Una consulta pública al estilo del circo romano

Tras mi shock inicial y tras consultar con altos cargos y ex altos cargos de los reguladores y con expertos en derecho de la Competencia, cada vez tengo más claro la aberración que supone recurrir a este procedimiento para intentar buscar excusas para hacer que descarrile una operación empresarial que ya tiene los vistos buenos de los reguladores.

No se si el BBVA hizo bien o no en lanzar la opa; creo que se equivocó en hacerlo en vísperas de las elecciones catalanas; también creo que Sabadell hace bien en intentar defenderse y en tratar de convencer a los accionistas para que no vendan; pero no vale todo. No vale que el Gobierno ponga en riesgo la credibilidad de las instituciones españolas con un único fin: que no se enfaden sus socios independentistas y que el presidente Illa quede muy bien ante la sociedad catalana, que prefiere mantener el Sabadell como banco independiente, sobre todo ahora que ha vuelto a tener su sede en Cataluña.

Y lo que me sorprende es la poca contestación que la medida ha tenido entre la sociedad civil y entre la mayoría de los medios de comunicación que, en ese intento de mantenerse neutrales en la operación han evitado criticar una medida que, aparte de populista, hace un grave daño a la seguridad jurídica y a la credibilidad de nuestro país.

Y aunque en público son pocos los que se han atrevido a descalificar la medida, les aseguro que en privado no se ahorran calificativos para describirla. «Es un dislate, solo responde al oportunismo político», me decía un ex alto cargo de un organismo regulador. Una vez resueltos los problemas de competencia son los accionistas quien deben decidir, explica. «Nos hemos puesto a nivel del circo romano, si el pueblo así lo quiere, levantamos el pulgar».

«Es una mamarrachada, un movimiento populista en un intento de legitimar una decisión política», me comentaba otro exdirigente de una importante institución de nuestro país. «Es una medida totalmente arbitraria que puede acarrear exigencias de responsabilidad patrimonial al Estado», aseguraba otro. «Me parece una barbaridad someter a consulta pública una operación empresarial», argumentaba un reputado experto en derecho de la Competencia al que consulté. Y aunque sé que estas afirmaciones tendrían mucho más valor si delante llevaran el nombre y apellido de quiénes las dicen, creo que las declaraciones son lo suficientemente significativas para trasladarlas a nuestros lectores y qué sepan a qué nos estamos enfrentando.

Y creo que los empresarios, también los catalanes, y también el Banco Sabadell, deberían pedir al Gobierno que garantice la seguridad jurídica y la independencia de las instituciones, no que impida la operación a cualquier precio. Por supuesto que todos queremos que haya competencia y cajeros en los pueblos pequeños y que se despida al menor número de trabajadores posible... pero el trato no puede ser distinto al que se ha dado en otras fusiones. ¿De verdad esta operación tiene más problemas de competencia, de destrucción de empleo, de cierre de oficinas que la fusión entre Caixabank y Bankia? Sinceramente no lo creo, pero en esta ocasión era una entidad catalana la que absorbía a la madrileña y todo el mundo a callar. Y en todo caso para eso están las condiciones impuestas por Competencia, mucho mayores que en otras operaciones. Llámenme mal pensada, pero creo que detrás de ese supuesto interés general solo hay política.