Denuncian a la embajada española en El Vaticano tras despedir a un trabajador en tratamiento por cáncer

Tal y como ha podido saber en exclusiva ABC, el sindicato CSIF ha judicializado el caso ante los tribunales del país transalpino a petición del trabajador, que es de origen italiano. El empleado, cuyo nombre no ha sido revelado para mantener su anonimato, es representante de CSIF en el Comité Único PLEX ante el Ministerio de Exteriores y desempeña sus labores como ordenanza, prestando asistencia entre el sector administrativo y la dirección, en la embajada española del Vaticano desde hace 20 años.

Según trasladan fuentes de la defensa del empleado afectado en conversaciones con este medio, el Ministerio de Exteriores no sólo le dejó cerca de tres meses sin abonar su nómina, «sino que despidió a una persona que padeció una grave enfermedad y cuyo salario en la Embajada era el único ingreso en una unidad familiar de cinco personas, una de ellas con un grado de invalidez cognitiva del 75%».

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Habiéndose interpuesto ya una demanda en la Justicia italiana, fuentes jurídicas prefieren mantener una cierta discreción sobre las alegaciones de las partes para justificar el despido por parte de la Administración y las motivos por los cuales la defensa del afectado entiende que el cese incurre en una flagrante improcedencia y arbitrariedad. Pero, en síntesis, el Ministerio de Exteriores se sujeta a la legislación laboral italiana para justificar el cese asegurando que el trabajador ha excedido el tiempo máximo de incapacidad temporal, mientras que la defensa alega que este caso sería inviable en base a la normativa española. «Incluso si llegará al límite de incapacidad temporal, en España se abriría un proceso de reconocimiento de incapacidad total para el trabajo», señalan desde la defensa asegurando que en ningún caso esta circunstancia abriría la puerta a un despido objetivo.

Concretamente, el trabajador habría causado baja laboral en un total de 355 días, de forma no consecutiva, entre los años 2021, 2022, 2023. «Es importante destacar que el trabajador no había superado el período de baja máximo establecido por la legislación italiana para que el despido fuera procedente, hecho que defienden los responsables de la Embajada para justificar su despido», señalan recordando que la legislación española prevé un periodo de enfermedad del trabajador de 365 días, prorrogables por otros 180, pero sin que implique la rescisión de contrato.

Todo comenzó el pasado 4 de agosto, cuando el trabajador despedido finalizó su baja por enfermedad. Ese mismo día notificó a la Embajada y al Ministerio que se reincorporaría a su puesto de trabajo el lunes 7 de agosto, pero ese mismo día la Guardia Civil le prohibió acceder al interior del edificio. CSIF, teniendo conocimiento de este hecho, se puso inmediatamente en contacto con el canciller de la embajada para pedirle explicaciones, y la respuesta recibida fue que se había iniciado un procedimiento de despido a través de un bufete de abogados italiano.

Tras reclamar las aclaraciones oficiales pertinentes, el trabajador despedido fue convocado para 20 días después para informarle de los detalles, pero dicha reunión fue suspendida pocos días antes de producirse al impedirle acudir acompañado de sus asesores legales, tal y como solicitó. Pasó cerca de un mes hasta que, tras una nueva petición de CSIF, la subdirectora adjunta de personal comunicó al sindicato que el canciller estaba esperando por parte del interesado una certificación que acreditara que su enfermedad es de larga duración.

El empleado no recibió la carta de despido hasta el 21 de septiembre. Durante ese tiempo, fue privado de su sueldo los meses de julio, agosto y los días de septiembre hasta su notificación.

En este punto, los abogados del trabajador afectado reclaman en primera instancia que se readmita al empleado, se le abonen las tres mensualidades que ha dejado de cobrar, los atrasos y los intereses generados. Explican fuentes jurídicas que ya se ha notificado la denuncia al Ministerio de Exteriores y que ahora queda esperar a saber si la Administración española se persona en la causa.

Desde la defensa recuerdan en este punto que la Embajada ya intentó sin éxito sancionar al trabajador anteriormente en dos ocasiones. En una de ellas, por una lesión justificada con informe médico que le impedía abrir una puerta muy pesada de la Embajada; en otra ocasión intentaron responsabilizarle por no atender a las llamadas de un teléfono cuyo cable se había roto, y que el propio trabajador había notificado en varias ocasiones para que procedieran a su mantenimiento.

CSIF colabora con el prestigioso despacho italiano de los abogados Romolo Reboa y Roberta Verginelli en la demanda presentada ante el Ministerio de Asuntos Exteriores solicitando la readmisión a su puesto de trabajo y que le abonen las retribuciones de los meses que no recibió su sueldo. «La prohibición a un representante sindical a incorporarse a su puesto de trabajo atenta directamente contra la Ley Orgánica de Libertad Sindical», señalan desde el sindicado asegurando que seguirá defendiendo al delegado y colaborando activamente en la demanda del trabajador. Asimismo, el trabajador ha enviado un escrito a la Cámara de los Diputados en Italia, dirigido a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, denunciando el hecho.