Carlos Cuerpo desliza que está dispuesto a frenar la operación de BBVA aunque la avalen los supervisores

El Gobierno explica su aparente cambio de opinión al respecto, desde una posición contemplativa e incluso favorable a la operación hacia la oposición frontal trasladada este jueves, a las formas de la operación, que según el ministro Cuerpo «tienen un efecto potencialmente lesivo adicional por la volatilidad o la inestabilidad que pueden introducir en el mercado».

Las acciones de BBVA experimentaron un desplome del 6,7% tras hacer pública la opa hostil, en tanto que las del Sabadell se dispararon un 3,2%, en un movimiento que este viernes se ha moderado con las acciones del banco azul ligeramente al alza (0,65%) y las de la entidad presidida por Josep Oliu a la baja (-0,5%).

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Cuerpo también se ha esforzado en desvincular la contundencia del Ejecutivo a la hora de rechazar esta operación del contexto electoral en Cataluña, subrayando que las consideraciones de política económica a las que hace referencia tienen que ver con asuntos como la cohesión territorial, «porque sabemos que la actividad de Sabadell es particularmente relevante tanto Cataluña como en la Comunidad Valenciana y el impacto que podría tener sobre las pymes y el empleo es muy relevante», o el nivel de concentración del sector financiero español, que, ha dicho, «puede ser un paso atrás para los consumidores y podría afectar al incremento de la remuneración de los depósitos, por ejemplo».

En este sentido, el ministro ha deslizado que el veto del Gobierno a la operación podría persistir aún si los supervisores que deben evaluar la idoneidad de la operación en diferentes ámbitos, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en cuanto a la protección de los derechos de los accionistas; la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en cuanto a las condiciones de competencia del mercado; el BCE y el Banco de España, en cuanto a la estabilidad financiera; y el Sepblac, en lo que se refiere a los riesgos sobre el blanqueo de capitales, no mostraran objeciones decisivas sobre la operación.

«El Gobierno tendrá la última palabra a la hora de autorizar esta fusión por absorción. Tendremos que ir viendo como van sucediéndose los siguientes pasos, pero tiene que quedar claro que los reguladores tienen que evaluar el impacto de la operación desde el punto de vista de sus competencias, pero el Gobierno tiene que tener una visión más horizontal, incorporando todos estos elementos a nuestro análisis, pero añadiendo elementos de política económica y financiera», ha advertido.

Estos elementos de política económica y financiera son los que el Gobierno ya definió hace unos días. A saber, la preocupación respecto a que el incremento del nivel de concentración en el sector bancario impactara sobre el empleo y la prestación de servicios financieros; sobre que introdujera un riesgo adicional sobre la estabilidad financiera, como atribuyen que dijo el gobernador del Banco de España, aunque este apartó expresamente su reflexión al respecto de esta operación; o sobre su impacto sobre la cohesión territorial, por la amenaza potencial que pudiera suponer sobre la inclusión financiera en el medio rural, un vector que el Gobierno ha convertido en bandera en los últimos años.