Correos se valió de un contrato irregular para poner en vuelo su avión de transporte de mercancías

El 5 de enero de 2022 Correos anunciaba a través de una nota de prensa el inicio de las operaciones de Correos Cargo, presentado entonces como «el nuevo servicio de transporte aéreo de paquetería y mercancías creado para fortalecer y convertir en un referente el eje logístico Latinoamérica-Europa-Asia, dando respuesta así al incremento de la paquetería experimentado gracias al auge del comercio electrónico», el vivero que Serrano aspiraba a exprimir para impulsar su proyecto de transformar el operador postal público en un gigante logístico.

El comunicado añadía de forma sumaria que el proyecto «se llevará a cabo de la mano de Iberojet, la aerolínea de Ávoris, que destinará aeronaves Airbus A330 para operar la ruta Madrid-Hong Kong-Madrid», sin dar mayor explicación del procedimiento seguido para seleccionar a este socio -al que la Sepi acababa de rescatar unos meses antes con 320 millones de euros- por delante de otros competidores con más experiencia en el traslado aéreo de mercancías.

El asunto del procedimiento de selección no es irrelevante. La Ley de Contratos del Sector Público de 2017, que regula los procedimientos de contratación de las administraciones públicas pero también los de todos los organismos autónomos y las entidades del sector público empresarial, entre las que está Correos, exige que todos los contratos públicos estén abiertos a la libre concurrencia, se publiciten para garantizar la misma y se adjudiquen con transparencia. Nada de esto ocurrió, sin embargo, en el proceso de creación de la 'joint venture' entre Correos y Ávoris.

La documentación sobre el contrato a la que ha tenido acceso ABC revela que la 'joint venture' constituida para poner en vuelo Correos Cargo se formalizó bajo una forma jurídica singular, un acuerdo de desarrollo de una prueba piloto, que la legislación sobre contratación pública reserva en exclusiva a contratos de investigación o innovación y que permite contratar de forma directa y esquivar los principios de libertad de acceso, publicidad y transparencia que presiden cualquier licitación pública.

Fuentes no oficiales de Correos aseguran que el acuerdo piloto fue la salida que encontraron Correos y Ávoris después de que el operador postal constatara la imposibilidad real de absorber la operadora aérea portuguesa Orbest, filial del grupo Ávoris, para poder operar este servicio de transporte de mercancías de forma autónoma. La dirección de Correos optó por mantener la sociedad con Ávoris a través de una 'joint venture' y utilizó para ello esa fórmula contractual excepcional.

Desde Correos justifican el carácter excepcional de esta relación mercantil. «Correos Cargo es un negocio que no está vinculado a los que regula la Ley de Contratos del Sector Público (obras, servicios y suministros) por tratarse de un proyecto de asociación para la generación de un negocio, que se articula a través de un contrato piloto. Estos contratos piloto sirven para testar procesos, socios, negocios y procedimientos».

La documentación sobre el contrato a la que ha tenido acceso ABC cuestiona esa excepcionalidad y ofrece un puñado de indicios que apuntan a que pudo ser utilizada de manera irregular.

El primero de ellos es la falta de relación entre la naturaleza del acuerdo mercantil para poner en marcha Correos Cargo, que básicamente supone el arrendamiento por parte de Correos de las aeronaves y la capacidad operativa necesaria para poner en marcha un servicio de transporte aéreo de mercancías, y la decena de servicios relacionados con la investigación o la innovación que dan derecho a concertar un acuerdo piloto sin necesidad de convocar un procedimiento competitivo y público según la ley de contratos públicos.

ABC ha consultado con expertos en Derecho Público y profesionales del cuerpo de interventores del Estado sobre la posibilidad legal de constituir una 'joint venture' para un servicio de esta naturaleza acogiéndose al trato excepcional que permiten los acuerdos piloto y existe coincidencia en que es difícilmente justificable que el establecimiento de un servicio de transporte aéreo de mercancías pueda ser considerado una innovación, teniendo en cuenta que hay ya aerolíneas y operadores postales que ofrecen este servicio, como Iberia Cargo, DHL, Fedex... Una de las fuentes del ámbito del Derecho Público consultadas, que han accedido a valorar el contrato bajo la condición del anonimato, concluye que se trata de «un contrato de servicios en toda regla» y que como tal debería haber estado sujeto a las condiciones que establece la legislación sobre contratación pública.

Las cláusulas incluidas en el acuerdo entre Correos y Ávoris, a las que ha tenido acceso ABC, alientan las dudas sobre el acuerdo. La Ley de Contratos del Sector Público deja claro que para contratar un servicio a través de un acuerdo piloto no solo tiene que ajustarse a alguno de los servicios de investigación, desarrollo o innovación previstos sino que se deben cumplir otras dos condiciones: que los beneficios repercutan exclusivamente en el poder adjudicador y que el servicio prestado sea remunerado íntegramente por el poder adjudicador.

El acuerdo con Ávoris atribuye, en efecto, todo el riesgo del plan a Correos, que se compromete a pagar a Ávoris todos los gastos operativos asociados al proyecto. Sin embargo, no asigna todos los potenciales beneficios a la empresa pública sino que prevé que de existir se compartan con Ávoris, que tendría derecho a un 20% del beneficio pese a no asumir ningún riesgo, lo que incumple los requisitos establecidos en la ley.

Pese a que el contrato, firmado el 15 de diciembre de 2021 y que previó una duración de un año, comprometía a Ávoris a poner a disposición de Correos «una flota adecuada para el transporte de mercancías» las aeronaves que la aerolínea reservó para este fin eran aviones de pasajeros que hubo que adaptar para el transporte de mercancías, una operación cuya factura se cargó también a Correos.