Consumo investiga si los supermercados han trasladado la reducción del IVA a los consumidores

Así lo ha comunicado el Ministerio de Derechos Sociales esta tarde a través de una nota de prensa en la que establece que ha enviado requerimientos de información a las principales cadenas de supermercados e hipermercados de nuestro país. ¿El objetivo? Comprobar una vez más si la reducción impositiva de determinados alimentos como el aceite de oliva o las frutas y verduras se ha trasladado de forma correcta al precio final de los productos. En este sentido, el ministerio ha recordado que el hecho de dedicar -de forma parcial o total- la rebaja del IVA para aumentar el margen de beneficios empresariales está prohibido.

Esta reducción fue una medida del Gobierno en el marco del escudo social para hacer frente al alza de los precios provocados por la invasión rusa en Ucrania.y ha sido prorrogada hasta junio de 2024. Su finalidad es la de reducir el precio de alimentos adquiridos por consumidores finales.

«El inicio de la investigación tiene origen en la recepción por parte de esta unidad de diversas denuncias de asociaciones de consumidores y usuarios en las que se trasladaba información sobre posibles incrementos en los márgenes dentro de la distribución minorista en el último año. Principalmente en alimentos como las frutas y verduras o el aceite de oliva», detalla el ministerio en el comunicado.

La investigación se encuentra en la primera fase, en la que la Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador ha solicitado información a los distribuidores minoristas sobre los precios a los que han vendido los productos en los últimos meses.

Desde la Dirección General de Consumo recuerdan que estas prácticas, en caso de haberse producido, podrían considerarse incumplimientos de las normas reguladoras de precios y márgenes «constituyendo una infracción del artículo 47.1 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios».

Asimismo, el organismo recuerda que la infracción podría acarrear sanciones de hasta 100.000 euros, o entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido, para los casos más graves.

La organización de consumidores que ha protagonizado las denuncias en esta cuestión, Facua, ha trasladado que «valora positivamente la reacción del ministerio de Pablo Bustinduy a las denuncias que viene trasladándole cada mes por los incrementos sospechosos de precio».

La asociación realiza un análisis mensual sobre la evolución de precios de los alimentos. En el último de ellos revelaba que el 54% de los productos habían aumentado en valor desde la entrada en vigor de la rebaja fiscal.