El Gobierno reta a las comunidades y amenaza con retirar financiación si no cumplen la ley de Vivienda

Lo ha asegurado así Rodríguez durante una intervención en TVE. «Yo quiero seguir apoyándolas económicamente, pero también quiero que ellas pongan más presupuesto para esta finalidad. Pero si ellas no se hacen cargo del cumplimiento de la Ley, yo condicionaré la financiación a que efectivamente se esté cumpliendo la Ley», explicó Rodríguez, recordando que las regiones efectúan entre el 70% y el 75% de sus inversiones en materia de vivienda con dinero del Estado.

La ministra también ha afirmado que «no puede tratar por igual» a aquellas regiones que están haciendo esfuerzos para cumplir la Ley de Vivienda para ayudar a sus ciudadanos que a aquellas que, «por atacar al Gobierno», se muestran «insumisas» con el cumplimiento de la normativa.

«Y, por tanto, la propia Ley me faculta a, de manera extraordinaria, trabajar con aquellas comunidades que se han comprometido a cumplirla y que están dando respuesta a sus ciudadanos», ha subrayado. Rodríguez ha afirmado que el problema de la vivienda «no va de pelearse con el Gobierno» y se ha dirigido expresamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

«Esto no va de hacerle zancadillas a Pedro Sánchez, señora Ayuso. Esto va de que hay miles de madrileños y madrileñas que sufren por su insumisión a la Ley. Que no tienen acceso a una vivienda, que son empleados públicos de la Comunidad de Madrid, maestros, maestras, enfermeros y enfermeras, que están obligados a compartir piso. Que esto es insostenible socialmente, señora Ayuso», ha defendido.

Rodríguez ha recordado a la Comunidad de Madrid que hay una herramienta, la Ley de Vivienda, que permite dar respuesta a esa situación. «Y yo me comprometo a ayudar a la Comunidad de Madrid con más fondos, con más recursos, con respuestas extraordinarias para que dé respuesta a esa situación. La Comunidad de Madrid recibe del Gobierno de España 2.000 millones de euros desde el año 2018 en diferentes programas para política de vivienda. Lo que quiero es que se ejecuten bien y que a partir de ahora se orienten al cumplimiento de la ley», ha abundado.

La respuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid no se ha hecho esperar. «No podemos limitar el precio de la vivienda porque no funciona (miren los datos), y porque es un atentado contra la propiedad. Ni tampoco gobernar con políticas de izquierda trasnochada aunque el Gobierno nos amenace. Gobierno que ya lleva 6 años, 0 viviendas y 41 ministros obsesionados con Madrid», ha dicho Díaz Ayuso en la red social X.

«¿Será tan brava con regiones como País Vasco, que han recurrido esa nefasta ley de vivienda? ¿Le dejarán de regalar millones al independentismo en Cataluña, que incumple sistemáticamente los derechos constitucionales de los catalanes?», ha reflejado la líder madrileña en la misma plataforma.

Rodríguez no ha aclarado qué puntos concretos de la ley son los que no están cumpliendo las autonomías. Para buena parte de la norma, y sobre todo en lo que se refiere a la limitación de los alquileres, la ley estipula que son las comunidades las que deben decidir como titulares de las competencias en materia de vivienda, pero en ningún caso es obligatoria su aplicación. De hecho, hasta el momento, solo Cataluña ha abogado por poner un precio máximo a las rentas y con resultados no tan buenos como cabría esperar para el Gobierno y la Generalitat catalana. Como ya contó este periódico, tras seis meses con los topes en vigor, el precio de los arrendamientos en Barcelona se ha encarecido por encima de los 1.600 euros y las colas para ver un piso sobrepasan de media las 300 personas.

Por el momento, no se espera que a corto plazo otras comunidades opten por usar la norma para tratar de sostener las incesantes subidas de los precios de los alquileres. Desde la entrada en vigor de la ley de Vivienda a finales de mayo de 2023 , tan solo Navarra, País Vasco y Asturias se han interesado por intervenir el mercado, pero hasta el momento no hay nada efectuad.

En el resto de comunidades autónomas, la mayoría en manos del PP, no existen señales de que se vaya a pedir al Ministerio de Vivienda la declaración de zona tensionada en alguno de sus territorios. Tampoco ha expresado esa intención el Gobierno de García-Page en Castilla-La mancha, una de las pocas regiones que permanece en manos del PSOE tras la debacle electoral en las elecciones municipales y autonómicas del año pasado, que dejaron casi estéril a la ley de alquileres tan solo unos días después de su entrada en funcionamiento.