El Gobierno amplía su hachazo fiscal a banca europea, farmacéuticas e inversores inmobiliarios

Poco le han importando al Ejecutivo las serias dudas en torno a la legalidad de los gravámenes a la banca y las energéticas expresadas por juristas y fiscalistas. Lejos de dar un paso atrás, PSOE y Unidas Podemos han acordado ir más allá en su ofensiva fiscal y abordar a nuevos colectivos. El gravamen a la banca ya no se aplicará en exclusiva a los bancos españoles que superen los 800 millones de ingresos en intereses y comisiones sino que el Gobierno ha maniobrado -en buena medida, por las protestas del sector- para que se aplique sobre las entidades extranjeras que operan en España y que también obtienen ingresos por intereses y comisiones. Para lograrlo ha incluido un segundo criterio de sujeción al gravamen, además de ese umbral de ingresos: el hecho de estar bajo supervisión del BCE. "Deberán satisfacer el gravamen las entidades sujetas a supervisión directa por el Banco Central Europeo, incluidas las sucursales establecidas en España de entidades de crédito extranjeras, con independencia de la suma de sus ingresos por intereses y comisiones", dice textualmente la enmiendas presentada este jueves de forma conjunta por PSOE y Unidas Podemos.

De esta forma, el Gobierno no solo corrige el agravio comparativo enunciado por las entidades españolas, que se quejaban de que el gravamen no se aplicara también a sus competidores foráneos en el mercado nacional, sino que según la enmienda se da por cumplida una de las recomendaciones incluidas en el dictamen realizado por el Banco Central Europeo, contra el que el Gobierno se revolvió de forma tan enérgica.

Suma y sigue, porque el Gobierno también ha retocado el Impuesto sobre el Patrimonio para ampliar su radio de acción a un colectivo que a día de hoy no tiene obligación de pagarlo, los propietarios de activos inmobiliarios situados en territorio español que gestionan esa cartera desde sociedades radicadas fuera del país. Hacienda justifica este movimiento por la "discriminación injustificada respecto del residente" que supone que un no residente pueda eludir la acción de la imposición patrimonial por el mero hecho de interponer una sociedad en otro país.

La enmienda presentada por PSOE y Podemos aspira a considerar como situados en territorio español "los valores representativos de la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad cuyo activo esté constituido al menos al 50% de forma directa o indirecta por bienes inmuebles situados en territorio español". Un incentivo menos para invertir en el sector inmobiliario español.

El tercer sector que el Gobierno ha situado en la diana de su ofensiva fiscal es el farmacéutico. Se rumoreaba que el Gobierno estaba preparando alguna medida tributaria sobre el sector y las enmiendas a la proposición de ley del gravamen a la banca y las energéticas ha confirmado los rumores. El Gobierno ha dispuesto una subida generalizada de las tasas que pagan las empresas farmacéuticas por los servicios que reciben de la Administración del Estado a través de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y que afectan al registro y autorización de medicamentos de uso humano, a las investigaciones clínicas, a la operativa de laboratorios, fabricantes, exportadores e importadores o a las certificaciones e informes preceptivos.

Como se esperaba, el Gobierno ha aprovechado también este trámite parlamentario para registrar su gravamen de solidaridad sobra las grandes fortunas, que básicamente reproduce la estructura del Impuesto sobre Patrimonio para forzar su pago por parte de los grandes patrimonios (entendidos como aquellos que declaran más de tres millones de euros) de Andalucía y la Comunidad de Madrid, y para aplicar un tijeretazo a la deducción que permite a los grandes grupos empresariales deducirse en el Impuesto de Sociedades las pérdidas en que incurre sus filiales, que durante los próximos dos años sólo se podrán restar en un 50%.

Pese a las advertencias de juristas y fiscalistas y a su evidente falta de sintonía con la figura impulsada desde la Comisión Europea, el Gobierno ha decidido no tocar el planteamiento jurídico de los gravámenes a la energéticas y a la banca. Varios socios del Gobierno, como el PNV, han enmendado la norma para adaptarla al 'gravamen de solidaridad' europeo y aplicarla sobre los beneficios y no sobre la facturación de las empresas.