Los empresarios madrileños tildan de «ilegal» el plan de forzar a las empresas a regresar a Cataluña
La patronal CEIM califica de «autoritaria» e «irresponsable» la subida del 5% del salario mínimo pactada entre el Gobierno y los sindicatos
Hacienda se compromete a retocar el IRPF para no mutilar la subida del SMI cuatro horas después de que lo reclame Feijóo
Empresas y abogados advierten del aumento de la inseguridad jurídica tras la cascada de reformas laborales del Gobierno
G. D. Velarde
Madrid
Crece la preocupación entre los empresarios madrileños a raíz de las concesiones que el Gobierno central está realizando como un goteo incesante a los partidos independentistas para poder mantener en marcha la maquinaria de la legislatura, que tras el traumático episodio vivido en el ... Congreso para la aprobación de los tres primeros decretos económicos -a excepción del que regulaba la reforma del subsidio por desempleo que cayó por el rechazo de la mayoría de la Cámara-. Entre el abanico de entregas, cesiones y concesiones, especialmente lacerante es la posibilidad de que el Gobierno apruebe algún tipo de medida que fuerce a las empresas que abandonaron Cataluña como sede tras el 1-O a regresar a la región.
En este sentido, desde CEIM califican de ilegal la propuesta para modificar la Ley de Sociedades de Capital que pretende sancionar a las empresas que no vuelvan a Cataluña. «Esto no solo merma la estabilidad jurídica, sino que va en contra de la libertad de mercado», señalan desde la organización dirigida por Miguel Garrido. A este respecto, los empresarios madrileños advierten de que estas cesiones «como otras negociaciones que estamos viendo en estos primeros días del año, aumentan la desigualdad entre comunidades autónomas, con comunidades de primera y de segunda, que deterioran la estabilidad institucional y la imagen de España en el exterior, afectando directamente a las inversiones».
Empresarios y autónomos pagarán 1.260 euros más por cada empleado que cobre el salario mínimo
Gonzalo D. VelardeEl coste total para las empresas por el aumento del 5% de la base mínima de cotización rozará los 3.000 millones de euros en 2024
Otro de los aspectos que ha soliviantada a la patronal madrileña, que reaccionó este lunes a las últimas medidas económicas del Gobierno con un duro comunicado, es de la subida bilateral del salario mínimo interprofesional (SMI) pactada entre el Gobierno y sindicatos, y que fue rechazada por la patronal CEOE al negársele la totalidad de las contrapartidas que había puestos sobre la mesa para poder entrar a negociar una revalorización que rebasase sus pretensiones, plasmadas en la oferta inicial de subida de un 3% para este año.
Aquí, los empresarios de la Comunidad de Madrid advierten de los efectos contraproducentes que puede tener esta subida de máximos aplicada finalmente, del 5%. «La subida del SMI aprobada el pasado viernes, es una muestra más del autoritarismo e irresponsabilidad de un Gobierno que, aun presumiendo de dialogante, no escucha a todas las partes implicadas en el diálogo social», señala el comunicado advirtiendo de que los empresarios defienden que una nueva subida del SMI debe ir acompañada de medidas que favorezcan la productividad y la competitividad empresarial.
«Solo así, las empresas podrán seguir generando riqueza y empleo, de lo contrario; el desempleo seguirá enquistado y empeorando. Situación que en un país con la tasa de paro más alta de toda la Unión Europea no nos podemos permitir», apunta CEIM.
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Además, la patronal se alinea con la crítica del Partido Popular (PP) emitida sobre el efecto que puede tener esta revalorización si no se realiza de forma paralela una deflación de los tramos de IRPR para no perjudicar a los beneficiarios, y que al final se ha sustanciado en el anuncio de Hacienda de abordar la medida. «El Gobierno es el principal beneficiado por el incremento del SMI al destinarse, más de la mitad de esa subida, a recaudación a través del IRPF y cotizaciones», advierten señalando que el Gobierno tiene a su alcance incrementar la retribución real del trabajador con la reducción del IRPF y las cotizaciones sin comprometer la productividad de las empresas españolas.
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