El cierre de las nucleares costará 22.600 millones de euros a los consumidores

Hay conclusiones claras respecto a opciones políticas para tecnologías especificas: «el cierre nuclear anticipado asumido por el Gobierno es económica y medioambientalmente costoso, además de poner en peligro la seguridad del suministro. Es necesario fomentar la inversión en infraestructuras que aumenten la flexibilidad del sistema eléctrico, particularmente en aquellas soluciones de almacenamiento de larga duración. El mayor desarrollo de las interconexiones, si bien positivas, es, por su menor peso relativo en el sistema eléctrico, menos beneficioso y eficientes que otras opciones», según el estudio '¿Verde, competitiva y segura?' elaborado por el 'think tank' Oikos y la consultora AFRY especializada en el sector energético.

El cierre progresivo de las centrales nucleares en nuestro país previsto entre 2027 y 2035, implicará un aumento de la producción de los ciclos combinados dado que las energías renovables no tendrán capacidad para producir energía en un perfil de carga base y asegurar el suministro eléctrico las 24 horas del día, siete días a la semana. La consecuencia directa será un fuerte aumento de las emisiones,

«En términos de volumen de emisiones de CO2, la cantidad acumulada de CO2 adicional equivale a casi tres años de emisiones medias durante el mismo periodo. En términos de valor de mercado, el coste total de estas emisiones adicionales sería de 3.400 millones de euros teniendo en cuenta los precios previstos del CO2», asegura el documento.

«Las renovables no son capaces de absorber toda la demanda de electricidad que las centrales nucleares cubren actualmente. Esto se debe principalmente a que su capacidad no es flexible, y a que otras posibles tecnologías flexibles (baterías, almacenamiento, interconexión, etc.) no se están desarrollando lo suficientemente rápido como para cubrir el calendario previsto de desmantelamiento de las centrales nucleares».

Asimismo, el análisis realizado muestra cómo el cierre anticipado llevaría a un mayor aumento de los precios mayoristas de electricidad.

Los autores del informe calculan la demanda eléctrica y el precio que tendrá la luz en el mercado mayorista en un escenario de extensión de la vida útil de las centrales y en un escenario de cierre, que sería más caro. Así, deducen que el coste directo adicional proyectado total de no prorrogar las centrales nucleares ascendería a 22.600 millones de euros entre 2027 y 2050, que sería soportado por las empresas y consumidores españoles.

«Pero al margen de consideraciones económicas y de emisiones, la aportación de la generación nuclear a la seguridad de suministro es crucial, ya que la capacidad renovable no puede proporcionar al sistema la disponibilidad y capacidad firme. En ausencia de soluciones de almacenamiento de larga duración con antelación al cierre nuclear, el cierre anticipado reduciría la seguridad de suministro, obligando a seguir recurriendo a la generación de gas, con los efectos descritos». La opinión de AFRY es que, «incluso en ausencia de cambio de dirección política, es improbable que este plan de cierre se cumpla en su totalidad por múltiples razones, incluyendo la seguridad del suministro y la falta de capacidad técnica para efectuar los cierres en las fechas previstas».

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En opinión de AFRY, los cierres de las nucleares serán más lentos que el plan actual del Gobierno, dado su impacto negativo sobre la seguridad del suministro. El escenario central asume como hipótesis el desmantelamiento total para 2038, lo que supone un retraso de tres años respecto al plan del Ejecutivo.

Sobre el hidrógeno y la capacidad de electrólisis, esta consultora indica que, pese al reciente crecimiento de expectativas, existen importantes dudas sobre la viabilidad de las inversiones en producción de hidrógeno de origen renovable. Por ello, AFRY asume que en 2030 se alcanzará el 50% de la capacidad de electrólisis prevista en el Pniec (Plan de Energía y Clima) de 2023 (2 GW en lugar de 4 GW), que en cualquier caso requerirá de importantes incentivos.

Respecto a los precios en el futuro, «se espera que el coste tarifario final español sea el más reducido, incluso por debajo del francés, revertiendo la tendencia histórica creciente». Esta nueva ventaja de España estaría impulsada principalmente por tres factores: el despliegue masivo de renovables que se espera que tenga lugar en España durante los próximos años y décadas reduciendo el precio mayorista, la reducción de la subvención a las renovables a raíz de los recientes picos en los precios, y la notable reducción de la deuda del sistema español hacia el final de esta década.