Ferrovial planea mover a Países Bajos a directivos y consejeros para evitar problemas con Hacienda

Fuentes de la compañía reconocen a ABC que la implantación de la matriz de la multinacional de origen español en Países Bajos exigirá mover «una parte importante» del Consejo de Administración y del Comité de Dirección de la empresa, compuesto en su mayoría por directivos y consejeros españoles, al país centroeuropeo. No solo a ellos. El proyecto de fusión registrado este jueves por la compañía en la CNMV avanza también que es probable que haya traslados voluntarios de trabajadores a la nueva matriz en los Países Bajos.

Según fuentes del ámbito de la asesoría fiscal a grandes multinacionales, la legislación tributaria española no va más allá de exigir de forma genérica que la empresa que se deslocaliza «tenga su sede de dirección efectiva» en el territorio en el que establece su nueva sede social, pero subrayan que se trata de un concepto jurídico indeterminado que se ha ido perfilando a golpe de criterio de la Agencia Tributaria y en el peor de los casos de actuación judicial.

En la práctica, la evolución de este principio ha terminado convenciendo a asesores y empresas de que la Inspección tratará de acreditar que al menos la mitad del Consejo de Administración y del Comité de Dirección de la compañía reside en el territorio de su sede social o al menos no continúa residiendo en España para dar por bueno que se ha trasladado de manera efectiva el centro de decisión y no ver indicios de deslocalización ficticia.

Consejo de administración

de Ferrovial

Presidente ejecutivo y dominical

Rafael Pino

Vicepresidente y externo independiente

Óscar Fanjul

Consejero Delegado

Ignacio Madridejos

Consejeros

Bruno Di Leo

(externo independiente)

María del Pino

(externa dominical)

Juan Hoyos

(externo independiente/

consejero coordinador)

José Fernando Sánchez-Junco

(otro externo)

Gonzalo Urquijo

(externo independiente)

Philip Bowman

(externo independiente)

Hildegard Wortmann

(externa independiente)

Hanne Sørensen

(externa independiente)

Alicia Reyes

(externa independiente)

Secretario

Santiago Ortiz Vaamonde

Fuente: Ferrovial / ABC

Consejo de administración

de Ferrovial

Presidente ejecutivo y dominical

Rafael Pino

Vicepresidente y externo independiente

Óscar Fanjul

Consejero Delegado

Ignacio Madridejos

Consejeros

María del Pino

(externa dominical)

José Fernando Sánchez-Junco

(otro externo)

Philip Bowman

(externo independiente)

Hanne Sørensen

(externa independiente)

Bruno Di Leo

(externo independiente)

Juan Hoyos

(externo independiente/

consejero coordinador)

Gonzalo Urquijo

(externo independiente)

Hildegard Wortmann

(externa independiente)

Alicia Reyes

(externa independiente)

Secretario

Santiago Ortiz Vaamonde

Fuente: Ferrovial / ABC

En la actualidad, ocho de los doce miembros del Consejo de Administración de Ferrovial son españoles, incluyendo al presidente ejecutivo, Rafael del Pino; al vicepresidente, Óscar Fanjul; y al consejero delegado, Ignacio Madridejos, si bien una de ellos, Alicia Reyes Revuelta, suele tener su centro de operaciones en Reino Unido. Algo similar ocurre con el Comité de Dirección, en el que nueve de los diez miembros son españoles.

Menos claridad hay en relación a si el presidente ejecutivo de la compañía, Rafael del Pino, deberá trasladar o no su residencia a Países Bajos. A día de hoy, del Pino gestiona el paquete accionarial del 20,44% que le convierte en accionista mayoritario de Ferrovial a través de una sociedad, Rijn Capital BV, creada en Países Bajos y en la que embalsa los dividendos y los bonus que recibe por sus funciones ejecutivas en la empresa.

Según José María Peláez, inspector de Hacienda del Estado, esta sofisticada estructura de propiedad no tiene objeción alguna desde el punto de vista fiscal en tanto solo sirva como sociedad de tenencia de esas acciones y no se utilice para vehicular préstamos u otras operaciones financieras hacia los titulares, ya que en ese caso se entendería que lo que se trata de hacer es eludir las obligaciones que le corresponden como contribuyente residente en el IRPF.

Las fuentes consultadas aseguran que no hay nada en la normativa tributaria que obligue al presidente de una compañía a trasladar su domicilio al de la sede social de la empresa de la que es accionista mayoritario siempre que se demuestre de forma fehaciente que el centro de toma de decisiones está en Países Bajos.

Molesto por la maniobra de la familia del Pino, el Gobierno ya ha comenzado a deslizar en público y por otros cauces un supuesto interés fiscal societario y personal en el traslado de Ferrovial a Países Bajos. Una información de El País citando fuentes gubernamentales deslizaba ayer un presunto «interés personal» del presidente de la compañía en pagar menos impuestos como origen de la reorganización de una empresa que en 2022 facturó más de 7.500 millones en todo el mundo y ganó 185,7 millones.

«En la práctica, acabará pagando impuestos en España por un importe muy similar al de ahora», explican desde la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf). «La operación viene motivada, aparentemente, por un deseo de conseguir una mayor seguridad jurídica. Desde Aedaf hemos venido denunciando la creciente inseguridad jurídica existente en el ámbito tributario y creemos que este entorno ha podido influir en la decisión».

El argumento de que la motivación fiscal de Ferrovial podría encontrarse más en la seguridad jurídica que en los ahorros en impuestos viene avalada también por la propia compañía, que evalúa en unos seis o siete millones de euros el ahorro fiscal del eventual traslado, y por una mayoría de los asesores fiscales consultados, que limitan la principal ventaja fiscal de trasladarse a Países Bajos a la no existencia del tipo del 5% sobre los dividendos de fuentes extranjera instaurado en España por el Gobierno.

El Ejecutivo continuó ayer con su ofensiva contra Ferrovial, pero subió el tono con la intervención en primera persona del presidente del Gobierno. Desde Dinamarca, Sánchez cargó de forma directa contra Rafael del Pino, al que puso como ejemplo negativo frente a los empresarios que demuestran compromiso con su país. «Desde luego, con este anuncio, no es el caso del señor Del Pino». Sánchez avanzó también que el Gobierno examinará minuciosamente la operación para garantizar que se ajuste a la legalidad.

La ministra de Derechos Sociales habló de «un caso claro de dumping fiscal» y la vicepresidenta primera del Gobierno puso otra vez en duda los motivos de la compañía, subrayando el escaso peso de su actividad productiva en Holanda y poniendo en cuestión la robustez de los motivos económicos y financieros argumentados por la sociedad. Los inversores no piensan lo mismo y la acción de Ferrovial volvió a subir un 1,17%.