Competencia plantea la retirada de efectivo en comercios para suplir la falta de cajeros en zonas rurales

En este estudio, la CNMC analiza el impacto en la competencia de iniciativas públicas y privadas. El objetivo del estudio es el de erradicar la exclusión financiera que sufren las personas con menores competencias digitales, que a menudo se encuentran en zonas rurales.

La CNMC, a petición del Defensor del Pueblo, solicitó identificar fórmulas para garantizar la competencia de los ciudadanos en entornos en los que la presencia de las entidades bancarias. Desde el 2008, el 30% de los cajeros han desaparecido en España, debido al cierre de oficinas bancarias y la digitalización del sector. De este modo, los ciudadanos más afectados son los de las zonas rurales y las personas mayores, que carecen de competencias digitales para llevar a cabo sus gestiones bancarias en internet.

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Con el fin de atajar estos problemas, se han puesto en marcha acciones privadas como el «Protocolo estratégico para reforzar el compromiso social y sostenible de la banca», firmado por las patronales bancarias, y medidas públicas, a través de expedientes de contratación, de ayudas o de prestaciones ofrecidas por empresas como Correos.

Algunas de las recomendaciones de la CNMC, en cuanto a iniciativas privadas, son desarrollar una regulación específica de los servicios de cashback y cash-in-shop, con el fin de implantarlos como sistemas alternativos a los cajeros. El cashback permite al cliente comprar en una tienda, y al pagar con su tarjeta, solicitar el cobro del producto y de una cantidad adicional. De este modo, recibirá dicha cantidad en efectivo. En cuanto al cash-in-shop, no es necesaria la compra de un producto. El comercio operaría entonces a modo de cajero.

A su vez, la CNMC pretende implementar programas de formación financiera, con el fin de informar a los ciudadanos acerca del uso, funcionalidad, límites y riesgos de los dos servicios explicados anteriormente.

En el caso de las iniciativas públicas, la CNMC exige constatar que existe una necesidad que los operadores presentes en el mercado son incapaces de satisfacer. Por ello, consideran que es necesario calificar jurídicamente ciertos servicios financieros básicos como servicios de interés general. Del mismo modo, instan a las administraciones a valorar soluciones alternativas para los problemas presentes, como la utilización de «ofibuses», es decir, oficinas de banca móvil.

Siguiendo con las recomendaciones que se desprenden del estudio, la CNMC recomienda a los organismos públicos recurrir a la concurrencia competitiva para la contratación siempre que sea necesario. En lo que respecta a Correos, se insiste en el carácter abierto de las prestaciones que pueden ofrecer los bancos, así como pretende potenciar que los colectivos vulnerables conozcan los servicios de Correos para operar en banca.