido en todo caso por falta de capacidad para su desempeño manifestada por un cumplimiento inadecuado de las tareas atribuidas, un insuficiente rendimiento, o una falta de adaptación a las tareas del puesto de trabajo que no pueda ser suplida con acciones formativas».

El sindicato CSIF dejó también este miércoles claro su rechazo a que el Gobierno "pretende de manera unilateral que los funcionarios puedan ser apartados de su puesto de trabajo" y exigió la participación de los sindicatos para establecer los criterios y las debidas garantías que permitan valorar y determinar la labor de los empleados públicos desde el punto de vista de la retribución, la promoción y las consecuencias derivadas".

El anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros, comprometido con Bruselas dentro del Plan de Recuperación, eleva la evaluación del desempeño a la categoría de instrumento clave "para mejorar la productividad de las diferentes unidades y la calidad de los servicios públicos, alineando los objetivos de la organización con el trabajo del personal", pero deja su concreción al eventual desarrollo de un reglamento posterior y de hecho aclara que en tanto esto no ocurre la organización interna del Estado seguirá realizándose en torno a los parámetros actuales.

La remisión a un desarrollo legislativo futuro deja en el aire algunos de los principales avances de la norma. Por ejemplo la implantación de un nuevo complemento salarial por desempeño, heredero de la actual productividad y equivalente al 5% de la cuenta anual de gastos de personal del Estado. A día de hoy, y salvo casos muy puntuales, esos más de 900 millones de euros se distribuyen con cierta discrecionalidad y a partir de criterios no siempre transparentes. El plan del anteproyecto del Gobierno pasa por vincular la percepción de ese crédito al grado de cumplimiento de los objetivos marcados para cada empleado público para medir su desempeño.

Ese informe de evaluación sería clave también a la hora de seleccionar candidatos en los procesos de promoción interna del Estado, a la hora de optar a plazas en otros territorios o incluso a la hora de poder prolongar la vida activa en la Función Pública más allá de la edad de jubilación forzosa, que tanto la normativa actual como el anteproyecto de Ley de Función Pública sitúan en 65 años.

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