Los gestores de pisos turísticos se enzarzan con los hoteleros tras pedir al Gobierno su regulación

La Federación Española de Viviendas y Apartamentos Turísticos, (Fevitur) ha emitido un duro comunicado para expresar su disconformidad con la iniciativa de Exceltur. Los empresarios del sector no entienden porqué el Gobierno da veracidad a un informe que presenta directamente su competencia y que estiman que no sigue una «metodología válida» como para que «ninguna Administración pueda tomar decisiones en materia de viviendas o apartamentos turísticos». En concreto, señalan que el estudio ReviTUR «se sirve de proveedores y de datos impropios de cualquier estudio que pretenda acreditar un mínimo de rigor en sus conclusiones», en palabras de su presidente, Miguel Ángel Sotillos.

El enfado es mayúsculo. La patronal de las gestoras de viviendas turísticas se muestra dolida ante la posición de su homónima para el conjunto del turismo al entender que han actuado «al servicio de los intereses de las grandes cadenas hoteleras españolas, en detrimento de todo el sector». Unas grandes corporaciones a las que Fevitur sitúa en otro siglo. «Es evidente que estas empresas, desarrolladas en los años cincuenta del siglo pasado, deberían evolucionar y aprender de aquellos hoteles que, gracias a su calidad, no tienen nada que temer de la oferta de viviendas y apartamentos turísticos», señala Sotillos, que desvincula a los arrendamientos de corta duración de las acusaciones de los hoteleros, que creen que hay relajación en el control fiscal y de regulación sobre este mercado.

A la principal patronal del turismo pertenecen hoteleras como Meliá (cuyo CEO, Gabriel Escarrer, preside), NH, RIU, Iberostar y Palladium. O lo que es lo mismo, están presentes cinco de las diez mayores cadenas. La asociación presentó el mes pasado el informe ReviTUR, llevado a cabo con la colaboración de seis ayuntamientos de grandes ciudades españolas (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga y San Sebastián). El estudio busca ilustrar el modo en que la proliferación de los pisos turísticos ha deteriorado los barrios emblemáticos españoles, saturándolos de turistas y expulsando a los vecinos por el mayor atractivo que representa para el propietario colocar un piso en la modalidad de alquiler de corta duración.

Según el estudio de Exceltur, la rentabilidad de alquilar una vivienda turística con una media de 80 metros cuadrados es ya el doble que la del arrendamiento tradicional. Incluso, calculan que en los cascos históricos de Madrid y Barcelona pueden llegar a cuadruplicarse y alcanzar los 40.000 euros de beneficio neto por piso.

Los apartamentos turísticos ofrecen ciertas ventajas competitivas sobre los hoteles a la hora de comercializarse y estos beneficios se han potenciado con el desarrollo de plataformas de economía colaborativa como Airbnb. Ahora, una familia o un grupo de amigos puede repartir gastos y hospedarse en una opción mucho más económica, ya que estos pisos no están obligados a prestar los servicios complementarios que ofrecen los establecimientos hoteleros. En concreto, en ReviTUR se estima que una plaza en una vivienda turística cuesta de media unos 27,2 euros al día. Precio que es menor incluso al compararlo con el de un hostal, donde un huésped paga 30,5 euros por noche.

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Pero más allá de su atractivo, los hoteleros se sienten en desigualdad frente a propietarios y gestores de viviendas de uso turístico por su forma de operar. Entienden que hay una hiperregulación sobre ellos que no existe en muchas ciudades y comunidades para los apartamentos, además de que soportan una carga fiscal cuatro veces superior.

Del mismo modo, los hoteleros perciben que el patrón que siguen los apartamentos turísticos también se desentiende del modelo de sostenibilidad que el sector y las administraciones públicas buscan promover. De hecho, responsabilizan a este sector de la ola de turismofobia creciente en los últimos años en ciudades como Barcelona por la congestión de visitantes que se registraban hasta antes de la pandemia y que vuelven a reproducirse ahora.

De momento, Exceltur ha trasladado la petición al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y busca abrir diálogo con Transportes, que tiene las competencias en materia de vivienda. A la pregunta a este departamento sobre si esas conversaciones se han iniciado, este periódico no ha obtenido respuesta.

Desde Fevitur, aunque niegan esta avalancha de acusaciones, se muestran abiertos al diálogo con el resto del sector y las administraciones. Y aseguran que no darán su brazo a torcer tan fácilmente. «Llegaremos hasta donde haya que llegar si la norma se pone en marcha», aseguró Sotillo a este periódico.

Por el momento, los hoteles ganan la batalla a nivel continental. La Comisión Europea ya ha propuesto que se habiliten los mecanismos precisos para que comunidades y ayuntamientos puedan elaborar registros de pisos y viajeros y puedan poner coto a las viviendas que operan sin licencia para uso turístico.