El Gobierno entra en parálisis legislativa y las empresas energéticas frenan inversiones

El problema es que la compañía presidida por Beatriz Corredor no ha dado un horizonte temporal sobre esta situación y el Gobierno tampoco se ha pronunciado, aunque podría hacerlo. Tan solo ha explicado que seguirá con este «refuerzo» hasta que se conozcan las causas del apagón.

De hecho, esta situación es transversal a otras muchas cuestiones en materia energética. Diversas fuentes del sector aseguran a este medio que desde hace meses —y con especial énfasis desde el apagón— hay temas que no se están solventando. El problema es que algunas ya estaban en fase de tramitación, como la Ley de Emisiones de Carbono, que ha quedado en el olvido.

Pero esto tiene un inconveniente: las empresas eléctricas están asumiendo los costes —y también lo trasladan a sus clientes—, y las industrias electrointensivas están preocupadas por el gasto adicional que supone todo esto.

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Según explican fuentes del sector energético a ABC, muchas empresas eléctricas no tienen claro a qué marco temporal adaptarse. En principio, la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha manifestado en el Congreso de los Diputados que el informe sobre las causas del apagón estará disponible a finales de julio. Por tanto, asumen que es posible que antes de que termine el verano todo habría vuelto a la normalidad. Pero la preocupación sobre la duración se ha extendido como una mancha de aceite. Cada vez hay más actores del sector energético que asumen que esta «nueva normalidad» se prolongará en el tiempo. Quizá no de forma continua, sino cuando haya mucha entrada de renovables, en épocas de mucho sol y viento, para generar estabilidad al sistema.

Y ese es el gran problema. Las empresas eléctricas, por un lado, ya no pueden aguantar la presión de costes y han empezado a trasladar a sus clientes el encarecimiento de la luz en el mercado mayorista. Por otra parte, las industrias que tienen importantes gastos eléctricos están meditando poner algunos planes de inversión en suspenso hasta que tengan visibilidad sobre el horizonte temporal del «modo reforzado» y, lo más importante, cómo actuará Red Eléctrica los próximos meses una vez que se conozcan las causas del apagón.

La gran patronal eléctrica Aelec ha señalado esta semana en un comunicado público que «en situaciones excepcionales debe primar la seguridad del suministro. No obstante, esta estrategia de operación está generando sobrecostes inesperados y elevados que recaen directamente sobre los agentes de mercado como los comercializadores, en un contexto en el que no han tenido capacidad de previsión ni gestión ante este hecho inesperado».

A nivel técnico, desde Aelec recuerdan que «el actual marco normativo, mediante los Procedimientos de Operación 8.2 y 14.4, permite respaldar este tipo de medidas extraordinarias para el caso de una operación del sistema extraordinaria como en la que nos encontramos». Por todo ello, solicitan una «propuesta transitoria y excepcional».

El sector en su conjunto reclama medidas. Fuentes consultadas por ABC estiman que sería oportuno que la recuperación de estos extracostes se realice de forma modulada en el tiempo, difiriendo su impacto a lo largo de varios ejercicios para mitigar sus efectos inmediatos. Por ello, desde el sector entienden que una opción deseable, dada la situación extraordinaria y la necesidad de garantías jurídicas, sería definirlos como coste regulado que pueda ser recuperado a través de los cargos a cuenta de las liquidaciones reguladas del sistema eléctrico.

A nivel regulatorio, otra opción sería que este extracoste sea inicialmente contabilizado en la retribución del operador del sistema, definida por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), para posteriormente repercutirse a la demanda en proporción a su consumo final de forma laminada durante un periodo de cinco años que podría iniciarse en 2026, con el fin de laminar su efecto en consumidores y comercializadoras.

En todo caso —y ante esas dudas que castigan a todo el sector—, las fuentes consultadas por este medio consideran que la CNMC debería definir un nuevo segmento de mercado, de forma que este extracoste sea correctamente contabilizado y sea la base para su recuperación, en cualquiera de las soluciones que se puedan adoptar.