Hacienda solo exigirá un examen tipo test a los funcionarios para ascender en la Administración

El objetivo no escondido de esta reforma de la promoción interna es acabar con una incómoda realidad, que señala que buena parte de las convocatorias para promocionar a cuerpos superiores acaban total o parcialmente sin cubrir por la ausencia de candidatos que superen las exigentes pruebas para acceder a alguno de los grupos más altos de la Administración.

El fenómeno, unido a la falta de convocatorias de acceso libre después de la gran crisis de hace una década, ha resultado en una caída del grosor del personal directivo público y un acusado envejecimiento entre los cuerpos superiores que se contemplaba como una amenaza a futuro. La edad media de los miembros de los cuerpos superiores de la Administración supera los 52 años y la previsión indica que en la próxima década más de la mitad de los componentes de la élite funcionarial del Estado alcanzará la edad de jubilación. Se aproxima un 'efecto precipicio' y el Gobierno ha considerado oportuno actuar.

Hacienda ha decidido tirar por la calle de en medio y plantear una bajada del listón de exigencia con el argumento de retener el talento que hay en la Administración e impedir que haya puestos sin cubrir habiendo funcionarios que quieren ocuparlos.

Según el acuerdo rubricado este jueves esto se va a conseguir modificando de forma profunda el proceso. Los aspirantes tendrán que superar en primer lugar una oposición con carácter eliminatorio que evaluará las competencias y conocimientos requeridos para el puesto a través de pruebas tipo test. Se eliminará con carácter generar el ejercicio de 'cantar' los temas en una prueba oral salvo que la Dirección General de Función Pública lo habilite expresamente a petición de alguno de los departamentos.

Además se reducirá el tamaño de los temarios para que los aspirantes no tengan que volver a demostrar conocimientos que ya acreditaron en su día.

La segunda fase se resolverá mediante un concurso que valorará los méritos adquiridos, la carrera profesional y los cursillos de formación realizados durante la estancia del aspirante en la Administración.

El sindicato CSIF, mayoritario en la Administración General del Estado, valoró el acuerdo alcanzado, que en su opinión "pretende aumentar la cantidad de aprobados en la fase concurso-oposición y por tanto que haya el mayor número de candidatos" y "reducir la elevada cifra de vacantes en los actuales procesos de promoción interna, que en algunos casos dejan sin cubrir más del 70% de la plazas".

CSIF entiende que los cambios acordados con el Gobierno serán efectivos para seguir progresando "hacia un nuevo modelo de promoción interna mucho más efectivo y atractivos para la captación y la retención del talento". UGT también dio la bienvenida al acuerdo del que ha destacado que dotará de "homogeneidad y unidad de actuación a las distintas convocatorias de promoción interna". CC.OO., por su parte, ha puesto este viernes el foco en lo que aún queda por conseguir: la prevalencia de la promoción interna en la elección de los destinos, la valoración de la antigüedad en los procesos y la supresión del carácter eliminatorio de las pruebas tipo test.

La perspectiva de la reforma es bien diferente desde los cuerpos superiores de la Administración, que llevan meses advirtiendo de los efectos negativos sobre la calidad en la prestación de los servicios públicos de bajar el listón de las pruebas de acceso a los cuerpos superiores de la Administración. El único requisito adicional que se prevé en el acuerdo rubricado el pasado jueves en Hacienda y los sindicatos para acceder al nivel A1, la élite de la Administración, es la realización de un curso adicional.

El presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Ransés Pérez Boga, calificó en declaraciones a ABC los cambios introducidos como "una simplificación atroz" del proceso selectivo, que abre la puerta a "la discrecionalidad más absoluta". Los inspectores de Hacienda, uno de los colectivos que con más ahínco se ha opuesto a la reforma de las oposiciones, ya advirtió en su congreso anual de la pasada semana de los riesgos que se corren al sustituir el actual sistema de acceso a los cuerpos superiores, basado en la objetividad y la exigencia, por otro basado en pruebas de acceso más sencillas y criterios de valoración del desempeño más subjetivos. "No queremos convertirnos en el CGPJ. Ya sabemos lo que ocurre en estos casos y es que el riesgo de politización es muy elevado", denunciaron.

Ransés Pérez ha recordado que el 25% de los actuales inspectores de Hacienda vienen de la promoción interna, "lo que subraya que el sistema funciona", y ha advertido de que esta reforma acabará traduciéndose en una pérdida de calidad del servicio público.