El Gobierno insiste en que los altos beneficios de la banca y energéticas justifican los nuevos impuestos

En el viaje de vuelta a España, a Pedro Sánchez le volvieron a sonar los oídos: el BBVA había disparado sus beneficios hasta los 4.842 millones de euros, lo que supone 46% más que en los nueve primeros meses de 2021.

Estos excelentes resultados de las que son algunas de las compañías más importantes de nuestro país han entusiasmado al Gobierno y a sus socios. Pero lejos de presumir de que tenemos empresas y grupos financieros fuertes y con destacada presencia internacional, entienden que les da la razón en su objetivo de crear un nuevo impuesto a la banca y a las energéticas que grave sus beneficios 'extraordinarios'.

El líder de Más País, Íñigo Errejón, defendió estos impuestos incidiendo en que es «evidente que tanto energéticas como bancos tienen margen para contribuir en materia fiscal».

Esta obsesión llega al extremo de que el presidente del grupo parlamentario de En Comú, Jaume Asens, haya calificado como «buena noticia» que Iberdrola haya reducido sus resultados en España. Hay que recordar que aunque la compañía ha ganado un 29% más hasta septiembre gracias a sus negocios internacionales, sobre todo en EE.UU. y en Brasil, su beneficio en España ha caído un 14% por las medidas regulatorias y fiscales y los altos precios del gas y de la electricidad.

El nuevo impuesto a las energéticas gravará el importe neto de su cifra de negocios de 2022 y 2023, lo que equivale a sus ventas de bienes y prestaciones de servicios, al 1,2%. Se aplicará a partir de un umbral de 1.000 millones sobre ese aspecto, tomando como referencia la cifra de cada compañía de 2019.

En el caso de la banca, en principio también para 2022 y 2023, el gravamen recaerá sobre los márgenes de su negocio financiero, es decir, sobre los intereses y las comisiones. El tipo a aplicar sobre ello será del 4,8% y el umbral a partir del que se aplicará será en este supuesto de 800 millones de euros.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, advirtió la semana pasada de que su grupo daría batalla en los tribunales si el Gobierno decide seguir adelante con su impuesto sobre las energéticas y recordó que en los últimos doce meses aportó más de 7.800 millones de euros a las arcas públicas.

Por su parte, el consejero delegado ejecutivo de Repsol, Josu Jon Imaz, se refirió al impuesto que pretende imponer la UE a los denominados beneficios extraordinarios obtenidos por las petroleras y gasistas y dijo que la industria «no es un negocio regulado», por lo que no hay beneficios extraordinarios. E insistió en que las ganancias actuales «no compensan las pérdidas acumuladas» en los ejercicios de 2019 y 2020 de 7.105 millones de euros.

Cabe recordar que mientras el impuesto que está tramitando el Gobierno español gravará a energéticas y banca, el que está diseñando la UE afecta solo a petroleras y gasistas. Por este motivo, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha admitido que el impuesto que prepara el Ejecutivo español tendrá que ajustarse a la 'contribución solidaria' planteada desde Bruselas.