Grecia incrementa la jornada laboral para ganar productividad mientras España planea reducir las horas

La puesta en marcha de la medida, que tendría que haber entrado en vigor el pasado mes de marzo, se ha retrasado unos meses debido a la necesidad de adaptación a la que han tenido que someterse las empresas de los sectores afectados. Porque la ampliación de días y jornada no atañe a todos los ámbitos de actividad.

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La jornada laboral de seis días se aplica desde este pasado lunes con exclusividad a las empresas que, por un lado, cuentan con una producción continuada -cuyo producción es seguida las 24 horas- y con un sistema de turnos rotativos; y por otro, aquellas empresas que presenten un aumento especial e imprevisible de producción. Estas últimas podrán imponer la jornada laboral de seis días para todo o parte de su personal en función de sus necesidades de producción.

Sin embargo, los sectores turísticos y la hostelería, que son los principales motores de la economía griega, no estarán afectados. Estas actividades quedan fuera del marco de aplicación de la ley.

Desde el lado salarial, la ampliación de jornada en ese país traerá consigo aumentos de sueldo para aquellos trabajadores afectados. El salario de los trabajadores que trabajen un sexto día tendrá un incremento del 40%. Además, en el caso de que el sexto día coincida con un domingo o un festivo el empleado verá un incremento en su salario de un 115% (al 40% del aumento del sexto día se le incluirá un 75% extra) que, en caso de ser en turno nocturno, se le aplicaría un 25% adicional. Por otra parte, la jornada no excederá las 8 horas, quedando prohibidas las horas extras. De ahí que el límite de horas semanales quedará fijado en las 48 anunciadas.

La medida ha sido duramente criticada por los sindicatos y los partidos de la oposición y la consideran «una barbaridad» que atenta contra los derechos laborales, además de ir contra la tendencia a la reducción de «casi todos los demás países civilizados».

En el caso de España, sin ir más lejos, lo que busca imponer el Gobierno de Pedro Sánchez, y capitaneado por la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es la reducción de la jornada a 37,5 horas semanales, desde las 40 horas actuales; su aplicación está prevista para el 1 de enero de 2025. Una imposición duramente criticada por las patronales y que además no ha tenido en cuenta sus propuestas.

El Gobierno defiende que pueden lograrse ganancias de productividad reduciendo la jornada -al contrario que Grecia- y el Ejecutivo español de hecho plantea crear un grupo de trabajo para la evaluación de la medida con la participación de la patronal y de los sindicatos en el que entre otros aspectos se observará el impacto sobre la productividad.

Asimismo, en nuestro país Yolanda Díaz pretende fijar el camino hacia la aplicación de la reducción de jornada en la negociación colectiva. Es decir, que deberá recogerse en los convenios colectivos vigentes.