El Gobierno lanza la consulta sobre la opa de BBVA: pide argumentos y propuestas para proteger el «interés general»

«Esta iniciativa está alineada con la normativa vigente y es respetuosa con el procedimiento, plazos y con las competencias de todas las instituciones involucradas en el proceso. Al igual que en otras consultas públicas en nuestro marco normativo, pueden participar aquellos ciudadanos, organizaciones, asociaciones y agentes económicos que puedan verse afectados por la operación», ha explicado el Ministerio de Economía.

Se trata de un formulario a través de la página web del ministerio, que «ha considerado oportuno realizar la presente consulta pública, cuyo objetivo es recabar, directamente o a través de organizaciones representativas, la opinión de las personas físicas y jurídicas potencialmente afectadas por la operación».

La consulta consta de hasta 10 preguntas sobre la opa de BBVA que quedan bastante abiertas. Pide identificarse con nombre y apellidos o razón social, DNI, indicar la organización a la que se pertenece y un correo electrónico. «¿Considera que existen criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia que pueden verse afectados por la operación BBVA/Banco Sabadell?», es la primera de las preguntas, para responder con un 'sí' o un 'no'.

A partir de ahí se abren más cuestiones, hasta un total de seis cuestiones (10 puntos contando los de identificación) contando entre las que se pide especificar cuáles son «los criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia que pueden verse afectados por la operación». También pide estimar el impacto que se generaría por la misma y qué propuestas serían adecuadas para evitar que se dañe el interés general.

El Ejecutivo, en la consulta, habla en todo momento del daño y protección sobre el interés general, parafraseando lo que justamente le dice que puede hacer la ley de defensa de la competencia. El Gobierno puede mantener, endurecer o suavizar las condiciones que ha pactado la CNMC con el BBVA, pero el margen no es ilimitado.

El Gobierno deberá justificar la decisión que adopte, que apuntaría a endurecer las condiciones de Competencia para torpedear la operación del banco vasco sobre el catalán. La ley establece que puede intervenir en base a «criterios de interés general» distintos de la competencia y cita varios de ellos: defensa y seguridad nacional, protección de la seguridad o salud públicas, libre circulación de bienes y servicios en España, protección del medio ambiente, promoción de la investigación y desarrollo tecnológicos y garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial.

El Ejecutivo pregunta por todos esos criterios que podrían verse dañados por la operación y añade también un capítulo de 'otros' para que el participante en la consulta se explaye con cualquier criterio que considere oportuno. Pero, en teoría, el margen del Gobierno no es tan amplio para que pueda argumentar lo que quiera. La ley de defensa de la competencia establece esos criterios pero todo apunta a que el Ministerio de Economía intentará forzar ese término de «interés general» para intervenir.

Desde Barcelona, donde ha participado en la segunda jornada de la reunión anual del Círculo de Economía, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha adelantado que el inédito procedimiento abierto para la OPA sobre el Sabadell podría reeditarse en futuras operaciones, y que el mismo está «totalmente alineado con la legislación vigente»

Antes de participar en una de las sesiones de la reunión del 'lobby' empresarial, Cuerpo ha vuelto a justificar la consulta que hoy se abre como una forma de dar voz a quienes no pudieron expresarse o trasladar su opinión a la CNMC, y ha anticipado que las opiniones recabadas, de empresas, sindicatos, patronales o particulares -bastará identificarse con nombre, DNI o NIF para poder introducirla- el Ministerio de Economía se reserva el derecho de hacerlas públicas.

Al respecto, Cuerpo ha justificado la consulta, que no es vinculante, de forma que su departamento pueda adoptar una decisión «informada» y con «todas las garantías», con argumentos que vayan más allá de los aspectos relacionados con la competencia, en este caso recogidos por la CNMC. Se trata, ha venido a explicar, de una consulta cualitativa, en ningún caso cuantitativa. «Esto no es un referéndum», ha bromeado el ministro, que ha adelantado, a modo de anécdota, que la página habilitada para recabar las opiniones pueda llegar a soportar a 500.000 usuarios de manera simultánea.