La estrategia de STC maniata la defensa de Telefónica por parte del Gobierno

Fuentes del Gobierno reconocen que en la situación actual, es decir, con un 4,9% de las acciones de Telefónica en cartera de STC, la normativa española de control sobre inversiones extranjeras no proporciona al Ejecutivo ninguna herramienta que le permita condicionar la operación o requerir nueva información más allá de la ya conocida sobre los objetivos de fondo de la adquisición de títulos de Telefónica por parte de la operadora saudí.

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María Jesús Pérez

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Sobre esta base el minucioso examen al que se refiere el Gobierno solo puede alcanzar a la evaluación de si Telefónica es o no una compañía crítica para la seguridad nacional, algo que el Ejecutivo resolvió en el minuto uno asegurando que en efecto así era, o al análisis profundo del párrafo de la nota emitida por STC en que asegura que «no tenemos intención de adquirir el control o una participación mayoritaria en Telefónica».

El Gobierno no podrá saber más sobre los detalles y los objetivos de la operación, ni evaluar las condiciones a establecer a la misma hasta que STC no dé el paso de incrementar hasta el 5% su participación accionarial en Telefónica.

Según fuentes del Ministerio de Industria, en el momento en que el operador propiedad del estado saudí quiera dar ese paso deberá realizar una comunicación previa a la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y, al tratarse de una compañía crítica para la Seguridad Nacional, también al Ministerio de Defensa antes de formalizar la toma de esa participación.

La legislación exige que la solicitud detalle la identidad del inversor, la sociedad objeto de adquisición, el sector en que se produce y, lo más importante, las características de la operación y las intenciones del comprador respecto a los órganos de gobierno de la compañía. Fuentes del entorno de STC precisan que ese es precisamente el trabajo que los asesores legales del operador de telecomunicaciones saudí, Linklaters y Allen & Overy, están llevando a cabo en este momento antes de presentar la solicitud formal al Estado español.

Desde el Gobierno, no obstante, se ha querido dejar claro de cara a la opinión pública el terreno en el que se va a jugar esta operación y que el presidente del Gobierno definió la semana pasada como que «no trascienda los límites que suponga una influencia indebida sobre empresas estratégicas o comporte el acceso a tecnologías criticas».

El otro elemento clave en la operación es la representación que STC reclame en el consejo de gobierno de Telefónica, uno de los vectores que el Gobierno podría condicionar. Una participación del 9,9% le daría derecho sobre el papel a dos puestos en el Consejo de Administración de Telefónica, pero fuentes especializadas en gobernanza corporativa consultadas por ABC advierten de que esa representación daría a STC un peso muy significativo en la toma de decisiones, que podría inquietar al Gobierno.