Las empresas suben ya los salarios por encima del 4% pactado con UGT y CC.OO.

En concreto, la información proporcionada por el Impuesto sobre la Renta durante el primer trimestre del año -probablemente la fuente más fiable para medir la evolución de los salarios en la economía- revela que el salario medio pagado por las grandes empresas se incrementó un 5%, mientras que en las pequeñas y medianas empresas esa subida fue aún mayor, del 5,5%.

Noticia Relacionada

La crisis de inflación hace mella en los salarios reales y caen por primera vez en lo que va de siglo

Daniel Caballero

La remuneración bajó en 0,9 puntos porcentuales a nivel global. En los países del G-20 el dato fue de -2,2%

Los datos de la Agencia Tributaria revelan, por una parte, que los sueldos han empezado a ganar poder adquisitivo casi desde principios de año (en marzo el dato interanual del IPC estaba ya en el 3,3%) y, por otra, que las subidas salariales reales que se están produciendo en las empresas están no solo por encima de lo que muestran los datos de negociación de los convenios colectivos, que en 2022 apenas cubrieron a cuatro millones de trabajadores de los cerca de catorce millones de asalariados que hay en España, sino también por encima de la referencia del 4% pactada por las organizaciones empresariales y los sindicatos en el AENC.

Los datos de Hacienda revelan un ritmo real de subida de los salarios un 60% más alto que el registrado por la estadística de convenios colectivos del Ministerio de Trabajo, que sitúa esa subida salarial media en el 3,26% en el acumulado del año hasta mayo y que afecta a un total de ocho millones de trabajadores de nuestro país.

El dato de los convenios firmados este año se aproxima un poco más a la foto proporcionada por Hacienda ya que revela una subida media del 4,28%. Aunque los trabajadores afectados por las subidas en convenio firmadas en 2023 se reduce a 1,5 millones de asalariados.

Estas subidas registradas en 2023 se alinean con la recomendación del 4% para el conjunto del año pactada por patronal y sindicatos, por lo que las subidas por encima de 5% de media que señala la estadística tributaria supone un 30% más que los datos oficiales del Ministerio de Trabajo.

Comparado con el sector público, el acuerdo sustanciado entre el gabinete dirigido por la ministra María Jesús Montero y CC.OO. y UGT allá por octubre del pasado año los algo más de 2 millones de funcionarios de nuestro país experimentarán durante este ejercicio una revalorización del 2,5%. Es decir, el colectivo de empleados dependientes de la Administración experimenta una subida salarial que es la mitad de la anotada por los asalariados del sector privado en el registro de la Agencia Tributaria.

El dinamismo en la subida de los salarios acelera el efecto fiscal que hace que los trabajadores que se benefician de estas subidas acaben teniendo retenciones más altas y en algunos casos pasen incluso a tramos de renta más caros, lo que se denomina progresividad en frío y al que los expertos atribuyen una parte no pequeña del incremento de ingresos por Renta que las arcas públicas han recibido en los últimos dos años.

La Agencia Tributaria admite en su último informe de recaudación que los mayores ingresos procedentes de las retenciones de grandes empresas (un 12% más) viene de la mejora del 5% en los salarios medios, del incremento del empleo, pero también de la subida del tipo medio que pagan los trabajadores a sueldo de ese segmento del tejido empresarial.

El fenómeno ya se produjo el año pasado, especialmente entre los pensionistas y los trabajadores de las grandes empresas que aún sin ganar poder adquisitivo pasaron a tener una retención fiscal mayor por los incrementos nominales experimentados por sus nóminas.

La situación creada por este fenómeno fiscal desencadenó un animado debate político y académico en torno a la deflactación de la tarifa, que no es otra cosa que la adaptación de las grandes cifras del impuesto que determinan las tarifas de retención o los umbrales de renta a partir de los cuales se salta a un tramo mayor de tributación a la inflación, de modo que se impida que haya contribuyentes que soporten una tributación más alta pese a haber perdido poder adquisitivo en términos reales.

El Gobierno rechazó deflactar la tarifa estatal del IRPF , pero un puñado de comunidades autónomas con gobierno del PP y otras socialistas como la Comunidad Valenciana sí decidieron retocar el impuesto para evitar ese fenómeno que genera recaudación extra a costa de erosionar el poder adquisitivo de los contribuyentes.