Los expertos de Escrivá piden poner límites al asesoramiento del Banco de España al Gobierno y actuar con «precaución»

Así se pronuncian los expertos en el informe que el Banco de España acaba de hacer público y que ya ha sido estudiado por el consejo de gobierno de la institución, que se muestra favorable a adoptar y promover algunas de las recomendaciones, pero no todas.

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Daniel Caballero

La ley de autonomía del Banco de España establece entre las funciones que la institución asesore al Gobierno y realice informes y estudios «que resulten procedentes». Este aspecto ha generado una honda polémica por rechazar el gobernador Escrivá realizar informes sobre ciertas materias como las pensiones. Precisamente, como informó este periódico, el director general de Economía, Ángel Gavilán, dimitió de su cargo tras presentar el informe anual después de que se le obligara a rehacer algunas partes y contenidos; en ese informe anual apenas había menciones a las pensiones, que bajo el anterior mandato habían sido objeto de escrutinio y solían ocupar un lugar central entre los riesgos para las finanzas públicas. A todo ello, asimismo, le siguió una profunda reestructuración del Banco de España, con múltiples movimientos de sillas.

Sobre esa tarea del Banco de España de asesorar al Gobierno y evaluar, por tanto, las políticas públicas, el grupo de expertos recomienda «concretar y reglar» el alcance de esa función. «Esta función de asesoramiento puede generar cierta controversia, tanto desde el punto de vista de la independencia y de la rendición de cuentas como desde el punto de vista del alcance de dicha función. La extensión —a iniciativa del propio Banco— a áreas económicas fuera del ámbito competencial tradicional de un banco central puede plantear inquietud respecto al uso de los recursos del Banco y su posible politización», recoge el documento.

En este sentido, los expertos sugieren «vincular estos estudios, directa o indirectamente, con los mandatos del banco y, en general, evitar pronunciamientos prescriptivos en materias de políticas públicas que no están directamente relacionados con dichos mandatos». Asimismo, en términos generales, sostienen que esta función no compromete la independencia del Banco de España y apunta a que la institución «goza de respeto intelectual y prestigio institucional como uno de los mejores —si no el mejor— 'think tank' español, con capacidad para llevar a cabo valoraciones en temas diversos con rigor y en profundidad. Esto legitima su función».

Sobre los mandatos del gobernador y el subgobernador, los expertos piden evaluar que se amplíen de seis a ocho años, en línea con otros bancos centrales como el Banco de Inglaterra. «Esto ayudaría a reforzar la independencia del Gobierno, por una parte, y, por otra, podría contribuir a reforzar la presencia de ambos en los organismos del sistema europeo», afirman. Con todo, esta modificación, de producirse, no tendría aplicación para el mandato actual de Escrivá.

El grupo de expertos también pone el foco en la posibilidad de ir hacia un modelo de Banco de España más colegiado y no tan centrado en las funciones del gobernador. Para ello, en el informe proponen también nombrar un segundo subgobernador para que el primero asuma las funciones de supervisión bancaria y el segundo las de sustituir al gobernador cuando este no esté disponible y representar a la institución.

«Aparte de la reforma legislativa para mejorar la colegialidad, no hay nada que impida que en la práctica el gobernador dé un rol más activo al consejo en la toma de decisiones, aportando información y gestionando las agendas de las reuniones para incorporar las visiones externas que aportan los miembros del consejo», añade el documento sobre la necesidad de delegar más funciones, y menciona también que los miembros de la comisión ejecutiva deberían tener dedicación plena y exclusiva.

Sobre el proceso de nombramiento de gobernador y subgobernador, los expertos piden que estos comparezcan en el Congreso de los Diputados antes de su nombramiento, igual que ocurre con los máximos dirigentes de otras organizaciones como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Y van incluso más allá al destacar la posibilidad de que las Cortes tengan capacidad de veto sobre los nombramientos, aunque esto «puede ser complejo y eventualmente llevar a bloqueos de nombramientos que afecten al normal funcionamiento del Banco, por lo que debe ser evaluado cuidadosamente».

Más allá de ello, los expertos recomiendan que los consejeros natos, como son el secretario general del Tesoro y el vicepresidente de la CNMV, tengan voz pero no voto. «Esto es de particular relevancia cuando el consejo trata de expedientes de entidades significativas abiertos por instrucción del BCE. (...). No procede que representantes del Gobierno tengan voto (podrían ser observadores o tener a lo sumo voz, pero no voto). Respecto a las circulares, las aprueba también el consejo de gobierno. En temas como gestión de tesorería y de deuda pública, lo normal sería que esto se definiera a través de contratos o memorándums de entendimiento entre las partes», recoge el documento.

En términos más generales, por último, el informe dice que debería abrirse más el Banco de España a la hora de comunicar y participar en la sociedad. Piden adelantarse a las demandas de la sociedad, acercarse más a la misma y hacerlo no solo en Madrid sino también en otras ciudades. «En definitiva, se trata de abrir las decisiones del Banco de España al escrutinio público, aumentar su autoridad comunicando y no mediante el incremento de su secretismo», recoge el documento, que añade otra recomendación para «evaluar cambiar la periodicidad, el formato y el contenido del informe anual», que es el gran documento de análisis de la institución.

Este documento ya ha salido analizado por el consejo de gobierno del Banco de España, que ha emitido un comunicado con su evaluación. El órgano agradece el trabajo a los expertos y toma nota «de la recomendación de los expertos de otorgar un mayor papel a las Cortes Generales en los procesos de nombramiento de los miembros de sus órganos de gobierno, en línea con la práctica de otras autoridades independientes en España».

Asimismo, el consejo «valora de forma positiva avanzar hacia un modelo de gobernanza más colegiado» y comparte «la necesidad de reflexionar sobre la implementación práctica de la función de asesoramiento al Gobierno recogida en la ley y enfatiza la conveniencia de profundizar en las medidas de transparencia, rendición de cuentas y comunicación».

En este sentido, el consejo inicia ahora «una reflexión con el objeto de identificar ámbitos precisos de actuación y mejora en torno a la independencia, transparencia y rendición de cuentas. Prevé publicar sus conclusiones a lo largo del primer semestre de 2026».