Europa aprueba la ley contra el blanqueo de dinero que pone el foco en clubes y agentes de fútbol

Las nuevas normas, que brindan un carácter más estricto a la ley, brindarán acceso a información sobre beneficiarios reales y otorgarán más poderes a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) para analizar y detectar casos de lavado de dinero y financiación del terrorismo, así como para suspender cualquier operación que consideren sospechosa.

Estas unidades compartirán información entre sí y con las autoridades competentes, y cooperarán con la recientemente creada Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA), que tendrá sede en Frankfurt (Alemania), y que contará con poderes de supervisión directos e indirectos sobre las entidades obligadas de alto riesgo en el sector financiero.

El reglamento amplía también la lista de entidades obligadas a informar de estos movimientos sospechosos a sectores como los clubes y agentes de fútbol, criptoactivos, o artículos de lujo como joyas, relojes, coches, aviones, yates u obras de arte.

Asimismo, establece requisitos de diligencia debida más estrictos, regula la titularidad real y fija un límite de 10.000 euros para los pagos en efectivo, entre otras cosas.

Los colegisladores ya reconocieron en su acuerdo que el sector del fútbol profesional representa un «riesgo elevado» pero, dado que está sujeto a «grandes variaciones», quedará en manos de cada Estado miembro eliminarlos de la lista si se considera que representan un «riesgo bajo».

Este grado de riesgo de blanqueo de capitales se medirá en base a factores como comportamientos pasados, o a características como el tamaño y volumen de negocio de cada club o agente, según explicaron fuentes comunitarias a Europa Press.

Además, las normas para el sector del fútbol profesional se aplicarían tras un periodo de transición más largo, que se iniciará 5 años después de la entrada en vigor de la directiva, es decir, a partir de 2029, frente a los 3 años de las demás entidades obligadas.

Por otro lado, la legislación contiene disposiciones de vigilancia reforzada respecto de las personas ultrarricas, aquellas con un patrimonio total valorado en al menos 50.000.000 euros, excluida su residencia principal.