El Gobierno sigue enzarzado y la ley de vivienda vuelve a enquistarse

A principios de año, el Gobierno fijó el mes de febrero para llevar el texto definitivo al Congreso. Todo iba encaminado a ello. El PSOE empezó por ceder a la petición de sus socios de Podemos para redefinir el concepto de gran tenedor, abriéndose a la posibilidad de que fueran considerados así los propietarios de más de cinco viviendas, frente a la cifra superior a diez fijada actualmente en el proyecto de ley.

Pero de un tiempo a esta parte algo se ha truncado. Los tira y afloja no han cesado en las últimas semanas. Ahora, el punto de fricción está en las pretensiones de Unidas Podemos de fijar un límite a la subida de los precios del alquiler en las áreas que sean denominadas como tensionadas. Se trata de hacer perpetua la excepción actual aprobada en el marco de la escalada de precios por la guerra de Ucrania que impide a los caseros subir los arrendamientos a sus inquilinos más de un 2%, en lugar de usar como referencia la evolución del IPC. Solo que en este caso, el tope pretendido estaría fijado en el 3%.

Los avances respecto a esta medida en la mesa de negociación con el Ministerio de Transportes iban bien encaminados, pero Economía ha dinamitado los puentes. El departamento de Nadia Calviño se ha opuesto de facto a la propuesta que afectaría a los pequeños propietarios. Un bloqueo que ha levantado una polvareda en Unidas Podemos que ya veía como sus anhelos fructuaban de cara a la aprobación de una norma cuyas negociaciones se pusieron en marcha a principios de 2020.

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, acusó hace pocos días al PSOE de tener bloqueada la ley de vivienda en el Congreso y el portavoz del partido en la Cámara Baja, Pablo Echenique, le secundó para redoblar la presión a sus socios de Gobierno. Una retahíla de acusaciones que han acabado salpicando directamente a Calviño, cuando el martes el coportavoz estatal de Podemos, Pablo Fernández se refirió al Ministerio de Economía como «el principal escollo» para dar salida a la norma.

Pero el PSOE está convencido de que sacará la ley adelante. Lo volvió a ratificar esta semana cuando votó en contra en el Congreso a la propuesta del Parlament balear de modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) con el fin de que las comunidades pudieran topar los precios del alquiler. El diputado del PSOE Pere Joans Pons tildó la propuesta de interesante, pero «innecesaria» debido precisamente a que la ley de vivienda está en trámite en el Congreso.

Con todo, las conversaciones siguen adelante. Otro de los puntos que rompen el acuerdo es el de los lanzamientos de vivienda. Unidas Podemos quiere que se fije un tope de precio a los alquileres que entren en el mercado y se proporcione por ley una alternativa habitacional a las familias desahuciadas de vulnerabilidad económica en cualquiera de los casos. Una exigencia que coincide con la de ERC, que será llave para sacar la norma adelante. La formación independentista también quiere que los controles al alquiler se equiparen a los límites de precios que el Parlament aprobó en septiembre de 2020 y que estuvieron vigentes durante año y medio hasta que el Tribunal Constitucional los tumbó.

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En cualquier caso, los controles de los precios del alquiler estarán presentes en la futura norma si esta sale adelante. El actual proyecto de ley ya contempla la congelación de los contratos para los inquilinos arrendados por pequeños propietarios y fija un tope de precio para la de los grandes caseros en las zonas que sean denominadas tensionadas. También habrá más castigos como el recargo del IBI a los pisos vacíos.

El tiempo apremia y el Gobierno tenía comprometido a Bruselas la aprobación de la ley de vivienda para el año pasado como uno de los cumplimientos para recibir los fondos europeos de recuperación. Las próximas semanas serán definitorias para que la ley no caiga en saco roto con las elecciones generales a final de año.