Escrivá carga más costes a las empresas por las bajas laborales y recorta poder a las mutuas

La norma que ha pactado el ministro con Podemos y los sindicatos amplía de 365 días hasta 545 días el pago delegado obligatorio que realizan las empresas, un movimiento que permite que se supriman los equipos de valoración de incapacidades (EVI) y las comisiones de evaluación en los procesos de hasta 545 días. Estas competencias se trasladan a la inspección médica, que deberá emitir el alta o la baja del trabajador. Un movimiento que, sin remedio, alargará todos los procesos de incapacidad. De hecho, la nueva norma apunta a que si el trabajador lleva un año de baja laboral sin una emisión de alta médica supondrá la prórroga automática de la misma. Hasta ahora, agotado el plazo de 365 días de baja, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) prorrogaba la situación de trabajador, iniciaba un expediente de incapacidad permanente o le daba el alta.

El coste de las bajas laborales para la Seguridad Social ha sufrido un salto exponencial desde el estallido de la pandemia, que lejos de moderarse con la vuelta a la normalidad parece haberse consolidado. Para este año el Gobierno calcula que deberá abonar 11.764 millones para cubrir los procesos de incapacidad temporal. Será el cuarto año consecutivo en que el desembolso rebase los 10.000 millones.

Sin embargo, el Ejecutivo sigue rechazando la ayuda de las mutuas para acortar los procesos. Aunque Escrivá insiste en que la organización que dirige Antonio Garamendi se ha puesto de perfil con la reforma de pensiones, una de las propuestas de la patronal para mitigar la subida de las bases máximas fue ahorrar 11.000 millones al sistema si las mutuas pudieran dar altas en patologías traumatológicas. La propuesta cayó en el olvido.

Las mutuas argumentan que son expertas en estas patologías, que son las más largas. Según sus datos, la duración media de los procesos de contingencia profesional diagnosticados como patologías traumatológicas que gestionan ascienden a 39,61 días. Cuando esos mismos procesos son una contingencia común, y son tratados en la sanidad pública, tienen una duración de 67,47 días, es decir, alrededor de un 41% más, según los datos de las mutuas.

Rechaza el Gobierno la ayuda de las mutuas y, además, resta poder a a estas organizaciones colaboradoras de la Seguridad Social. La norma se ha modificado para impedir que puedan pedir al INSS que mantenga su propuesta de alta cuando ésta se haya desestimado por la inspección médica.

A partir de ahora, solo se permitirá a las mutuas que soliciten la emisión de un parte del alta cuando la inspección médica del servicio público de salud no conteste. Es decir, que si la inspección desestima la solicitud de alta hecha por la mutua, esta ya no podrá dirigirse al INSS para pedirla igualmente.